Un informe de la Generalitat no contempla lucro cesante para parar el proyecto de Hard Rock

La CUP y la plataforma Aturem Hard Rock han hecho público un informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya sobre los posibles costes de parar el proyecto de Hard Rock en Vila-seca y Salou. El documento, encargado en el 2023 durante la presidencia de Pere Aragonès, valora los hipotéticos escenarios jurídicos si se detuviera o se modificara el despliegue del complejo turístico.

El informe jurídico desestima la mayoría de las repercusiones económicas por indemnizaciones a la administración catalana, desmintiendo así anteriores informaciones que hablaban de un coste de 50 millones de euros para parar el proyecto. Uno de los supuestos que más estudia el texto es la no aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU) necesario para autorizar el proyecto o la posibilidad de que el PDU no contemple la actividad de casino.

En el primer caso, el gabinete no considera que pudiera prosperar una eventual reclamación por lucro cesante, pero sí que contempla una demanda por daño emergente. En este caso, Hard Rock podría pedir compensaciones con respecto a los gastos efectuados desde la autorización del casino de 2018, aunque el documento no especifica la posible cuantía.

Con respecto al segundo caso, Hard Rock podría presentar una reclamación por daños por unos términos desfavorables a sus intereses, aunque el gabinete alega que no podría prosperar. En cuanto a los daños emergentes, se daría el mismo caso que en el anterior supuesto. Además, en los dos casos, será necesaria la devolución de la fianza de 10 millones de euros efectuada en el 2018.

En cualquier caso, el documento también hace alusión a que el contrato de compraventa firmado entre Criteria Caixa, Hard Rock y el INCASOL no obliga a los terceros a hacer efectiva la venta de los terrenos a los segundos y pone en duda la participación del ente público en el trámite, calificándolo de «anómalo». Por todo ello, desde la plataforma Aturem Hard Rock han acusado al Gobierno de «mentiras y falsedades».

«No se esconden informes»

Ante la publicidad del informe, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha negado que «el Gobierno esconda informes a los grupos parlamentarios», aclarando que ha entregado a la CUP «la información que pidieron». A pesar de todo, la portavoz ha evitado referirse a la posibilidad de indemnizaciones por parar el Hard Rock y apunta que no sería «ni prudente ni riguroso» hacer este tipo de valoraciones.

En la misma línea, la portavoz parlamentaria de ERC, Ester Capella, niega que se haya ocultado ningún informe durante la legislatura de Pere Aragonès. La exconsellera de Territori ha defendido que los gobiernos sean «prudentes» y elaboren estudios para conocer las consecuencias de las decisiones que toman.

Por su parte, Jéssica Albiach, presidenta de los Comunes, ha pedido explicaciones a Junts y ERC por la implicación del Incasòl en la operación urbanística del Hard Rock. Desde Junts, la portavoz en el Parlament, Monica Sales, ha garantizado que «Damià Calvet dará las explicaciones necesarias».