Los detenidos en la segunda fase de la operación Oikos quedan en libertad

Los ocho detenidos que comparecieron ayer, miércoles, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 oscense en relación con la segunda fase de la operación Oikos, el presunto tejemaneje de un partido de segunda división de la temporada 2017 entre el Reus y el Valladolid, quedaron en libertad con cargos después de ahogarse en declarar ante el instructor.

El primer a comparecer fue el contable de la Sociedad Deportiva Huesca, Carlos Laguna, y posteriormente lo hicieron el expresidente del club oscense, Agustín Lasaosa, el exjefe médico del equipo, Juan Carlos Galindo, la actual defensa del Real Zaragoza, y exrojinegro, Javier Pichu Atienza, el constructor Jesús Sanagustín, el jugador del Deportivo Íñigo López y su representante, Rodrigo Fernández.

Todos los representantes legales de estos investigados aconsejaron a sus respectivos clientes no declarar mientras esta parte del sumario continúe secreta con el fin de conocer las nuevas pruebas obtenidas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, y comparecer de manera voluntaria una vez levantado el veto.

Así lo confirmaron a los medios de comunicación los letrados de Lasaosa i Galindo, José María Fuster y Bernardo del Roser, respectivamente, a los que manifestaron, además, su extrañeza por la detención de sus clientes al estar procesados por esta misma causa y estar ya a la disposición del instructor. El juez decidió mantener las medidas cautelares acordadas para los detenidos en la primera fase de la operación, obligación de presentarse en el juzgado y fianzas, pero no las contempló para los arrestados en la segunda fase, Atienza, el contable y el constructor, a pesar de imputarles cargos por corrupción entre terceros en el ámbito deportivo y blanqueo. Según informaron a EFE fuentes judiciales, el mismo instructor fue quien informó previamente estos investigados de que no iba a tomar ninguna medida cautelar contra ellos a pesar de seguir estando a la disposición del juzgado.

La operación policial motivó la práctica de nuevos registros en las dependencias del Huesca y en las del constructor en busca de documentación y de soportes informáticos que pudieran determinar la existencia de pagos en negro o de facturas infladas. Las fuentes citadas señalaban que los agentes volvieron a reclamar al contable del Huesca las mismas facturas y documentación que ya habían entregado a la UDEF en la primera fase de la operación, así como otra nueva que no acreditaría en ningún momento la existencia de una «Caja B». Esta pieza separada del Oikos se apoya en una hoja manuscrita encontrados en el despacho del expresidente del Huesca en la cual se citan los nombres de diversos de los detenidos al lado de varias cantidades económicas conceptuadas como fondo o préstamos.

También permanece bajo secreto una tercera pieza en lo referente a los teléfonos encriptados que utilizaban algunos de los detenidos, enviados meses atrás a la empresa de Singapur que les vende para que facilitara el desencriptado de los datos. Las fuentes consultadas por EFE cuestionaron que esta empresa pueda facilitar por orden judicial los datos de estos teléfonos, valorado cada uno en más de doce mil euros, al fundamentarse su negocio en el secreto de las comunicaciones de los clientes.