«No será una réplica de Barcelona»

Los impulsores del área metropolitana se debaten entre el consenso generalizado para crear una red de transporte público eficiente y el rechazo frontal que despertaría la creación de un nuevo organismo político clásico. Entre la necesaria gobernanza y liderazgo que implica un proyecto disruptivo como este y el pánico a que la ciudadanía lo perciba como una nueva ‘repartidora’, utilizando una expresión clásica de la vieja política.

Los principales alcaldes impulsores no quieren ni oír a hablar de crear ningún organismo político sin que la ciudadanía observe claramente que ya está recibiendo servicios. Lisa y llanamente: ya sea una empresa pública, un consorcio, una agencia o una fundación, la estructura inicial del área metropolitana del Camp de Tarragona se parecerá mucho más a una fusión de las empresas municipales de transporte de Tarragona y de Reus que a un consejo comarcal.

Más allá, en una fase posterior, todos los escenarios están abiertos. Nadie descarta que incluso se haga necesaria una ley en el Parlament para que dé cobertura jurídica a algún ente que dirija políticamente y con visión estratégica global el conjunto de los servicios metropolitanos. Una ley como la de 2010, que dio el pistoletazo de salida en la actual Área Metropolitana de Barcelona (AMB), una fusión de tres organismos diferentes -Mancomunidad de Municipios, Entidad del Medio Ambiente y Entidad Metropolitana del Transporte- que recibe directamente impuestos de los 36 municipios que lo forman -a través del Impuesto de Bienes Inmuebles- y que presta infinidad de servicios globales, como la gestión de las playas o de la red de parques y jardines, por ejemplo.

«No hemos copiado nada, porque todavía no hemos determinado qué forma adoptaremos», señala la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó (ERC), que plantea abiertamente la opción de constituir de inicio algún ente técnico con competencias concretas. Y todas las miradas apuntan hacia la gestión de la movilidad, porque está en marcha la construcción del tranvía del Camp de Tarragona, el llamado Tramcamp, al mismo tiempo que se agota la concesión de autobús actual, que finaliza el año 2028. De hecho, aquello que se llama ‘gobernanza’ forma parte del meollo de los trabajos técnicos en marcha, que tanto tienen que servir para acotar las acciones prioritarias como la manera como se decide, se financia y se lidera políticamente todo.

«La modalidad a fin de que eso tenga personalidad jurídica no necesariamente significa crear un nuevo ente entendido como un nuevo ente local, pero sí que es cierto que tendrá que tener personalidad jurídica para tener unas competencias, tener unos recursos y que poder ejecutarlo», señala la presidenta provincial, y añade que la cuestión de un organismo de nueva creación «se ha puesto sobre la mesa, pero no se ve que sea una cuestión inmediata sino que será consecuencia de estos trabajos previos que harán las comisiones. Es decir, la forma que finalmente acabe adoptando nuestra área metropolitana del Camp de Tarragona será la consecuencia última». Primero el qué, después del cómo.

Ahora bien, hay otras derivadas de todo. Nueve años después de la creación del AMB, el Consejo Comarcal del Barcelonès se disolvió. El nuevo ente metropolitano, que integraba la totalidad de los municipios del Barcelonès, lo hacía absolutamente prescindible. Y así fue: sus competencias fueron a parar mayoritariamente al AMB ahora hace 5 años. En el Camp de Tarragona la situación no llegará a ser tan evidente: buena parte de los municipios tanto del Tarragonès como del Baix Camp no forman parte de la realidad metropolitana.