El promotor del Hard Rock, ya sin alfombra roja, espera en silencio el plan urbanístico

Los promotores del Hard Rock, que han visto cómo el Parlament los ha revertido los beneficios fiscales previstos, esperan en silencio que el Govern apruebe el Plan Director Urbanístico (PDU) de los terrenos donde tendría que instalarse este macrocomplejo de ocio, en la provincia de Tarragona.

Esta semana se ha escrito el enésimo capítulo del devenir de un macroproyecto que ha condicionado de forma intermitente pero constante la política catalana en la última década, todo eso sin haberse colocado ni siquiera una primera piedra.

De Mas a Illa, pasando por Aragonès

En el 2012, en plena crisis, el presidente Artur Mas anunció al lado de Isidre Fainé (La Caixa) y el empresario Enrique Bañuelos (Veremonte) lo que se bautizó como BCN World, una alternativa al Eurovegas proyectado -pero nunca realizado- a Madrid y que preveía la construcción de seis casinos y seis hoteles.

El Parlament aprobó en el 2014 unas rebajas fiscales pactadas entre el Govern de Mas y el PSC. Bañuelos se desentendió después del proyecto, en uno de los controvertidos movimientos de su trayectoria empresarial, lo cual llevó Hard Rock a obtener en el 2018 con la autorización para la instalación y explotación del macrocomplejo, con unos planes descafeinados en relación con los iniciales.

En el 2016, el Govern aprobó un PDU, anulado parcialmente en el 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que ahora el ejecutivo de Salvador Illa tiene que reformular. Es el mismo PDU que precipitó la salida de Pere Aragonès del Palau de la Generalitat.

Sin alfombra roja, diez años después

PSC-Units, ERC, Comuns y CUP han eliminado esta semana en el Parlamento los privilegios fiscales aprobados una década atrás y han retirado así la alfombra roja que Cataluña extendió para que en los alrededores de PortAventura World se instalara un tipo de Las Vegas en pequeño formado.

Los últimos planes comunicados por Hard Rock contemplan dos hoteles, un casino, espacios para entretenimiento y espectáculos, así como una avenida comercial con tiendas, todo eso después de una inversión inicial de unos 700 millones que podría llegar a los 2.000 millones.

El Parlament no ha vetado el proyecto, pero sí que le ha puesto una importante traba: ha vuelto a situar el gravamen aplicable al juego en grandes casinos en el 55%, en vez del 10% que se fijó en el 2014.

De girar Aragonés a hacer mover al PSC

La mayoría de la investidura pudo aprobar esta modificación legal en el pasado mandato, pero entonces los socialistas no le daban apoyo. Isla sí que cedió este verano para asegurarse el aval de Comuns a su investidura.

La tramitación del PDU supuso, en el 2024, un obstáculo insalvable: Comuns pedía frenarlo para dar el suyo 'sí' a los presupuestos del Govern, pero eso habría eliminado de la ecuación al PSC, que había acordado las cuentas después de asegurarse de que Aragonès no estaba dispuesto a hacer marcha atrás. El fracaso del proyecto presupuestario llevó a Aragonès a adelantar las elecciones.

El Hard Rock también formó parte de los acuerdos del presupuesto de 2023 entre ERC y PSC, que pactaron semillas aprobar el PDU antes de que acabara el primer semestre del año, es decir, hace ya más de un año y medio.

El PDU sigue adelante, pero sin fecha

El Gobierno no cuenta con un «calendario determinado» para aprobar definitivamente este plan director, según afirmó el martes su portavoz y consellera de Territori, Sílvia Paneque. Sigue pendiente de un informe de impacto ambiental.

Los socialistas sostienen que la modificación legislativa de esta semana no comportará indemnizaciones (no opinan lo mismo algunos grupos de la oposición), pero advierten que no tramitar el PDU sí podría implicar consecuencias económicas (y no sólo eso, ya que no se estaría dando cumplimiento a una sentencia judicial).

El PDU de 2016 que ahora tiene que retocarse rebajó en un 25% los terrenos urbanizables en relación con los planes iniciales, hasta los 700.000 metros cuadrados, y redujo siete veces el espacio destinado a casinos.

¿Y una vez aprobado?

Si el informe pendiente resulta favorable, el Consorcio Intermunicipal de Vilaseca y de Salou será el primero que tendrá que validar el plan director, que después pasaría por la Comisión de Territorio de Cataluña.

En el plazo máximo de dos meses tendría que firmarse el contrato de compraventa de los terrenos: el comprador sería la sociedad BCN IR 3, con representante legal James F. Allen, empresario que aparece en los «paradise papeles», una investigación periodística que reveló una red de evasión fiscal.

Los terrenos son propiedad de Mediterranea Beach & Golf Community, filial de CriteriaCaixa, brazo inversor de La Caixa, pero formalmente se adquirirían a través del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que compraría y vendería los terrenos en un mismo acto, en una enrevesada operación financiera.