Absuelven al exalcalde de Torredembarra por el caso de los presuntos alquileres irregulares de dos locales

El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia de Tarragona ha hecho publica la sentencia de una de las piezas separadas del caso Torredembarra, que hace referencia a los presuntos alquileres irregulares de dos locales del municipio. En esta, se ha determinado la absolución del exalcalde Daniel Masagué que estaba acusado de malversación y prevaricación.

También se ha absuelto a los exconcejales como Pere Font, Santi Ardèvol, José Oviedo y Juan Pérez. Los magistrados también absuelven a la exregidora Paqui Felguera y el trabajador de Efial, Àngel Xifrà, sobre los cuales Fiscalía y la acusación particular que representa en el Ayuntamiento de Torredembarra habían retirado los cargos. También se absuelve seis encausados más, extécnicos, abogados y empresarios juzgados en el caso, dos de los cuales traspasados durante el procedimiento y juicio. Los magistrados señalan que no «todo aquello irregular» en la administración es constitutivo de delito.

La sección cuarta de la Audiencia de Tarragona absuelve al exalcalde y los cinco exregidors juzgados, así como los tres extécnicos municipales, un abogado y dos empresarios - entre ellos Jordi Sumarroca, vinculado a Teyco. También se absuelve a las mercantiles Utillajes Rafael Onieva, Dica Torredembarra y Vicsan Gestión Patrimonial de las pretensiones civiles dirigidas a ellos. Todos ellos se enfrentaban a peticiones de importantes penas de prisión de hasta 4 años de reclusión y de hasta 9 años de inhabilitación.

Los hechos se remontan a los años 2011 y 2012 y según la fiscalía el consistorio habría promovido contratos de arrendamiento ilegales que suponían pérdidas económicas para el ayuntamiento. El ministerio fiscal pedía cuatro años y medio de prisión y nueve de inhabilitación para Masagué.

El caso Torredembarra es una de las macrocausas más complejas que tiene encima de la mesa la Audiencia de Tarragona, con ramificaciones con otros procedimientos penales y origen del caso 3%, de presunta financiación irregular de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya.

Uno de los dos locales que presuntamente ha tenido arrendamientos fraudulentos actualmente la ocupa la Policía Local de Torredembarra. El otro, situado en el barrio de Clarà, se ha mantenido cerrado y sin uso. Los locales se alquilaron por adjudicación directa y dos modificaciones posteriores del contrato por las que intervino el Ayuntamiento de Torredembarra como arrendatario, con dos decretos de alcaldía del señor Masagué que «delegaban las competencias para adoptar los expedientes de alquiler a la junta de gobierno local».

En la sentencia, los magistrados consideran que no queda demostrado que el exalcalde, exediles y extécnicos municipales «se aprovecharan» de sus cargos y funciones públicas para enriquecerse o favorecer contratos «ilegales y perjudiciales» para la administración pública. Los jueces de la sección cuarta remarcan que «no toda actuación administrativa irregular» es constitutiva de un delito de prevaricación penal y recuerda que el ordenamiento administrativo ofrece «importantes y eficaces mecanismos reparadores de los perjuicios causados por actuaciones públicas sin justificación o en colisión con las normas».

En términos similares hacen referencia al delito de malversación, porque no ven demostrado el propósito de enriquecimiento personal. El tribunal considera el cuadro probatorio «insuficiente» para acreditar los hechos y señala que «las conductas acreditadas no adquieren relevancia penal».

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