El Síndico reprocha «laxitud» en la supervisión del preso que mató a Núria

El Síndico de Agravios recrimina a Justicia y a la administración penitenciaria «cierta laxitud» en la supervisión del interno que asesinó a la cocinera de la prisión de Mas Enric, en el Catllar.

En el informe, que en qué ha tenido acceso a la ACN y ha avanzado Catalunya Ràdio, se reprocha que el preso recuperara el puesto de trabajo en la cocina, a pesar de su perfil, estar sancionado por un hecho violento y no cumplir la sanción, y no haber hecho ningún tratamiento. 

En otro informe, también se riñe a los sindicatos de prisiones por el bloqueo de los centros y las consecuencias que supuso para los internos, las familias y los funcionarios. El Síndico señala que no se podía prever el asesinato pero que hay que valorar mejor el acceso de los presos en lugares de trabajo.

El Síndico de Agravios de Cataluña ha hecho esta actuación de oficio a raíz de la muerte de la cocinera de la prisión de Mas Enric. Según la información de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima (SMPRAV), que también tiene en marcha una información reservada sobre el caso, Núria coincidía con el preso que la asesinó unos 8 días al mes. Habían trabajado juntos en los periodos de febrero de 2018 a octubre de 2019 y de mayo de 2020 en noviembre de 2023, cuando fue apartado para «cometer una falta disciplinaria».

Según la secretaría, no consta ningún incidente previo ni ninguna queja de la cocinera sobre el interno. En cambio, fuentes sindicales aseguran tener constancia de una incidencia que Núria había elevado por una discusión entre ellos y porque «no le gustaba su comportamiento». El Síndico no da por aclarada esta comunicación en su informe. Fuentes de Justicia insisten en que no se elevó ninguna denuncia o queja al respecto.

Según el Síndico de Greujes, la Junta de Tratamiento de Mas Enric consideró «la falta como un hecho aislado» y permitió al interno reincorporarse al puesto de trabajo sin pasar por la lista de espera, aunque tenía el expediente disciplinario vigente y no había cumplido la sanción (11 días de aislamiento en celda). Se valoró que «las variables» para ocupar el puesto de trabajo se mantenían.

El preso ingresó en Mas Enric por el asesinato de una mujer que ejercía la prostitución. Los hechos se cometieron en el 2016. La atacó con un cuchillo y la degolló. Estaba condenado a 11 años de prisión. Aunque el Síndico no conoce «los programas de intervención» que ha hecho el preso, subraya que tendría que haber hecho el específico de delitos violentos (DEVI), entre otros. El interno firmó la disconformidad para hacerlo alegando que «había muerto el único amigo que tenía, que no tenía dónde ir, y que cumpliría toda la condena trabajando para ahorrar un dinero».

El asesinato se produjo el 13 de marzo de este año. El Síndico considera que la administración actuó con una «cierta laxitud» al permitir que el interno recuperara su puesto de trabajo a cocina a pesar de su perfil, la falta de adhesión al tratamiento, estar sancionado y no haber cumplido todavía la sanción». Y es que en el informe se considera que «hay aspectos específicos del tratamiento penitenciario que no están exentos de un cierto riesgo» y que, aunque no se podía saber que el interno cometería un nuevo delito dentro de la prisión, «la administración tiene que hacer todo el posible para minimizar el riesgo».

Fuentes de Justicia subrayan que a raíz del asesinato, el CIRE empezó a aplicar medidas de seguridad diferentes rápidamente y que se han introducido cambios para ser más estrictos y prestar más atención al perfil del interno, el delito que lo ha llevado a cumplir condena y, en general, a tener en cuenta variables que hasta ahora eran más complementarias y no tan centrales a la hora de hacer una valoración.

La actuación de la plantilla

Con respecto al informe relacionado con las concentraciones que se produjeron en las prisiones a raíz del asesinato, el Síndico de Greujes considera que «si bien es comprensible la indignación y la inquietud del personal», las protestas «no pueden afectar ni vulnerar los derechos de las personas internas».

«El legítimo derecho a huelga y de protesta de los trabajadores y trabajadoras en ningún caso tiene que impedir el ejercicio de otros derechos fundamentales y todavía menos la de las personas presas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por su situación de privación de libertad», han expuesto en el informe, donde subrayan que el hecho de haber hecho huelga sin preaviso comportó que más de 4.000 personas internas vivieran un «confinamiento forzoso que afectó a su rutina diaria». Además, consideran que «esta situación puso en peligro la convivencia en los centros». Por eso, han afirmado que la huelga «puede ser considerada ilícita, abusiva o ilegal».

Durante los días en que los centros se mantuvieron cerrados, los presos hacían vida dentro de las celdas. En este periodo de tiempo, sólo se produjo un incidente en el CP Almeces, donde hubo una agresión entre internos que requirió el aislamiento provisional de los implicados. Sin embargo destacan que en casos y momentos puntuales, las restricciones se flexibilizaron. Por ejemplo, en Mas d'Enric se realizaban las visitas médicas de urgencia, el reparto de comidas y de medicación por celdas, entre otros.

Les medidas de Justicia

Por otra parte, el Síndico ha detallado que en este contexto, la administración competente tenía que corregir la situación irregular. En este sentido, ha subrayado que Justicia va constituïr un comité de crisis el cual tenía como objetivo minimizar el impacto de la huelga en los centros, establecer medidas de seguridad adecuadas y mantener los servicios esenciales. El informe pone de relieve que «el Departamento hizo todo el posible a fin de que los responsables de estos actos abandonaran la protesta y se avinieran a un proceso negociador, sin conseguir este objetivo.»

Finalmente, desde el Síndico de Agravios afirman que la respuesta punitiva «no es la varita mágica que todo lo arregla sino que es una solución contraria al problema que se pretende enmendar». En este sentido, consideran que «una política pública basada únicamente en el código penal y en más prisión no funciona y hay que enfocar, precisamente, el sistema penitenciario a la reinserción social que se le asigna a la Constitución y que ponga en el centro la reparación del daño a la víctima y de la justicia restaurativa mediante alternativas a la prisión».

Paralelamente, apuntan que el asesinato de Núria es uno hecho «terrible, gravísimo y doloroso, que no se tendría que haber producido nunca» y que no consta de precedentes, ya que «es la primera vez que un trabajador penitenciario es muerto para una persona presa en los 40 años de la asunción de las competencias en materia penitenciaria por parte de la Generalitat de Catalunya».

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