Municipal
Antifraude y Mossos investigan presuntas irregularidades en contratos en el Ayuntamiento de Altafulla
El Ayuntamiento habría fraccionado contratos para prolongar servicios y superar los límites económicos permitidos en contrataciones menores
Imagen de archivo del Ayuntamiento de Altafulla.
La Oficina Antifraude de Cataluña ha abierto una investigación por posibles irregularidades en la contratación de una empresa de asesoramiento jurídico ambiental al Ayuntamiento de Altafulla entre los años 2018 y 2019. Según ha informado Altafulla Ràdio, el caso implica un supuesto fraccionamiento de contratos y la prolongación de un contrato menor con la consultora ‘Sinergia, Energía, Derecho y Medio Ambiente’, empresa dirigida por Joan Herrera y Joan Ignasi Elena.
Antifraude ha detectado irregularidades en esta adjudicación, que se habría fraccionado para esquivar el límite económico de este tipo de contrato. Sin embargo, según el informe de la oficina, no se pudo demostrar favoritismo ni corrupción, aunque señaló la intervención de la concejala Montse Castellarnau como antirreglamentaria.
En una entrevista con Altafulla Ràdio, Castellarnau defendió su gestión y alegó tener «la conciencia tranquila» en relación con este proceso. Por su parte, el exalcalde Fèlix Alonso declinó hacer declaraciones al respecto.
El caso pasó en manos de la policía judicial de los Mossos d'Esquadra en octubre de 2023, cuando estos entraron en el consistorio para ampliar información, según han confirmado los coalcaldes Alba Muntadas y Jordi Molinera. El proceso de investigación se mantiene activo y bajo secreto de sumario. El coalcalde Molinera expresó su descontento por el hecho que el entonces alcaldesa Castellarnau no informara el resto de grupos políticos sobre la investigación de Antifraude, la cual, apunta, podría haber afectado a las elecciones municipales.
Antifraude pidió justificaciones sobre la necesidad de esta contratación externa y sobre el motivo por el cual se escogió una empresa de reciente creación y sin experiencia en esta área, además de la intervención directa de Castellarnau en el proceso. La respuesta del consistorio incluía documentos y justificaciones que describían la contratación como «una decisión política».