Les denuncias por vulneraciones de derechos lingüísticos suponen un 42% en el Camp de Tarragona

Les denuncias por vulneraciones de derechos lingüísticos en el marco de una compra o una contratación suponen un 42,5% de todas las que recibió la Agència Catalana del Consum (ACC) en el Camp de Tarragona durante el 2023.

En concreto se abrieron 57 expedientes sancionadores, de los cuales dieciocho acabaron con alguna multa, según ha concretado este jueves al director de la ACC, Albert Melià. Estas infracciones se consideran de carácter leve y el importe de las sanciones puede llegar a los 10.000 euros, en función de las dimensiones y tipo de establecimiento.

En términos generales, las denuncias recibidas por la agencia en el Camp de Tarragona se incrementaron un 88%, hasta las 378, mientras que las reclamaciones se subieron hasta las 2.173.

De estas más de 2.000 reclamaciones, 1.299 se han resuelto por acuerdo de mediación (67%) y 152 por la vía del laudo arbitral. Los sectores en los que se resuelven más reclamaciones son los servicios de telefonía e internet y los servicios de electricidad, gas y agua. De hecho, el sector de los suministros del hogar concentra el 23% de las reclamaciones recibidas, mayoritariamente por la electricidad. También destacan las incidencias relacionadas con la compra de vehículos, productos textiles, mobiliario o material informático (17%) y otros servicios generales de consumo (15%) como cierre de centros de estética, telefonía e internet o servicios financieros.

Las empresas con más reclamaciones son Endesa (149), Orange (91), Naturgy (80), Vueling (58), Energía XXI (56), Vodafone (56), Edistribución (45), Telefónica (43), Endesa X Servicios (38) e Iberdrola (38).

En relación a las consultas, la ACC ha atendido 4.993, mayoritariamente relacionadas con los servicios de electricidad y gas (25%), la compra de productos (20%), servicios médicos de carácter privado (16%), telefonía e internet (12%) o servicios bancarios (12%).

Finalmente, en cuanto a las inspecciones, la agencia ha efectuado 777 durante el 2023, que representan el 10% de las efectuadas en Cataluña. El 67% se efectuaron de oficio. Las actuaciones de control han derivado en 57 expedientes sancionadores, por un importe global de 446.327 euros. Las infracciones sancionadas están relacionadas principalmente con carencias en cuanto a la documentación que se facilita a los consumidores o en las condiciones de venta o prestación de los bienes y servicios; la inclusión de cláusulas abusivas y la vulneración de los derechos lingüísticos.

En relación a los derechos lingüísticos, Melià ha detallado qué mecanismo pueden utilizar los ciudadanos en caso de que se encuentren en una situación irregular para poner una denuncia. «Pueden venir a las oficinas de la agencia, a través de la web o con la hoja de reclamaciones del establecimiento. Cuando la recibimos, se pasa a inspección de consumo, que hace las comprobaciones pertinentes y en caso de que se constate la infracción, se abre el proceso sancionador pertinente», ha especificado.

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