Territorio impide la construcción de 43.600 viviendas nuevas en 30 municipios de costa entre Malgrat de Mar y Alcanar

El Departamento de Territorio prohibirá la construcción de 43.600 nuevas viviendas en 30 municipios en el tramo de costa entre Malgrat de Mar y Alcanar, donde no entra el área metropolitana de Barcelona. Así lo detalla el plan director urbanístico (PDU) de revisión de suelos no disponibles aprobado definitivamente el miércoles por la consejería con restricciones para combatir la «urbanización excesiva».

Las 43.600 viviendas representan el 41% de los que todavía se podían edificar. Se trata de la continuación del programa de protección de la Costa Brava, esta vez en el tramo sur del litoral. Sumando el plan con los ya aprobados para el litoral gerundense y el Alt Pirineu, el Gobierno habrá impedido la construcción de 67.000 nuevas viviendas en lugares sensibles o con riesgos

El PDU analiza el planeamiento de los 41 municipios situados en este tramo de costa —menos el área metropolitana de Barcelona que tiene competencias urbanísticas propias—, identifica aquellos ámbitos donde todavía se podría construir. En este plan hay que sumar otro similar aprobado en el año 2021 para el litoral gerundense, que impidió cerca de 15.000. Además, en el 2020 se aprobó otro específico para el Alt Pirineu, que impidió la construcción de 8.500 nuevas viviendas.

El objetivo es favorecer una ordenación con menos consumo de suelo, pueblos y ciudades más compactas y con variedad de usos, favoreciendo la conectividad y reduciendo las emisiones de CO2. «Evitamos las urbanizaciones dispersas, que significan consumo de suelo, de agua, congestión de tráfico y desarraigo», ha explicado la consejera de Territorio, Ester Capella.

En concreto el plan revista el planeamiento de 41 municipios del Maresme, el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Ebre y el Montsià. Entre las localidades incluidas en el PDU hay ciudades como Mataró, Sitges, Calafell, Tarragona, Salou, Cambrils, l'Ametlla de Mar o Amposta.

Entre las modificaciones que se proponen se destaca la implantación de un mínimo de techo de actividad económica y/o alojamiento dotacional en un mismo ámbito territorial para conseguir el equilibrio entre población ocupada residente y puestos de trabajo localizados.

Según la ley de urbanismo, los ayuntamientos tienen que revisar y rehacer sus planes de ordenación urbanística municipal, adaptándolos a las nuevas directrices, un proceso a menudo largo y dificultoso para los municipios. Por ejemplo, de los 41 municipios que abarca este PDU, hay 30 que no están adaptados al planeamiento territorial moderno, de los cuales 19 tampoco se han adaptado a la Ley de urbanismo del 2002.