Ramon Torra: «Para hacer vivienda pública hace falta un instrumento con solvencia ante los bancos»

Ustedes son 36 municipios haciendo políticas activas de vivienda. Es decir, construir y comercializar. ¿Cómo gestionan los equilibrios internos?

«La AMB Es una institución de grandes consensos. Consensos políticos: en el gobierno metropolitano hay 4 partidos. Por eso pudimos aprobar la ley en 2010, con un consenso amplio. Con discrepancias de algunos grupos, eso sí. Recuerdo reuniones en el Parlament en las que el grupo de CiU no asistía, porque estaba en contra, pero sí que asistía Xavier Trias. Y también consensos territoriales: tenemos dos municipios, y no menores, con alcaldías del PP. No están en el gobierno pero también tienen una participación.»

¿Y a la hora de repartir recursos?

«El grueso lo hacemos para población, y el resto, con un fijo de los municipios más pequeños para que no se queden con miserias...y el otro por indicadores socioeconómicos. Por lo tanto, en inversiones, reciben un poco más los que son más pobres que los que son más ricos. Todo el mundo sabe cuáles son las reglas de juegos y sabe lo que le toca, y se pacta lo qué le toca a cada uno. Y después hay otra cosa: mientras los servicios que ofrece la AMB sean de calidad, nadie se quejará».

¿Y funciona?

«Se han ido estableciendo mecanismos correctores que intentamos mantener porque si falta uno se te descompone todo. Con el tratamiento de residuos, por ejemplo, quien tiene la instalación recibe un dinero a cambio. Puede haber aquel que ve algún agravio, pero se invierte por igual. Siempre se dice que en el Llobregat se invierte más que en el Barcelonès Nord, pero lo que pasa es que ha habido más estabilidad política en el Llobregat. La inestabilidad te lleva a que las políticas no sean tan constantes. Siempre hay alguna reticencia, pero aquí todo el mundo sabe lo que recibe el de al lado. Y si vamos a la cuestión de la vivienda, aplicamos aquello de “si me das suelo, te lo hago”.»

¿Qué pasa si no les ceden este suelo?

«Para hacer vivienda pública, o tienes suelo o no puedes hacer. La discusión con muchos ayuntamientos es que dicen que pierden patrimonio. Pero el suelo no se puede mover de dónde está: lo tendrás en su sitio hagas lo que hagas y la cesión puede estar condicionada a que el destino sea este. A un ayuntamiento lo que le interesa es prestar el servicio de vivienda asequible a sus ciudadanos.»

¿Qué hace el IMPSOL que no pueda hacer un ayuntamiento por su cuenta?

«No hay ningún ayuntamiento en el área metropolitana -Barcelona aparte- que pueda tener una producción en 4 años de 1.500 viviendas. Eso quiere decir un equipo pequeño, pero especializado...entre 30 y 40 personas. Desde técnicos a una pequeña área financiera, un área jurídica, y también los servicios de post-venta, de relación con el usuario. Para tener eso, un ayuntamiento lo tiene muy difícil. Ahora, por ejemplo, en alquiler, estamos aproximándonos a las 1.000 viviendas. Gestionar el alquiler de 1.000 viviendas quiere decir unas dinámicas que un ayuntamiento....quizás no se lo puede permitir. Y un añadido: el hecho de contar con un pequeño departamento financiero, que es capaz de tener un crédito con el Banco Europeo de Inversiones de 150 millones de euros. Un ayuntamiento, por su tamaño, lo tiene mucho más complicado. O cuando hablamos con el Instituto de Crédito Oficial, no hablamos de una sola promoción sino de un conjunto...»

Aquello que se llama economía de escala, pues...

«Exacto. Y la tranquilidad para el ayuntamiento. El riesgo financiero en la cuestión de la vivienda es grande. Un ayuntamiento puede engancharse los dedos, y tener mucho dinero enganchado a muy largo plazo. Eso sí, nos tienen que ceder el suelo. Tenemos que tenerlo en propiedad para poder ir al banco. Y al final el suelo sigue siendo público. Y hacemos convenios para que los vecinos del propio municipio tengan prioridad para ocupar aquellas viviendas. Si los de aquel municipio no lo piden, entonces ya buscaríamos otros inquilinos sin embargo, primero, los de aquel municipio.»

