Rosa Peral habría ordenado la agresión a una funcionaria en la prisión de Mas d'Enric en julio

Funcionarías e internas de la prisión de Mas d'Enric del Catllar aseguran que Rosa Peral organizó y ordenó la brutal agresión que sufrió el pasado 21 de julio una funcionaria leridana en la prisión, según el diario El Segre. Peral cumple condena en esta prisión por el conocido crimen de la Guardia Urbana.

La trabajadora leridana resultó brutalmente agredida cuando una reclusa intentó asfixiarla y le arrancó varios pelos.  

Desde el rotativo, aseguran que así consta en informes de las funcionarías, que incluyen las declaraciones del resto de internas del módulo de Peral, remitidos a la dirección del centro. En estos explican que Peral instigó y planificó el ataque y pagó a la agresora con tabaco y droga. Un día antes de la agresión, Peral habría dicho de las funcionarias: «Tendrían que estar trituradas en un contenedor de basura para hacerlas desaparecer», y añadió que «les deseaba la muerte», según declararon varias internas.

Según El Segre, Peral planeó la agresión para vengarse de las funcionarias porque no accedieron a que hiciera una actividad ya que estaba sancionada.

Rosa Peral ya ha ocasionado varios incidentes en el centro del Catllar. Fuentes penitenciarías la definen como una reclusa que «tiene mala conducta», «manipula a otras internas para sus intereses» y «tiene mucho poder dentro del módulo».

CSIF denuncia negligencia en la gestión del Centro Penitenciario

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) creen que los responsables de Mas d'Enric actuaron de manera negligente al no tomar medidas inmediatas para trasladar a la interna a otro establecimiento penitenciario, como exige la normativa en estos casos.

CSIF denuncia que, a pesar de las denuncias realizadas por otras internas y los informes elaborados por los funcionarios, la dirección del centro no actuó para proteger la integridad física del personal penitenciario. Según el sindicato, «la decisión de no transferir a la interna peligrosa estuvo motivada por el miedo a las repercusiones mediáticas, hecho que ha puesto en grave riesgo a los funcionarios».

Como sindicato mayoritario, exige al nuevo Gobierno catalán que actúe con contundencia en la gestión de los internos inadaptados al régimen penitenciario, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente. Además, reclama una revisión inmediata de la administración de los centros penitenciarios, «eliminando gestores incompetentes que, con su negligencia, ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores».

Hay que recordar que la prisión del Catllar fue escenario del asesinato de una trabajadora a la cocina del centro en manos de un interno condenado por asesinato. El suceso provocó una oleada de manifestaciones por parte de los trabajadores de prisiones para pedir más seguridad en los centros penitenciarios.

Agresión

Los hechos tuvieron lugar el 21 de julio hacia las 11.45 horas de la mañana, cuando la funcionaria impidió a la reclusa salir del módulo para ir al patio a pelearse con otra presa.

Las separó y entonces la más agresiva le estiró la cinta que llevaba en el cuello donde llevaba colgada una acreditación. No obstante, la cinta se rompió inmediatamente y la reclusa estiró el pelo de la funcionaria. Otros funcionarios e internas intervinieron para detener la agresión. La funcionaria fue atendida por los servicios médicos del centro y siguió trabajando hasta que acabó su turno.

Desde los sindicatos de prisiones CSIF y ACAIP denunciaron el «intento de homicidio» en el Centro Penitenciario Mas d'Enric.

Condena

Rosa Peral y su amante Albert López, los dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, fueron condenados a 25 y 20 años de prisión, respectivamente, por asesinar otro agente de la Urbana de Barcelona (Pedro Rodríguez) y calcinar el cuerpo dentro de su vehículo en una pista forestal próxima al pantano de Foix en el 2017, convirtiéndose en uno de los crímenes más mediáticos de las últimas décadas.

Además, la Fiscalía pide cuatro años de prisión para Peral y para su padre por alzamiento de bienes para evitar pagar la indemnización a la familia del asesinato.