Vecinos de Mas de Gerembí denuncian al administrador de fincas por estafar más 120.000 euros en 8 años

Los vecinos de la urbanización Mas de Gerembí del Catllar denuncian a lo que fue su administrador de fincas, Leandro Riquelme, por una estafa durante más de ocho años. Aunque el administrador ha pagado aproximadamente 9.000 euros por los daños y perjuicios causados, debe más de 120.000 euros a la comunidad. A consecuencia de los hechos, el Colegio de Administradores de Fincas de Tarragona lo ha inhabilitado categorizando las infracciones como «graves y muy graves». Este periodo se alargará un año por el hecho de que no existe ninguna sentencia judicial.

Para contextualizar estos hechos, hay que remontarse al 2013, cuando se celebró la última junta con el antiguo presidente, que murió en el año 2015. Koldo Olalla, el actual presidente, explica a Diari Més que, entonces, con la muerte del presidente, habría que haber convocado una junta extraordinaria. En su caso, sin embargo, no fue hasta el 28 de julio de 2017 cuando se convocó una reunión de vecinos extraoficial, «colgando un cartel en los buzones de correos». En aquella citación constaba un presidente «accidental» que, tal como apunta Olalla, «nadie había votado, ya que no se había hecho ninguna junta hasta entonces». De aquella reunión ninguno de los vecinos recibió el acta y, según Olalla, «eso la invalida».

El actual presidente explica que en el año 2019 Riquelme falsifica un acta con el fin de entregarla a la entidad bancaria y seguir operando como titular. Olalla explica que «en el acta figuran como asistentes antiguos propietarios y vecinos que, entonces, ya habían muerto, así como la firma falsificada de quien se eligió como presidenta». Además, también consta que Riquelme «sea el único autorizado para poder operar en la cuenta bancaria y a través de la banca electrónica».

Se constituye una nueva junta

Los vecinos reclamaron, en varias ocasiones y a través de varios métodos –correo certificado y entrega en mano–, una convocatoria para llevar a cabo una junta general de la comunidad. Pero, según Olalla, «con la excusa de la covid, nunca la llegó a convocar». En octubre de 2022, con el 25% de las cuotas de participación de los vecinos, se organizó una nueva asamblea donde se destituyó a todos los cargos anteriores y se creó una nueva junta formada por cinco integrantes.

Con el acta firmada por los cinco miembros representantes, «pudimos acceder a la cuenta bancaria y, al mismo tiempo, bloqueamos y dimos de baja a Riquelme». Una vez la nueva junta tuvo acceso a las cuentas, Olalla explica que «vimos que teníamos embargos de la Agencia Tributaria y de la Agencia Catalana del Agua (ACA)».

Entonces, desde la junta se envió un requerimiento notarial a fin de que Riquelme devolviera el dinero e indemnizara a los vecinos, por las facturas impagadas y los recargos pertinentes. Riquelme pagó aproximadamente 9.000 euros por daños y perjuicios, «que es lo que reclamábamos», apunta Olalla, añadiendo que «seguimos pidiendo que nos devuelva los más de 120.000 euros que él ha podido extraer durante todos estos años sin ninguna justificación».

Actualmente, los vecinos han pactado tanto con la Agencia Tributaria como con la ACA un calendario de pagos y ya tienen «saldada la mitad de la deuda con nuestros recursos». En la actualidad, según Olalla, después de la inhabilitación por parte del Colegio, el abogado de los vecinos está preparando una querella, «porque queremos que todo el mundo sepa que es un ladrón».