Hard Rock, el macrocomplejo que sigue en suspenso al incumplir el Govern el plazo fijado

El macrocomplejo de ocio que Hard Rock Entertainment World prevé levantar entre Vila-seca y Salou sigue pendiente de que concluya el proceso administrativo que le dé vía libre, pese a que el Govern se comprometió con el PSC a desencallar esta cuestión antes de que terminara el primer semestre.

Aunque los socialistas han evitado presionar en público al ejecutivo catalán, a la vuelta de las vacaciones se espera un acelerón en los despachos de las distintas consellerías que dé lugar al Plan Director Urbanístico (PDU) que debe regular los terrenos en los que se instale esta iniciativa privada.

Según explicó en sede parlamentaria la consellera de Territorio, Ester Capella, y ratifican a EFE fuentes de este departamento, el PDU sigue pendiente de dos informes que se deben emitir desde Acción Climática y desde Empresa.

Con todo, el proyecto, que ahora responde al nombre de Hard Rock Entertainment World, acumula más de una década de espera y cuenta con el rechazo de asociaciones de vario tipo e, incluso, del conseller de Salud, Manel Balcells, que este mismo agosto ha afirmado estar «absolutamente en contra» del mismo y ha mostrado su «esperanza» de que los promotores se echen atrás.

Del impulso en 2012 al fallo del TSJC en 2020

Era septiembre de 2012 cuando, como alternativa al Eurovegas del magnate Sheldon Adelson (proyecto que optó por Madrid en vez de por Cataluña, sin que finalmente se llevara a cabo), el Govern anunció que impulsaría un macrocomplejo de ocio y turismo con seis casinos y otros tantos hoteles de la mano del grupo inversor Veremonte, de Enrique Bañuelos.

En 2014, tras un acuerdo entre el presidente Artur Mas y el entonces líder del PSC Pere Navarro, el Parlament redujo la carga fiscal a los casinos al 10 %. La fecha de apertura prevista del proyecto, bautizado BCN World, era 2016.

Tras constituirse el Consorci Intermunicipal de Vila-seca i de Salou (CRT), las dos localidades en las que debe situarse este macrocomplejo, la iniciativa sufrió un importante contratiempo cuando Veremonte se desentendió del mismo.

No fue hasta 2016 que se aprobó un PDU que rebajaba en un 25 % los terrenos urbanizables y reducía hasta siete veces el espacio destinado a casinos; y era 2018 cuando la Generalitat otorgó al grupo Hard Rock la autorización para la instalación y explotación del macrocomplejo, ya descafeinado con relación al inicial BCN World.

Finalmente, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que declaró parcialmente nulo el PDU porque una parte de los espacios libres y de equipamientos se situaban en zona de riesgo químico, dejó el proyecto en suspenso.

El PDU, en su recta final

El Govern ultima ahora la reformulación de ese PDU declarado parcialmente nulo, pendiente aún de los dos citados informes: si las dos consellerías implicadas -Acción Climática y Empresa- dan finalmente su visto bueno, el consorcio CRT será el primero que deberá validar el PDU, que luego pasará a manos de la Comisión de Territorio de Cataluña.

Acto seguido, y en el plazo máximo de dos meses, deberá firmarse el contrato de compraventa por 120 millones de los terrenos en los que se debe ubicar Hard Rock Entertainment World: el comprador sería la sociedad BCN IR 3, con representante legal James F. Allen, empresario que aparece en los «papeles del paraíso» o «paradise papers», una investigación periodística que hizo pública una red de evasión fiscal.

Los terrenos son propiedad de Mediterranea Beach & Golf Community, una filial de CriteriaCaixa, brazo inversor de La Caixa, pero formalmente se adquirirían a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que compraría y vendería los terrenos en un mismo acto, en una enrevesada operación financiera.

Rechazo de entidades sociales y apoyo del mundo económico

Según los últimos planes comunicados, este complejo de ocio de Hard Rock prevé hoteles, un casino, espacios para entretenimiento y espectáculos, así como una avenida comercial con tiendas, todo ello tras una inversión inicial de unos 700 millones que podría alcanzar los 2.000 millones.

En marzo, varias organizaciones sociales reunieron en Barcelona a unas 1.800 personas, según la Guardia Urbana, en rechazo a esta iniciativa en una marcha apoyada por En Comú Podem y la CUP, mientras que en junio se llevó a cabo otra movilización similar en la ciudad de Tarragona.

En diciembre, por contra, la Cámara de Comercio de Tarragona promovió un manifiesto, al que se sumaron otras cámaras de comercio de la provincia, así como 13 ayuntamientos, que urgía a acelerar los trámites para hacer que este macrocomplejo de ocio sea una realidad.