El embrión
Pros y contras de un ente de gobierno que será el último elemento del proceso metropolitano
La promoción económica y el transporte urbano serían los primeros ámbitos en los que cristalizaría la política mancomunada
Fotografía de familia del Grupo Impulsor del Área Metropolitana de Tarragona, que se creó y presentó en diciembre del año pasado.
«Alejémonos tanto como se pueda del ‘chiringuito’ administrativo». Con esta u otras frases similares diferentes fuentes políticas de relevancia en el Camp de Tarragona manifiestan su temor respecto a que un nuevo ente de gobierno no sea bien recibido por la ciudadanía.
En una línea parecida, la consigna dentro del autollamado Grupo Impulsor del Área Metropolitana del Camp de Tarragona creado el diciembre pasado es cerrar con cerradura y cerrojo el hipotético ente -ya sea en singular o plural- que tiene que asumir las riendas de gobierno mancomunado. Y así hasta que la ciudadanía no perciba que se le está prestando un servicio que con las instituciones actuales no recibe.
El área metropolitana tarraconense será antes de hecho que de derecho y, según apuntan fuentes próximas al Grupo Impulsor, los ámbitos de la promoción económica y el transporte urbano serían los primeros en los que se plasmaría esta política territorial mancomunada. Técnicos de los ayuntamientos de Tarragona, Reus, Valls, Cambrils, Salou, Vila-seca, La Canonja y Constantí trabajan para terminar antes del verano un documento clave, lo que tiene que dotar de contenido al Área Metropolitana.
Es decir, el ‘qué’. El ‘cómo’, sin embargo, no tiene calendario definido porque, en realidad, nadie tiene claro del todo en qué se plasmará. Una copia a escala del Área Metropolitana de Barcelona, que recauda una parte del IBI de los 36 ayuntamientos que la forman y tiene una estructura que multiplica la de la mayoría de consistorios que son miembros no es la opción preferida. La apuesta es más bien quirúrgica.
La IA ve más eficiencia pero también conflictos
Un ejemplo: hoy ya existe la Autoridad Territorial de la Movilidad (ATM) de Tarragona, pero los alcaldes creen que no tiene las atribuciones para gestionar la revolución del transporte público que plantean hasta que acabe la concesión de autobuses interurbanos, en el año 2028. Las opciones posibles son la reforma -con nuevos estatutos- de la ATM o bien suprimirla y crear un organismo nuevo para gestionar exclusivamente la movilidad.
Si finalmente la magnitud del ‘qué’ requiere de un paraguas administrativo más grande, las puertas del Parlamento parecen abiertas. El candidato socialista, Salvador Illa, ya se ha mostrado favorable a una ley que facilite la creación de un ente metropolitano que, por otra parte, estaría amparado por el Estatuto reformado de 2006. Este será el mandato municipal del trabajo.
En el próximo podría llegar la ley, si fuera necesaria, señalan fuentes que subrayan la necesidad de una tarea de divulgación entre los sectores políticos y económicos. Todo, mientras se mantiene un consenso político que empieza a mostrar grietas de un grueso considerable. Los detalles del Tramcamp, el proyecto con más capacidad transformadora en el territorio, dividen al Grupo Impulsor.
La dificultad de la gobernanza, la cuestión territorial y la resistencia al cambio, las debilidades.
Los equilibrios territoriales y la pugna por el liderazgo político, los principales riesgos
PSC, ERC y Junts comparten hoy por hoy el camino para constituir un futuro ente de gobierno, pero nada garantiza la continuidad de este entendimiento una vez acabada la actual fase de trabajo técnico. Los límites territoriales metropolitanos no están todavía resueltos -aunque el Plan Director Urbanístico (PDU) obviará Valls y se centrará exclusivamente en Tarragona, Reus, Cambrils. Salou, Vila-seca, La Canonja y Constantí- y ya hay consistorios que han mostrado su rechazo a quedar excluidos.
También hay opiniones tanto técnicas como políticas que creen adecuado ampliar el actual mapa por levante con Torredembarra y Altafulla y por el interior con municipios que prácticamente funcionan como barrios de Tarragona y Reus. La resistencia al cambio, las reticencias a cambiar los hábitos a cinco décadas de ayuntamientos democráticos, que han ido sumando competencias, es otra de las principales debilidades.
El encaje con administraciones ya existentes, la incertidumbre del contexto político y los posibles conflictos competenciales, las amenazas.
La incógnita del choque entre administraciones y los conflictos competenciales
De hecho, los impulsores del Área Metropolitana estudian políticas conjuntas en materia de residuos o de promoción económica, por ejemplo, unas atribuciones que ya llevan a cabo consejos comarcales y la Diputación. Además, la clase política está convencida de que la ciudadanía percibiría la creación de un nuevo ente de gobierno -con estructura política y técnica y presupuesto propio- de forma negativa, y de aquí su extrema prudencia a la hora de valorarlo, a pesar de reconocer su necesidad.
Aparte, un elemento imponderable que puede afectar al proyecto en cualquier momento es la volatilidad política general, especialmente el contexto catalán, donde la dinámica parlamentaria puede hacer desestabilizar cualquier proyecto por muy bien trabado que parezca ‘a priori’. El Hard Rock, sin ir más lejos.
El consenso político, la visión estratégica compartida y las experiencias anteriores, las fortalezas.
Los partidos hegemónicos en el territorio comparten la misma visión estratégica
La otra cara de la moneda es precisamente que el consenso político gana músculo porque Valls es, junto con Vila-seca, el único municipio del Grupo Impulsor que no tiene un gobierno liderado por el PSC. Pero en la ecuación se tiene que añadir ERC, que participa como miembro desde la presidencia de la Diputación y también desde el gobierno catalán.
Los partidos hegemónicos, desde las instituciones, ya han llegado a consensos territoriales en el pasado más inmediato y también en las últimas tres décadas, y mantienen una visión estratégica compartida: desde la movilidad en la vivienda, pasando por la gestión del agua o ‘hacer de lobby’ ante otras administraciones son ámbitos que pueden se abordados de manera mancomunada.
Mejora de servicios públicos comunes, acceso a más vías de financiación y la atracción de inversiones, las oportunidades.
Un ente metropolitano tendría mayor capacidad para atraer inversiones
Más allá de planificar la movilidad -los ayuntamientos de Reus y Tarragona ya hablan abiertamente de fusionar sus empresas de autobuses-, un ente metropolitano sería capaz de acceder a fondos europeos y subvenciones para políticas públicas que hoy son puertas cerradas de par en par para los ayuntamientos de forma individual. Europa premia a los territorios con gestión compartida. Parece razonable deducir que un organismo metropolitano conseguiría que inversiones de la magnitud del Tramcamp (por encima de los 700 millones) estuvieran más al alcance que a día de hoy.
Son múltiples las fuentes que señalan que la promoción económica empezaría a jugar «en otra liga» si, por ejemplo, algún ente mancomunado llevara a las ferias especializadas los diferentes polígonos industriales de un Camp de Tarragona que actualmente, y sin políticas territoriales que lo promuevan, ya está generando más puestos de trabajo en el sector tecnológico al año que ingenieros en la URV.