Tres municipios de Tarragona se coordinarán con Turismo para detectar pisos turísticos ilegales

La Dirección General de Turismo ha puesto en marcha la coordinación con 35 municipios catalanes, tres en la demarcación de Tarragona, para identificar alojamientos turísticos ilegales. Este miércoles ha empezado la formación con técnicos, inspectores y agentes del cuerpo de policía, entre otros, por compartir el uso de la plataforma que utiliza la Generalitat para localizar anuncios de este tipo de viviendas que se ofrecen en Internet.

La directora general de Turismo, Cristina Lagé, ha explicado a ACN que «facilita» el trabajo a los entes locales y además tiene el componente de «la proximidad», porque «incluso quizás se conoce el propietario» y eso supone «una ventaja». Lagé ha recordado que con este mecanismo, el Govern el año pasado encontró unos 3.500 anuncios con «indicios» de ser fraudulentos.

La directora general de Turismo ha señalado que esta herramienta puede «llegar a ser sancionadora», con multas que van desde los 600 euros hasta los 600.000. Lagé ha concretado que se aplican cuando el responsable «no ha hecho absolutamente nada, no tiene lo que tiene que tener y ni ha pagado». Sin embargo, ha reconocido que las administraciones «tienen la libertad» de no retirar la publicidad, ya que tiene el aval de los tribunales. Lagé ha dicho que «la gran mayoría» quitan el anuncio de Internet y eso «es lo más importante». Al mismo tiempo, ha defendido que «no todo el mundo lo hace mal» y se pueden dar casos en que haya «un error administrativo».

Lagé ha asegurado que el turismo es «una industria importantísima» para Cataluña, tanto para la economía como para la sociedad, pero «se tiene que hacer un control» para que se pueda seguir desarrollando. En este sentido, ha resaltado que la compartición de la plataforma con los ayuntamientos también «facilita la convivencia» entre los vecinos y los turistas.

La directora general ha indicado que la sociedad está cambiando y también lo está haciendo el turismo, a la vez, se ha cogido «conciencia» del impacto de esta actividad «a todos los niveles». Sin embargo, ha hecho énfasis que «el mensaje que se quiere lanzar es que se hace para que la industria funcione».

La treintena de consistorios que han tomado parte en este primer encuentro son de diferentes zonas costeras como Tossa de Mar (Selva), Canet de Mar (Maresme), Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), la Ametlla de Mar (Baix Ebre), Cambrils (Baix Camp), Calella (Maresme), Sitges (Garraf) y Castelldefels (Baix Llobregat). También de áreas de montaña como por ejemplo la Vall de Boí, Tremp, Santa Pau (Garrotxa) y Ripoll, así como otros puntos del territorio como Vidreres (Selva), Mont-roig del Camp (Baix Camp), Santa Coloma de Gramenet y Vilanova del Vallès.