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Arranca el juicio contra el exgerente de la oficina de turismo de l'Espluga de Francolí por agredir sexualmente a una empleada

Fiscalía y la acusación particular le piden 18 años de prisión y 50.000 euros de indemnización de responsabilidad civil

El acusado de un delito continuado de agresión sexual, exgerente de la oficina de turismo de l'Espluga de Francolí, de espaldas, y su abogado al inicio del juicio que se celebra en la Audiencia de Tarragona.ACN

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La Audiencia de Tarragona ha empezado a juzgar al exgerente de la oficina de turismo de l'Espluga de Francolí este martes acusado de agredir sexualmente a una trabajadora, con ceguera total. Fiscalía le pide 18 años por un delito continuado de agresión sexual y le reclama 50.000 euros de responsabilidad civil -tanto a él como al Ayuntamiento de l'Espluga.

La acusación particular hace la misma petición. Los presuntos tocamientos y agresiones sexuales se produjeron entre diciembre de 2015 y junio de 2016, según el fiscal. La mujer denunció los hechos en julio de 2016. La víctima declara a puerta cerrada a través de videoconferencia en la primera jornada de un juicio que se alargará hasta este miércoles. La declaración del procesado será la última.

La víctima ha empezado a declarar alrededor de las once de la mañana por videoconferencia desde los juzgados de Valls. Su declaración, hecha a puerta cerrada, se ha alargado durante unas tres horas porque se ha tenido que parar tres veces a petición de la víctima y por problemas técnicos. 

Después, ha sido el turno de su madre, quien ha asegurado que su hija nunca le explicó que sufría agresiones sexuales. «No me ha dado ningún detalle, cuando me entero – de los hechos- ella me dice que tenía mucho miedo de explicarlo, por no perder el trabajo y porque no quería que lo supiera su padre, por las represalias», ha declarado.

La testigo ha detallado que su hija cambió los hábitos y que dejó de comer durante el periodo que pasaron las agresiones. También ha indicado que se cerraba muchas horas en el lavabo y que lloraba muchas noches. A la vez, ha dicho que le lavaba mucha ropa, que no estaba rota, pero que encontró sangre. 

«No tenía golpes, lo tenía todo interior, le pasaba algo, pero no sabíamos el qué», ha respondido a preguntas del letrado del acusado. La progenitora ha asegurado que su hija todavía tiene depresión y ataques de ansiedad, a pesar de que, sostiene, está «más tranquila». «Cuando supe que había sufrido acoso no la podía ni tocar, no quería estar en un lugar cerrado donde alguien la pudiera tocar», ha añadido.

La mujer también ha declarado que su hija continúa sin querer hablar sobre los abusos y que no se mueve por el entorno cercano del municipio para evitar, dice, que la gente le pregunte cómo está. «Se ha cerrado bastante en sí misma», ha comentado. Así mismo, ha afirmado que se refugia en el deporte y ha subrayado que su entrenador fue el primero en saber sobre los hechos porque era la persona que tenía más cerca después de salir del trabajo.

En la primera jornada del juicio, había previstas las declaraciones de más testigos, entre ellas, las del alcalde de l'Espluga de Francolí, Josep Maria Vidal. Todo ellos declararán, finalmente, mañana. A consecuencia del retraso de la sesión de este martes, el tribunal ha decidido habilitar un día más de juicio. En concreto, se ha previsto celebrar la tercera jornada el próximo día 26 de febrero, cuando previsiblemente, declarará el acusado, puesto que ha pedido ser el último a hacerlo.

Relato de Fiscalía

Según el escrito acusatorio del ministerio público, la víctima empezó a sufrir presiones por parte del acusado entre octubre y el noviembre del año 2015. El fiscal señala que el hombre le recriminaba que no hacía bien el trabajo en la oficina de turismo y que la «controlaba demasiado», hecho que le generó, sostiene, una situación de «tensión». 

El mismo escrito recoge que el procesado aprovechaba los momentos que estaban solos para hacerle tocamientos, los cuales se produjeron entre diciembre del mismo año y enero de 2016. Además, el ministerio público indica que la víctima se quedaba «en shock, sin poder moverse» cuando se producían los abusos. Según el ministerio público, los tocamientos se repitieron en reiteradas ocasiones hasta finales de enero cuando empezaron las violaciones.

El fiscal subraya en su relato que las agresiones sexuales se producían entre una y tres veces por semana. Estas se alargaron hasta el 23 junio de 2016, cuando el investigado cogió vacaciones. «El acusado siempre utilizaba su fuerza para sujetarla y la obligaba a mantener relaciones sexuales, propinándole bofetadas y colocándola contra la pared, sillas o mesas de la oficina», apunta el ministerio fiscal.

También asevera que el investigado se aprovechaba de su superioridad laboral y de la discapacidad visual de la víctima -ceguera del 100%- para mantener relaciones «siempre sin su consentimiento». Después de explicarlo a su psicólogo, entrenador y a su padre, la víctima denunció los hechos el 17 de julio de 2016 a los Mossos d'Esquadra. La mujer ha sufrido ataques de pánico y angustia, que han requerido tratamiento psicológico, a raíz de las agresiones sexuales, según indica el escrito del fiscal.

18 años de prisión

Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual, con acceso carnal, abusando el acusado de «la especial situación de vulnerabilidad de la víctima». Por lo que, pide dieciocho años de prisión para el exgerente de la oficina de turismo, así como ocho años de libertad vigilada una vez se ejecute la pena y la inhabilitación para cualquier trabajo, oficio o actividad relacionada con menores de edad durante un plazo de 22 años. A la vez, solicita la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante un periodo de 26 años.

En cuanto a la responsabilidad civil, pide una indemnización de 50.000 euros en concepto de daños morales tanto al investigado como el Ayuntamiento de l'Espluga, puesto que le atribuye la responsabilidad civil subsidiaria- la oficina de turismo dependía del consistorio.

Por su parte, la acusación particular, que representa a la víctima, hace la misma petición que el ministerio fiscal y también le pide dieciocho años de prisión. La acusación popular, ejercida por la Generalitat, se ha tenido que retirar por cuestiones jurídicas, puesto que no se personó en el momento procesal que correspondía, según han indicado fuentes del tribunal. Por su parte, el abogado del acusado ha defendido la inocencia de su representado.

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