Los impulsores acotarán las funciones del área metropolitana de Tarragona antes de crear un nuevo organismo

El nacimiento del área metropolitana estará dirigido por el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), pero conducido por la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó (ERC). El primero, también vicepresidente del ente supramunicipal, dirigirá la oficina técnica que decidirá a qué se dedicará, mientras que la segunda será la responsable de gestionar la evolución política y de explicar los avances.

El uno controlará el qué y el porqué. La otra el cuándo y el cómo. Una bicefalia que es el acuerdo político surgido del autollamado Grupo Impulsor del Área Metropolitana. Son los alcaldes de Reus, Cambrils, Vila-seca, Salou, La Canonja, Constantí, Tarragona y también Valls. La capital del Alt Camp ha hecho valer su peso económico histórico y su peso político actual para estar dentro de un club al que no pertenece por criterios técnicos, según consta en los estudios con los que trabajan los impulsores del área metropolitana. Pero esta será un «organismo vivo», que tendrá que ser capaz de ir cambiando a medida que evolucionen las relaciones de movilidad, de densidad de población o de actividad económica, según apuntó la presidenta provincial, Noemí Llauradó.

De hecho, uno de los criterios técnicos que se tendrán más en cuenta para decidir qué municipios quedan finalmente dentro y cuáles no es el de la movilidad laboral. «Hay áreas urbanas funcionales donde al menos el 15% de la población ocupada se mueve hacia Reus o Tarragona», apuntó la reusense. El área urbana de Reus está formada por Almoster, Castellvell, Riudoms, Les Borges del Camp y Montbrió del Camp, y se podría añadir Vinyols i els Arcs para dotarla de continuidad territorial. En el otro lado, el área urbana de Tarragona está formada por La Pobla de Mafumet, El Morell, La Secuita, El Catllar, Perafort, Altafulla, y se podría añadir Torredembarra también por continuidad territorial con Altafulla.

Un área metropolitana que de momento nace íntegramente sufragada por la Diputación y que prestará a sus técnicos para desgranar cuatro grandes ámbitos: 1) Territorio: de planeamiento urbanístico hasta la creación de una agenda urbana territorial, 2) Desarrollo económico y social: atracción de nuevas inversiones, desigualdades sociales o todo aquello relacionado con los polígonos industriales, 3) Movilidad: el tema de mayor consenso, buscando la eficiencia de los servicios y 4) Sostenibilidad: gestión del agua -más allá del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT)- de los residuos urbanos o de la energía.

Serán cuatro comisiones técnicas, cada una tutelada por un alcalde pero de carácter eminentemente técnico. Y una asamblea de alcaldes validará las propuestas que surjan o, en caso de desacuerdo, instará a que se reformulen. Este será el proceso del que saldrán las «competencias» del área metropolitana.

«No nos ponemos plazos», apunta Llauradó, que también opta de momento por la prudencia en aquellas cuestiones que pueden distorsionar el consenso actual. «A largo plazo tendremos que abordar la gobernanza», señaló la presidenta provincial. Y también la financiación del nuevo ente. Pero este será un estadio superior en la evolución del área metropolitana. Para avanzar con solidez existe el consenso general que más que el continente, lo que hace falta es un gran acuerdo por el contenido.

«Somos conscientes de que ha habido otros intentos y por eso hemos intentado aprender de los errores del pasado». Con esta frase arrancó ayer su intervención Rubén Viñuales, que también quiso subrayar que el equipo técnico que dirigirá colgará orgánicamente del área Proyectos Europeos y Región del Conocimiento, iniciada durante el mandato del anterior presidente, Josep Poblet. Queda claro que de una manera o de otra, los intentos pretéritos de articular una acción política conjunta en el Camp de Tarragona quizás no fructificaron, pero generaron suficiente activo político como para que los impulsores actuales no sólo no renieguen sino que los tomen como referencia obligada.