La explosión de IQOXE sigue pendiente de juicio cinco años después del accidente

El reactor de la planta de IQOXE explotó a las 18.37 horas del 14 de enero de 2020. Murieron tres personas: dos trabajadores de la compañía y un vecino del barrio de Torreforta. Después de cinco años, el juicio de la pieza principal todavía no tiene fecha, aunque desde Fiscalia apuntan que podría celebrarse este 2025.

Las piezas separadas, la medioambiental -por los supuestos vertidos al mar- y la del reactor clandestino están a la espera de que la Audiencia de Tarragona resuelva los recursos de apelación presentados por el fiscal y las defensas de los exdirectivos. En paralelo, los vecinos reclaman una legislación «más dura» para la petroquímica, mientras que desde Protección Civil remarcan el cambio que ha supuesto la recuperación del Plaseqta.

El fiscal de medio ambiente de Tarragona recuerda que la fase de instrucción de la pieza principal de IQOXE, la de la explosión, se ha tenido que prorrogar por la demanda civil de Repsol Química. La petrolera defiende que perdió 50 millones de euros a raíz del incidente porque la empresa no le suministró el óxido de etileno. La multinacional ya ha recuperado 38,5 millones por parte de Mapfre, quien reclama a la otra aseguradora que le abone esta cantidad mientras quedan pendientes de pago los 11,5 millones restantes. «Estos los tendrían que pagar las personas físicas acusadas e IQOXE», asegura el fiscal a ACN.

«La aseguradora quiere recuperarlos de la otra compañía, de AEG, pero esta dice que no, considera que la cantidad que se señaló como fianza -20 millones- es excesiva», añade el ministerio público. De hecho, este señala que tiene prácticamente terminado el escrito acusatorio. Además, dice que la mayoría de perjudicados ya han cobrado las indemnizaciones y que hay otros de consignadas. «Fiscalía tiene mucho de interés en no ocasionar ninguna injusticia, son cantidades que podrían hacer temblar a las compañías y tenemos que ir con mucho cuidado para no perjudicar ni a las víctimas ni a las empresas que tengan que pagar», valora.

En noviembre de 2023, el ministerio público hizo públicas sus peticiones de la pieza principal. En global, pide once años de prisión para cada uno de los tres exdirectivos de IQOXE por las consecuencias de la explosión. Los tres acusados son: José Luís Morlanes, exdirector general de IQOXE; Juan Manuel Rodríguez Prats, exdirector de planta; y Gerard Adrio, responsable de seguridad cuando se produjo la explosión. Con respecto a la petición más elevada es seis años de prisión por un delito de homicidio imprudente, además de tres años por un delito de funcionamiento habitual de la empresa en condiciones inadecuadas de seguridad, y dos años más por un delito contra los derechos de los trabajadores.

También solicita para la empresa, como persona jurídica, 900.000 euros de multa por estragos y condiciones inadecuadas de seguridad, y seis años de intervención judicial. El juicio todavía no tiene fecha, pero desde el ministerio público apuntan que se podría celebrar este mismo año o bien a principios de 2026, en función del calendario de señalamientos del Audiencia Provincial.

Pendientes de los recursos de apelación

En relación con la pieza separada medioambiental, la de los vertidos al mar, Fiscalía está pendiente de que la Audiencia tarraconense resuelva el recurso de apelación presentado en febrero de 2024, después de que hubiera interpuesto un recurso de reforma. Actualmente, la investigación, hecha por el juzgado de instrucción número 1 de Tarragona, está cerrada a la espera de esta resolución. En su recurso, el fiscal pide aclarar la procedencia y la cuantificación de los datos que los Mossos d'Esquadra enviaron al Instituto Nacional de Toxicología.

Por eso, quiere que los agentes vuelvan a declarar: «Necesitaría conocer de dónde han sacado estos datos porque sino, todo el resto cae, además, no hay constancia de contaminación procedente de los emisarios; si es muy contaminante tendría que salir, por una parte, al mar, con pájaros y peces muertos; y por otra parte tendría que salir los excesos de la depuradora y no se da esta situación», dice el fiscal, quién considera que esta información es «fundamental» para poder acusar o bien pedir el archivamiento de la causa, en la que hay otras acusaciones.

Con respecto a la pieza separada del reactor clandestino, el juzgado de instrucción 1 de Tarragona envió a juicio la cúpula de IQOXE en mayo de 2024. En este caso, se investiga si la compañía química utilizaba un reactor sin autorización, el U-350. Tanto las defensas de los procesados como el ministerio público han interpuesto un recurso de apelación al auto del juzgado. Según la defensa de Morlanes y Rodríguez Prats, la empresa tenía todas las autorizaciones y permisos pertinentes para el funcionamiento y la actividad del reactor U-350.

Por su parte, el fiscal asevera que los hechos son «idénticos» a los de las otras dos piezas y pide los motivos de la apertura de la causa. También se pregunta si las posibles irregularidades constituyen un delito o una falta administrativa. En el caso de delito, apunta, se podría tratar de falsedad documental. Ahora mismo, todas las partes continúan a la espera de la resolución de la Audiencia.

