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Las Barnahus de Tarragona y el Ebre ha atendido 229 casos de violencia sexual a niños este 2024

Las situaciones atendidas pueden ser recientes o que han pasado hace tiempo

Imatge del Centre Barnahus Tarragona

Imagen del Barnahus de Tarragona.ACN

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El Departament de Drets Socials de Cataluña ha comunicado que este 2024, a través de los 13 centros que ya han entrado en funcionamiento, la red Barnahus ha atendido 1.450 casos de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. De estos, 171 casos se han atendido en Tarragona y 58 en Tortosa.

Las situaciones atendidas pueden ser recientes o que han pasado hace tiempo, pero que ahora las víctimas han hecho el paso de denunciar.

La primera unidad integrada de atención a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual se puso en marcha el 2020 en el Complejo Educativo de Tarragona y que, durante el 2024, se ha expandido por todo el país. Hoy por hoy, el Govern ya ha extendido el modelo a 11 puntos más del territorio y, en septiembre, pondrá en marcha una Barnahus en el Prat de Llobregat. En total, Cataluña contará con 14 Barnahus, una en cada veguería y siete en la de Barcelona: en Terrassa, Granollers, la Seu de Urgell, Lleida, Girona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú, el Prat de Llobregat, Barcelona, Badalona, Mataró, Manresa y Tarragona.

Alguno de estos centros ha iniciado su actividad en el segundo trimestre del año, pero las cifras apuntan una media de 6 casos atendidos cada día este 2024 y muestran que el servicio cumple con un doble objetivo: el acompañamiento integral de las víctimas y la detección de casos de abusos sexuales. De acuerdo con la experiencia de Tarragona, se estima que la previsión es atender 3.600 casos al año en Cataluña.

Actualmente, desde el Departamento se trabaja en la evaluación del proyecto Barnahus a diferentes niveles. En septiembre, la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad Oberta de Catalunya presentarán un estudio sobre el impacto del modelo en el funcionamiento del sistema penal. Los resultados preliminares muestran que, cuando interviene el servicio, se acorta el tiempo que dura el procedimiento legal, hay un incremento de sentencias condenatorias y se produce una reducción de la tasa de sobreseimiento en casos de agresiones sexuales a niños y adolescentes.

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