El Govern podría afrontar indemnizaciones de hasta 50 MEUR por la paralización de Hard Rock

El País publica hoy que un informe del gabinete jurídico de la Generalitat, al cual ha tenido acceso el mismo medio, alerta de que el Govern catalán podría tener que indemnizar a los inversores del proyecto Hard Rock con cifras que oscilan entre los 37,4 y los 50 millones de euros si finalmente no se saca adelante este macrocomplejo. Este documento, elaborado hace un año durante la recta final de la legislatura de Pere Aragonès, detalla los riesgos jurídicos y económicos para el Ejecutivo, incluyendo reclamaciones por daño emergente y lucro cesante.

El proyecto, que cuenta con una inversión inicial del grupo turístico Hard Rock, ha chocado con obstáculos políticos y administrativos que han provocado retrasos y un posible decaimiento de su autorización de explotación. Según el informe, en caso de bloqueo definitivo, los gastos ya efectuados por la empresa podrían dar pie a una reclamación de hasta 21 millones de euros por daño emergente, mientras que el lucro cesante podría sumar entre 8 y 18 millones más, aunque esta última partida es menos probable, según los juristas.

Además, se contemplan costes judiciales de entre 7,8 y 10,4 millones, que podrían incrementarse si la situación actual se alarga. El documento también apunta que la falta de aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU), el último paso administrativo para el inicio del proyecto, sería uno de los factores clave para el éxito de posibles reclamaciones.

Tensión política y fiscalidad

El presidente Salvador Illa, que inicialmente dio apoyo al proyecto, se encuentra ahora entre la oposición frontal de los Comuns y ERC, y la presión para no perder inversores. Recientemente, el Parlament aprobó, a propuesta de ERC y con apoyo del PSC, un aumento de los impuestos sobre el juego del 10% al 55%.

Aunque el Govern insiste en que no tiene intención de expulsar a los inversores, el cambio fiscal es percibido como un obstáculo definitivo. «Si eso es un impedimento para el proyecto, es una decisión que no depende de nosotros», aseguró Alícia Romero, consellera de Economía.

Obstáculos legales y terrenos pendientes

El proyecto también se enfrenta a obstáculos derivados de la localización de los terrenos, propiedad de CriteriaCaixa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó una propuesta anterior del PDU porque una parte se encontraba en zonas de riesgo químico. Además, la compraventa de los terrenos, valorada en 128 millones de euros, está pendiente de esta aprobación urbanística.

Mientras el proyecto continúa bloqueado, el macrocasino se ha convertido en una piedra en el zapato para el Govern de Illa, que ha heredado una cuestión que ya generó tensiones en el anterior Ejecutivo. Sin embargo, el tiempo juega en contra del Govern, ya que el bloqueo aumenta los costes potenciales de indemnización.