Judicial
Prorrogan 6 meses la instrucción de la querella por la gestión de las presas del tramo final del Ebro
Sediments aporta dos nuevos estudios y el magistrado cita a declarar dos técnicos de la ACA
El juzgado de primera instancia de Falset ha prorrogado seis meses la instrucción de la querella contra la compañía eléctrica Endesa, que la Associació Sediments ha denunciado por un presunto caso de delito ambiental en la gestión de los pantanos del tramo final del Ebro. Este jueves se cumple un año de la instrucción de la causa.
El magistrado ha citado nuevos testigos para tomarles declaración a finales de enero. Se trata de Toni Munné y Albert Rovira técnicos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que conocen las pruebas que se han hecho en las cuencas internas de gestión de sedimentos y las propuestas que se han planteado en el embalse de Riba-roja. Desde Sediments celebran que se escuche a más expertos y que la investigación se dote de más argumentación.
Los técnicos que ha citado a declarar como testigos también son conocedores del proyecto propuesto para hacer una conexión (by pass) desde la desembocadura del Matarraña en la presa de Riba-roja d'Ebre para mover sedimentos, una actuación que la Generalitat estaba dispuesta a financiar, pero que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y el Ministerio para la Transición Ecológica no autorizaron.
Desde la Associació Sediments también piden que el juez cite como testigos a biólogos y expertos como Carles Ibàñez, Gabriel Borràs, Narcís Prat o John Day, además de Pedro Martin-vide o César González a quien los Mossos d'Esquadra ya han tomado declaración en la instrucción.
Sediments también sumará el último estudio de Pedro Brufao, profesor de la Universidad de Extremadura, a la demanda por el recurso contencioso administrativo sobre la caducidad y extinción de la concesión de la presa y la central hidroeléctrica de Flix (Ribera d'Ebre). El trabajo estudia las consecuencias legales de la gestión de los sedimentos en la validez y eficacia de las concesiones. Se basa en el derecho de aguas y el derecho ambiental e ilustra la cuestión con el análisis de grandes aprovechamientos hidroeléctricos en el tramo bajo del Ebro.