Recuperación del Plaseqta

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Tarragona (FAVT) piden a la Generalitat que «se ponga las pilas» y reclame a los jueces que fijen una fecha para el juicio. «Cinco años y seguimos igual, no olvidamos que tres personas perdieron la vida injustamente por gente que hizo las cosas muy mal», señala el presidente de la FAVT, Alfonso López a ACN.

Una de las consecuencias más inminentes después de la explosión fue la recuperación del Plaseqta. Después de trece años con el plan especial de emergencias del sector químico tarraconense integrado en el Plaseqcat, el Gobierno aprobaba la primera semana de marzo el nuevo Plaseqta. De esta manera se simplificaban los escenarios previstos a la hora de tomar la decisión de activar las sirenas y el consiguiente confinamiento de la población. Además, el Plaseqta sitúa el edificio del 112 de Reus como sede desde donde coordinar la emergencia con la dirección recayendo sobre la delegada del Gobierno en Tarragona.

El jefe de servicio del Servicio Territorial de Protección Civil en Tarragona, Joan Carles Francès, remarca que el plan tarraconense supone «un cambio importante». «Desde hace más de un año ya tenemos un técnico las 24 horas los 365 días», además de una persona experta en riesgo químico que es quien gestiona la planificación, expone. «Aprovechamos la pericia de la gente del territorio a nivel técnico y de los operativos que intervienen, porque conocen mejor las instalaciones y pueden actuar de manera más rápida», valora el responsable.

A nivel de recursos técnicos, durante estos cinco años se han instalado catorce sirenas más de aviso de riesgo químico en varias poblaciones del Camp de Tarragona, se ha puesto en marcha el sistema ES Alert de aviso en la población a través de mensajes en el teléfono móvil y se está instalando una red de sensores por si se generan nubes tóxicos. Este sistema está previsto que entre en funcionamiento este año. «Tendremos información de manera rápida en caso de nube tóxica, no tendremos que esperar llamadas o llegadas de los servicios de emergencias a las instalaciones», destaca Francés.

Simulacros y concienciación ciudadana

La Federación de Asociaciones Vecinales de Tarragona (FAVT) ha convocado para este martes por la tarde una concentración delante de IQOXE con el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT. El presidente de la agrupación, Alfonso López, asegura que quieren «advertir» a la Generalitat y al sector de la industria química que en cinco años «nada ha cambiado mucho».

Desde la FAVT valoran positivamente el retorno del Plaseqta, pero su presidente subraya que volvió a Tarragona «desnuda». «Ahora llevamos cinco años trabajando para vestirla», dice. En cambio, Francés asegura que el plan ya está desplegado «casi al 100%», si bien a la vez «quizás van saliendo avances tecnológicos que será importante que se incorporen».

Con respecto a la concienciación ciudadana, López explica que con IQOXE pasó como con el atentado de Enpetrol en 1987: «no sabemos reaccionar». «La gente salió corriendo porque no había nada», señala. En este sentido, el responsable de Protección Civil hace «autocrítica» y reconoce que «la población tiene que ser más consciente de las medidas de autoprotección que se tienen que adoptar en caso de una emergencia química». Francés lamenta que en las sesiones formativas la asistencia es «muy escasa» y que el mensaje «no acaba de llegar a la población», por lo que apunta que seguirán trabajando.

Uno de los elementos que más ayuda en este ámbito son los simulacros. El último se hizo el 4 de diciembre y Francés subraya que quieren hacer uno cada año. López considera que habría que hacer más e insiste en explicar a todas las generaciones «dónde vivimos y qué hay que hacer si vuelve a ocurrir», sobre todo a los niños y sin olvidar a las personas mayores. Si se produjera una nueva emergencia química como la de IQOXE, Francés cree que la gente «reaccionaría diferente»: «hay mucha más información y con las alertas llegamos a mucha más gente, pero todo eso no descarta que un porcentaje de la población siguiera haciendo lo que creyera y quizás no seguiría estas indicaciones», considera.

Sin planes de evacuación

Paralelamente, desde la FAVT también recuerdan que no hay un plan de evacuación en caso de accidente químico y que la gestión de la emergencia pasa por el confinamiento de la población. «No se puede evacuar una ciudad como Tarragona», insiste López. Desde Protección Civil rechazan que se haga un plan de estas características porque valoran que en caso de accidente químico «no hay que evacuar, sino «confinar». «Las emergencias químicas son rápidas, el tiempo de reacción es muy corto y una evacuación es inviable, no seríamos capaces de hacerla», sostiene Francés.

Con todo, las asociaciones vecinales reclaman una legislación «más dura». Piden más inspecciones en el sector de la química «para dar fe que todo funciona bien». López también insiste en un régimen sancionador más elevado: «las sanciones mínimas no solucionan nada, para ellos es como pagar un café, y después pasa lo que pasa». Con respecto a la relación con las compañías, Francés defiende que siempre ha habido comunicación entre Protección Civil y la industria, pero manifiesta que a raíz del siniestro de IQOXE los protocolos se han mejorado. «Hemos trabajado más simulacros, hemos hecho más ejercicios, más reuniones, tenemos más mesas de trabajo y más periódicas, y eso hace que la relación siempre sea más fluida y más directa», finaliza.