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Justícia expedienta a Rosa Peral por conceder entrevistas por teléfono desde la prisión del Catllar

La exguardia urbana condenada por asesinato se ha dejado grabar por teléfono para Netflix y Catalunya Ràdio

La acusada por el crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral, durante una sesión del juicio.

Trasladan a Rosa Peral, la condenada por el crimen de la Guardia Urbana, a Mas d'EnricACN

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El Departament de Justícia ha abierto un expediente disciplinario a Rosa Peral, condenada a 25 años por el asesinato de su expareja en el llamado «crimen de la Guardia Urbana», por las entrevistas telefónicas que ha concedido a medios de comunicación y también para un documental emitido por Netflix. El Departament de Justícia estudia si sanciona la presa, interna en la prisión de Mas d'Enric (el Catllar), por un mal uso del régimen interno de comunicaciones que supone una falta grave, según ha adelantado El País y han confirmado a ACN fuentes penitenciarias. La sanción afectará en breve a la vida diaria de Peral en prisión y el régimen de visitas y comunicaciones.

Los presos tienen autorizadas las comunicaciones con familia o amigos, una serie de números de teléfono determinados y limitados. Cuando quieren conceder entrevistas a medios, el interno lo tiene que comunicar a la dirección de la prisión, que es quien valora antes de tomar una decisión. Lo hacen de manera conjunta con asuntos penitenciarios, la junta de tratamiento y comunicación. Para decidir si se otorgan entrevistas, se tienen en cuenta varios elementos, como que no altere la rutina del centro, cuestiones de seguridad, el impacto que puede tener en el proceso de inserción del interno o la protección de las víctimas, entre otros. En caso de autorizarse, se llevan a cabo con papel y lápiz, a través de los locutorios de comunicación. Para medios audiovisuales, no se autorizan.

Saltarse este tipo de requisitos es una falta grave, indican desde el Departament de Justícia, que insiste en que el modelo de ejecución penal catalán es garantista y se preserva la intimidad en las comunicaciones de los internos con la familia y amigos. Eso supone que no se fiscalizan este tipo de encuentros o llamadas.

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