Policial
Cae una red criminal de venta fraudulenta de animales con víctimas en Tarragona
Hay 28 detenidos y 30 investigados en España y Colombia por un total de 681 delitos
Registro en un domicilio en el marco de la operación 'Canmoney' de la Guardia Civil.
La Guardia Civil, en una operación conjunta con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha desarticulado una red criminal internacional que habría defraudado en el Estado más de 150.000 euros a un total de 250 víctimas a través de estafas en ventas de animales. Hay 28 personas detenidas y 30 investigados entre el estado español y Colombia, a los que se atribuye un total de 681 delitos.
En el marco de la operación, se han hecho 12 registros, tres en Colombia y nueve en España, y uno de estos, en Badalona. Hay víctimas de hasta 43 de provincias, entre las cuales Barcelona, Girona y Tarragona.
La organización ha operado durante tres años con un volumen de más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas y ha ingresado más de 3 en efectivo. Los delitos que se atribuyen en los miembros de la organización son, concretamente 335 estafas, 158 de usurpación de estado civil, 95 de falsificación de documentos, 33 de amenazas, 60 por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, la lista de delitos podría aumentar ya que las investigaciones continúan abiertas, según expone un comunicado de la Guardia Civil.
La operación, denominada Canmoney, empezó con una denuncia por estafa de una persona que había pagado por un animal que nunca llegó a recibir. Las primeras investigaciones culminaron con la detención de un implicado en la provincia de Valencia y aquí empezó la macroinvestigación que ha permitido desarticular esta red criminal.
Las estafas se centraban en la supuesta venta de perros por unos 500 euros a través de varios portales de compraventa. Para ganarse la confianza de las víctimas, los estafadores enviaban documentos de identidad usurpados, de otras personas estafadas.
Después de recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo y si la víctima se negaba, lo amenazaban de muerte con mensajes o llamadas telefónicas. Las amenazas incluían imágenes de armas de fuego para intimidar a la víctima y asegurar que hiciera el pago del transporte.
El dinero obtenido de las estafas era ingresado en cuentas bancarias y, después, convertidos en criptomonedas, utilizadas como una vía para dificultar la detección de los fondos ilícitos.
Un punto clave de la investigación fue la implicación del propietario de un locutorio, que aprovechaba la actividad laboral y el conocimiento del sector para actuar como testaferro en España. Tanto el propietario como su pareja ingresaron unos tres millones de euros mediante cajeros automáticos distribuidos en varias poblaciones del Estado. Estos fondos eran convertidos en criptomonedas y enviados después a centenares de direcciones de monedas virtuales para dificultar el rastreo.
La organización tenía una estructura jerarquizada, en la que en la parte más baja, diferentes personas en España y Colombia se encargaban de abrir cuentas bancarias donde se depositaría el dinero de las estafas. En un segundo peldaño, los miembros se encargaban de recibir el dinero, convertirlos en criptomonedas y depositarlos en descentralizadas, que eran operadas por miembros de la organización ubicados en Colombia y Camerún y que eran los principales líderes.
En los doce registros policiales, se han intervenido los teléfonos móviles utilizados para cometer las estafas y mantener el contacto con las víctimas. También se han intervenido vehículos, ordenadores, máquinas para contar billetes, dispositivos informáticos, dinero en efectivo, criptomonedas, ‘carteras frías’ -cartera de moneda virtual no conectada a internet-, armas de fuego ilegales y documentación relacionada.