Y eso no impide que cada ayuntamiento pueda tener su empresa propia, si quiere.

Podrían tenerla, claro. Pero a ver qué condiciones de eficiencia y de resultados tendrían. El IMPSOL tiene una estructura pequeña, especializada, tenemos los concursos de arquitectura, la tramitación... y tenemos toda la experiencia. Como tratar con las empresas, por ejemplo. O cuando una empresa falla, somos capaces de responder con agilidad. O el conocimiento técnico. Para hacer vivienda tienes que ser promotor, y tienes que saber. Y hay la post-venta: tienes que saber como gestionar la explotación.»

¿Cuándo empieza la AMB a hacer vivienda?

«Fue poco antes del 92, con un plan que venía del gobierno central, en Cerdanyola del Vallès.»

En periodo de crecimiento económico, pues.

«Sí. Se plantea a partir de suelos que tenía la corporación metropolitana en Cerdanyola y que quedaron libres cuando Pujol la disolvió a finales de los ochenta. Todo un sector en el límite de Collserola: se bajan densidades y se desarrolla todo este sector, en el que hay una parte importantísima de vivienda protegida.»

El IMPSÒL ya existía

«Y primero tuvo usos vinculados a la gestión de la costa pero entonces se especializa en cuestiones de gestión urbanística, desarrollo urbanístico y construcción de vivienda protegida. Pero no teníamos recursos públicos y lo que hacemos son políticas de vivienda operando en el mercado. Es decir, comprando y vendiendo. Y con este sistema el IMPSOL llegó a hacer más de 6.000 viviendas. Sin coste para el presupuesto. Con eso se fueron generando márgenes de beneficio, patrimonializar suelo etcètera....y entonces es cuando llegamos a hace unos 10 años atrás, cuando se plantea la cuestión de hacer políticas activas de vivienda.»

¿Con la perspectiva del tiempo, qué cree más relevante a la hora de poder ejecutar proyectos?

«La clave es tener el instrumento, o instrumentos, para poder hacerlo. ¿Qué tienen que hacer los ayuntamientos? Facilitar el suelo.»

Eso es totalmente exportable.

«Y tanto. Tienes que generar una institución, una administración o una figura, que sea capaz de sacar eso adelante. Tiene que tener un mínimo de solvencia para tener garantía ante entidades financieras. Al final, es eso, puedes tener una institución que se dedique al sector de la vivienda, que tenga un instrumento propio, pero que también puede generar colaboración público-privada a través de una empresa mixta.»

Eso sin presupuesto específico para vivienda. ¿Y si hubiera?

«No hay porque el Área Metropolitana tiene un problema de financiación de libre disposición. El gran tema de cómo constituyes un área metropolitana es la financiación. Aquí pudimos constituirnos porque ya se habían generado unos instrumentos de tributación, que iban vinculados a los residuos, al transporte y los recursos que venían del estado. Con el cambio de modelo de financiación lo que hicimos fue un gran pacto con los ayuntamientos para aportar un 9%, por regla general, de lo que reciben del estado a la AMB. Estos son el dinero que tenemos de libre disposición, y en realidad no lo son tanto porque acaban siempre en un plan de inversiones. Y después está el tributo metropolitano, desde 2005 y pensado para financiar el transporte, y otros cánones...pero todos son finalistas.»

¿Parte de su trabajo es ir a buscar dinero?

«Con los gobiernos del PP no hubo manera. La Generalitat sí que ha hecho algún sistema, para políticas concretas. Vamos siempre con convenios. Pero lo que tenemos que hacer es prestar servicios con costes mínimos y por eso operamos en el mercado. Y por eso también insisto con la colaboración público-privada.»

¿No pueden aspirar a tener mayor financiación?

«En el futuro pocos recursos públicos más tendremos. Porque el nivel de déficit público en este país es el que es. Hasta ahora recibían aportación del Estado Madrid y Barcelona. Ahora también hay Sevilla, Málaga o Valencia. El incremento que pueda haber en los presupuestos generales del Estado no vendrá a Barcelona, sino que irá a estos otros lugares.»

¿Entonces, como ve el futuro inmediato?

«Pues, creer de verdad en la colaboración público-privada. O nos ponemos todos o es muy difícil mantener la calidad del servicio. Desde la vertiente pública estamos muy al límite ya.

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