Sociedad
Paran el desahucio de una familia de Salou a la que ImmoCaixa no ha renovado el contrato de la vivienda protegida
La comitiva judicial aplaza el lanzamiento hasta marzo ante la concentración de una sesentena de personas
Una sesentena de personas han parado el desahucio de una familia de Salou, a quien ImmoCaixa no quiere renovar el contrato de alquiler social. Durante los últimos seis años, la Kika, Toni y su hijo han vivido en esta vivienda de protección oficial que La Caixa acabó de construir en el 2009 para un plazo de 10 años.
Una fecha de caducidad que la familia asegura que desconocía, ya que en el momento de la firma se les informó de que cuando acabara el plazo podrían renovar el contrato o bien compró el inmueble. Desde el Sindicato de Inquilinas han alertado que el caso de Quica no está aislado y que, hasta el 2027, la situación podría repetirse en 47 pisos más de la misma promoción. La comitiva judicial ha aplazado el lanzamiento hasta marzo.
El intento de desahucio de Kika Aguilera y de su familia ha sido el primero que se ha llevado a cabo en este bloque de pisos de protección oficial, ubicado en la calle Frederica Montseny de Salou. Sin embargo, desde el Sindicat de Llogateres han alertado de que este podría no ser el último, ya que hay cinco vecinas más fuera de contrato. De hecho, de los 80 pisos protegidos que tiene el edificio, 33 están vacíos y 47 están habitados, con unos contratos que durarán, como máximo, hasta el 2027.
Desde la entidad ya han denunciado lo que consideran que es una «estafa, diseñada para hacer lucro del privado» a la Generalitat, ya que afecta a miles de viviendas de protección oficial de toda Cataluña. «Las instituciones públicas tienen que velar para garantizar que estas viviendas sigan siendo parte de un parque de alquiler verdaderamente público», ha exigido Aldo Reverte, militante del Sindicat de Llogateres, quien ha añadido que ya les ha presentado varias propuestas a fin de que «obliguen a hacer nuevos contratos de alquiler o bien adquieran públicamente estos bloques».
En la misma línea, se ha mostrado Kika Aguilera, quien también ha pedido ayuda a las administraciones. «Necesitamos que nos ayuden a los de arriba, aquí ya no podemos hacer nada más», ha afirmado Aguilera, quien ha detallado que lleva desde junio enviando escritos a los juzgados para intentar encontrar una solución. «Somos gente trabajadora que pagamos nuestro alquiler, pero estamos limitados, necesitamos ayuda», ha exigido esta vecina de Salou, quien también ha lamentado que muchas personas ya se han marchado del bloque «por miedo», ante las amenazas recibidas supuestamente por parte de La Caixa.
Campaña ‘Destapemos a La Caixa’
De hecho, la entidad hace dos años que acompaña a centenares de inquilinos a través de la campaña ‘Destapemos a La Caixa’, con el objetivo de exigir «una negociación colectiva a ImmoCaixa, para que pare todos los desahucios y renueve contratos, anule las cláusulas abusivas de los contratos de alquiler, deje de asediar a las inquilinas y cumpla con sus obligaciones de mantenimiento». Según Reverte, desde el sindicato «seguirán trabajando a nivel comunicativo, institucional, judicial y de movilización en la calle para que este caso no pase desapercibido y se muevan las fichas que se tienen que mover para resolver esta problemática».