Judicial
Just´'cia cierra sin consecuencias la investigación por el bloqueo de las prisiones de los funcionarios
Los trabajadores de los centros penitenciarios protagonizaron protestas por la muerte de una compañera a manos de un preso en el Catllar
Trabajadores penitenciarios recordando a la cocinera asesinada en Mas d'Enric seis meses después.
El Departament de Justícia ha cerrado sin depurar responsabilidades la investigación abierta por el bloqueo de las prisiones protagonizado por los funcionarios de los centros el marzo pasado, según ha adelantado Catalunya Ràdio y ha confirmado ACN.
Las protestas respondían a la muerte de una cocinera a manos de un preso en el centro tarraconense Mas d'Enric, y los funcionarios bloquearon los accesos a los complejos entre el 14 y el 20 de marzo, a la vez que abandonaban los puestos de trabajo.
La Sindicatura de Agravios advirtió el julio pasado que las protestas, que no estaban amparadas por ninguna petición de huelga, habían provocado el confinamiento «forzoso» de 4.000 internos en sus celdas. Justícia, en cambio, afirma que los servicios dentro de las prisiones quedaron cubiertos.
Cerrado por el anterior Govern
La actual dirección del Departament de Justícia ha recordado este miércoles que la información reservada abierta por el bloqueo de las prisiones la primavera pasada por parte de los funcionarios se cerró el 4 de julio por los anteriores responsables de la Consejería.
Según fuentes del actual departamento, un secretario sectorial archivó la investigación porque «no se ha constatado ninguna actuación que pueda ser susceptible de reproche disciplinario».
Este miércoles, entidades de derechos humanos y familiares de presos han considerado «muy grave» el archivamiento del caso. Entre otros, han indicado que se afectó el derecho a salir de las celdas ya que se les confinó «sin ninguna causa legal», también ven vulnerado el derecho a acudir a diligencias judiciales, a comunicar con sus letrados, a recibir asistencia médica y psiquiátrica y la imposibilidad de ver a sus familiares en las visitas programadas.
Las entidades y familiares ignoran complemento cómo se ha tramitado esta investigación ya que han asegurado que no se ha citado, informado ni notificado ningún procedimiento a ninguno de los denunciantes. Han defendido que igual que se aplican procedimientos disciplinarios a los presos cuando cometen falsas, se tendría que hacer con los funcionarios públicos «que hicieron un grave desistimiento de funciones». «Nadie se imaginaría utilizar a niños en escuelas ni a pacientes enfermos en hospitales para ejecutar acciones parecidas», han manifestado.
Con todo, han asegurado que hubo una grave afectación emocional, de salud mental y de respeto mínimo por los derechos de los presos y sus familias.
Por todo ello, han reclamado que en nombre de la transparencia y rendición de cuentas se solicite a través de la Comisión de Justicia del Parlamento conocer la tramitación de la investigación y la resolución final.
Entre las entidades firmantes hay Justícia i Pau, la Associació de Famílies de Presxs de Catalunya, el Institut de Drets Humans de Catalunya, Alerta Solidària, el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona, Irídia, la Xarxa antirepressió de familiars de detingudes y Observa.