Vivienda
El Govern compra 55 pisos en el Camp de Tarragona fruto de ejecuciones hipotecarias
En total la Generalitat ha adquirido en Cataluña 743 pisos, donde ya residen familias vulnerables
En estos 743 pisos, distribuidos por toda Cataluña, ya residen familias vulnerables.
La Generalitat ha adquirido 743 pisos fruto de ejecuciones hipotecarias en el fondo Divarian por un total de 72 millones de euros para incorporarlos al parque de vivienda pública, la mayor compra de viviendas realizada hasta ahora por la administración catalana por la vía del tanteo y retracto.
Los pisos que se acaban de adquirir están distribuidos por toda Cataluña, aunque destacan 187 situados en el Barcelonès, 192 en el Vallès Occidental, 60 al Oriental, 55 en el Camp de Tarragona, 43 en la Cataluña Central, 54 en Girona, 59 en Lleida y 22 en el Maresme.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa esta operación, que se ha llevado a cabo en el marco del ejercicio del derecho de compra preferente que tiene la Generalitat cuando un gran tenedor decide deshacerse de las viviendas adquiridas fruto de ejecuciones hipotecarias.
En estos 743 pisos, distribuidos por toda Cataluña, ya residen familias vulnerables a las cuales la Generalitat pagaba el alquiler a través del programa Reallotgem, con un gasto conjunto de seis millones de euros anuales.
Estas familias, muchas de ellas objetos de desahucios en el pasado, suponen la mitad de las que están inscritas en este programa social, a través del cual la Generalitat abona directamente los alquileres al gran tenedor.
«Es una medida contundente para garantizar el derecho a la vivienda. Con la opción de compra aseguramos que las familias puedan pagar de acuerdo con sus ingresos», ha asegurado Paneque.
Garantía para los inquilinos
La consellera ha apuntado que, si los pisos hubieran salido al mercado libre, los alquileres hubieran podido subir, ya que los nuevos propietarios podrían haber rechazado la continuidad de los contratos. «Ahora los inquilinos tienen la garantía de que pueden continuar con el mismo alquiler asequible», ha dicho.
Los grandes tenedores que deciden vender las viviendas que compraron en procesos de ejecuciones hipotecarias tienen la obligación por ley de ofrecer primero su compra a la Generalitat por un precio tasado en aplicación del derecho de tanteo y retracto antes de acudir al mercado libre.
Paneque ha explicado que los 72 millones de euros que han costado estos pisos es una cantidad que está por debajo de su valor en el mercado libre, de manera que considera que se trata de una operación ventajosa.
El precio de construir una vivienda está en torno a 150.000 euros y les compramos por 40.000. Por lo tanto hay un ahorro evidente», ha dicho.
La operación de compra de estos 743 pisos se enmarca en el plan del Govern que preside Salvador Illa para levantar 50.000 viviendas de alquiler asequible hasta 2030, que cuenta con un presupuesto de 1.100 millones anuales.
La Generalitat anunció ya el pasado mes de noviembre la compra de 452 pisos a InmoCaixa para incorporarlos al parque público, aunque no se trataba de viviendas fruto de ejecuciones hipotecarias.