Tarragona, lejos de las necesidades de vivienda social: sólo 2.531 pisos en dos décadas

Tarragona afronta una escasez grave de viviendas de alquiler social, con sólo 2.531 pisos de protección construidas desde 1993, según datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda. En un contexto de aumento de la demanda y de precios en el mercado privado, el número de hogares asequibles no es suficiente para hacer frente a las necesidades de la población local, especialmente de las familias con rentas bajas.

Este déficit pone en evidencia la dificultad de muchos hogares para acceder a una vivienda a un precio razonable, y pone de manifiesto la urgencia de incrementar la construcción de pisos sociales y de mejorar las políticas de vivienda en la ciudad.

En el conjunto de Cataluña, la situación no es mucho mejor: en los últimos veinte años, dos de cada tres municipios no han construido ninguna vivienda de protección oficial, hecho que ha comportado que el parque de alquiler social se mantenga por debajo del 2% del total de viviendas.

Aunque en 2023 se registró la cifra más alta de vivienda protegida en una década, con 2.243 nuevos pisos, las demandas de acceso a la vivienda social se han triplicado en los últimos diez años, alcanzando las 46.608 solicitudes en el último año.

Asimismo, se calcula que el 1,7% de las viviendas de Cataluña son de alquiler social, muy lejos del 9% por término medio europea. Con este ritmo, el objetivo del Govern de llegar al 9% en el 2044 parece lejano, en medio de un modelo público-privado que a menudo destina viviendas sociales en venta, haciéndolos perder su función de interés público.

Para Tarragona y otras ciudades con una alta demanda, la situación de escasez no se puede abordar sin un aumento de la inversión en construcción de viviendas protegidas y sin reformas estructurales en las políticas de vivienda.

Las 54.066 viviendas de alquiler social que constaban el año 2019 en Cataluña, según los datos más recientes del plan territorial sectorial del ejecutivo, era un 1,74% de los 3.103.980 hogares que utilizaban como primera residencia. De este porcentaje, prácticamente un tercio son del parque público gestionado por la Agencia de la Vivienda de Cataluña y un 29% más forman parte del alquiler social de ayuntamientos, empresas públicas locales o entidades del tercer sector.

Casi todo el resto son de titularidad privada con un alquiler social, como los de la red de mediación para el alquiler social (16%), los de bancos y entidades financieras bonificados por el impuesto de viviendas vacías (13%), o los privados cedidos y gestionados por la Agencia de la Vivienda (7%).

Al conjunto de España, el alquiler social representa el 2,5% del parque de vivienda, mientras que la media europea es del 9%, según datos que también recoge el plan territorial. El abanico es muy amplio, desde Grecia o Chipre donde el porcentaje es cero, hasta Dinamarca (21%), Austria (24%) o los Países Bajos (30%), donde se supera el resto de países de la UE.

116.196 hogares con alguna protección, más del 60% en el área metropolitana de Barcelona

En conjunto, los hogares que disfrutan de algún tipo de protección, ya estén de alquiler, de compra o de cesión de uso, se cuantifican en 116.196 a finales del 2023 –contando sólo aquellas que han recibido esta calificación a partir de 1993. Ocho de cada diez de estos son de promotores privados o públicos –a partes iguales–, mientras que el resto son proyectos de cooperativas o de promotores sin ánimo de lucro.

Barcelona es el municipio que reúne más (21.909), a mucha distancia de Sabadell (6.075), Terrassa (3.779) y Lleida (3.729). L'Hospitalet de Llobregat (3.603), Badalona (3.099) y Tarragona (2.531) los siguen. Teniendo en cuenta las proporciones de población, el municipio de más de 5.000 habitantes con una tasa más alta es Guissona, con 79 viviendas de protección por cada 1.000 habitantes. Amposta (74), Súria (62), Sant Adrià de Besòs (51) y Montmeló (50) también tienen unas tasas altas.

La proporción de hogares asequibles a cada uno de los ámbitos territoriales es bastante equivalente a la población; con todo, con un 8,5% del total, las comarcas gerundenses están por debajo de su peso en el número de habitantes de Cataluña (10%), cosa que también sucede en menor medida en el ámbito metropolitano, comarcas centrales y Penedès. En cambio, las Terres de l'Ebre acumulan el 4,4% de las viviendas protegidas pero sólo el 2,3% de la población del país, y en Ponent la diferencia en positivo es similar.

El año 2023 fue el de mayor construcción de vivienda social en una década en Cataluña, con 3.491 viviendas protegidas iniciadas y 2.243 finalizados, representando un 16% de las nuevas viviendas totales. A pesar de este aumento, casi dos tercios de los municipios no han construido ninguna vivienda de protección oficial en los últimos 20 años, y en 407 poblaciones no existen hogares con esta calificación. Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, critica que los largos procesos burocráticos obstaculizan estos proyectos, retrasando la ejecución más que la propia construcción.