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Sociedad

Gobierno y sindicatos de prisiones se reúnen para resolver el conflicto a raíz de la muerte de la cocinera

Los sindicatos han convocado huelga para el 26 de abril y para el 11 de mayo

Uno de los trabajadores de Mas d'Enric escribiendo una pancarta.ACN

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Los departamentos de Justícia y de Presidència de la Generalitat y los sindicatos de prisiones están reunidos desde las 9.30 horas de este martes para intentar resolver el conflicto generado a raíz de la muerte de una cocinera a manos de un recluso de la prisión de Mas d'Enric, en el Catllar (Tarragonès) el 13 de marzo pasado. En el encuentro está el secretario general de Justicia, Jordi Martinoy, y representantes de la Secretaría de Administración y Función Pública, después de que los sindicatos se negaran a tener como interlocutores la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, o el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, de quien piden la dimisión.

Los sindicatos han convocado huelga para el 26 de abril y para el 11 de mayo coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones al Parlament del 12 de mayo y con la jornada de reflexión. CSIF, Intersindical, Acaip, UGT, IAC-CATAC y CCOO consideran que el relevo del director de la prisión Mas d'Enric anunciado la semana pasada equivale al sacrificio de un «peón» para «proteger figuras más relevantes», y lamentan que la estrategia «evidencia que los objetivos electorales pareces tener prioridad por encima de la voluntad del Gobierno de resolver el conflicto».

Sin embargo, los sindicatos opinan en un comunicado conjunto que el anuncio del relevo del director de Mas d'Enric indica, también, que el escenario podría estar cambiando. En este sentido consideran que la medida «supone un reconocimiento público» del Gobierno que el Departament de Justícia «tiene que asumir su responsabilidad».

Aparte del relevo al frente de la prisión tarraconense, Justícia ha anunciado otros cambios, como algunos protocolos del CIRE, la empresa pública donde trabajaba la cocinera. También se han producido cambios en las prisiones de Ponent y Lledoners, donde se ha prohibido que trabajen internos con crímenes de sangre.

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