Un nuevo pago eleva el coste de Castor a 1.760 MEUR

La factura por el fracasado almacén de gas submarino Castor sigue engordándose con la aparición de nuevas órdenes de pago del gobierno español en la empresa concesionaria del proyecto, Escal UGS. A los 1.460 millones de euros ya ingresados por la sociedad controlada por ACS -1.350 cerca la renuncia al proyecto y 110 como remuneración provisional hasta el 2012- se añadirán 295 por|para la retribución entre julio de este año y el decreto ley de octubre de 2014 que supuso la extinción de la concesión, así como 4,56 millones de euros más por|para el mantenimiento durante octubre y noviembre de 2014, cuando Enagás se hizo cargo de las instalaciones. Serán más de 1.760 millones de euros en total. La Plataforma Ciudadana en defensa de las Tierras del Sénia así como formaciones políticas como Compromiso y En Común Podemos han mostrado su indignación con la orden del Ministerio de Industria, que el gobierno español ha evitado hacer público, asumiendo el pago.

Emitida para|por el ministro de Indústria, José Manuel Soria, el pasado 17 de noviembre, un mes antes de las elecciones generales, la nueva orden ha trascendido únicamente a través de las referencias en el informe de cuentas anuales correspondientes a 2015 de Dundee Energy, la sociedad canadiense propietaria del 33% d'Escal UGS de la cuando|cuándo es socio mayoritario el grupo presidido por Florentino Pérez. De acuerdo con el informe, se trata de 253,3 millones de euros correspondientes a derechos retributivos durante el periodo de prueba comprendido entre julio de 2012 y el 4 de octubre de 2014, cuando se hizo efectiva la renuncia a la concesión. También se añaden 42,3 millones en concepto de «operación y mantenimiento». Los canadienses prevén que el pago de un 75% de estos 295 millones se haga efectivo a finales de este 2016 y, el resto, a lo largo de quince años con un interés del 1,2%.

Eso supone que el exconcesionario del proyecto Castor ha sido remunerado para operar el almacén, que nunca se ha puesto en marcha de forma efectiva, también durante el periodo de pruebas y el inicio de la inyección de gas colchón. Unas actuaciones que, según los informes técnicos oficiales y expertos independientes, acabaron generando más de un millar de terremotos en la zona poruna posible actuación negligente y sin el aval de un estudio sísmico, hechos que está investigando el juzgado de Vinaròs. La cifra de 295 millones de euros, de hecho, se añade a los 1.350 que Escal UGS ya recibió en noviembre del pasado 2014 fruto del decreto del gobierno español que extinguía la concesión. En realidad, el ejecutivo del PP reconocía en aquel momento un coste total de 1.460 millones: hasta el 2012, cuando el ministro José Manuel Soria puso en duda públicamente la viabilidad del proyecto y suspendió las retribuciones provisionales, había percibido 110 millones de euros, tal como recuerdan a los canadienses a su informe.

Todo, e incluyendo los 4,56 millones autorizados por Industria a finales de este 2015 en concepto de mantenimiento de las instalaciones durante octubre y noviembre de 2014, eleva los pagos autorizados al exconcesionario por el gobierno español además de 1.760 millones de euros. Aquí, sin embargo, tampoco se incluyen los 162 millones de euros que el gestor técnico del sistema, Enagás, avanzó para comprar el gas colchón inicial. Tampoco los diecisiete millones que ha costado la hibernación inicial ni el coste de mantenimiento anual. El bulto|abolladura, eso sí, ya se ha empezado a trasladar a los consumidores de gas a través de la factura de este 2016 con 101 millones de euros. Una deuda a pagar en 30 años, fruto de una operación financiera del gobierno español y Enagás con Bankia, Caixabank y Banc Santander para adelantar|avanzar los 1.350 millones de euros a Escal UGS, que l'OCU amaba|estimaba inicialmente 4.731 millones. Ahora, con los nuevos pagos ocultos, la Plataforma Ciudadana en defensa de las Tierras del Sénia teme que podría dispararse ya por encima de los 5.000.

Con el dinero recibido en noviembre de 2014, el exconcesionario pudo devolver «parcialmente»los 1.434 millones de euros recibidos a raíz de una emisión de bonos amparada y participada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), organismo público de la Unión Europea, después de no haber podido poner en marcha el almacén antes de esta fecha, tal como se había comprometido porcontrato. Sin embargo, según admite Dundee Energy, esta cantidad no habría sido suficiente para cubrir los gastos generados por la operación de financiación. En este sentido, el socio mayoritario, ACS, impulsó Escal UGS a suscribir un crédito de 300 millones para pagar 60 millones de euros pendientes en intereses de la operación de los bonos. Los 240 millones restantes se destinaron a devolver los bonos a los accionistas de ACS. La maniobra ha abierto la guerra interna entre los accionistas del antiguo concesionario: los canadienses llevaronACS a los tribunales internacionales, sometiendo el caso al arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio de París.

Más de 5.000 millones sobre los consumidores

La noticia de los nuevos pagos ha sido recibida con profunda sorpresa e indignación por parte de la Plataforma Ciudadana de las Tierras del Sénia. «Un gobierno que está en funciones paga y, además, no lo hace público con bombo y platillos, como sería su obligación. Sigue la misma tónica que ha seguido el proyecto Castor: desinformación, las cosas por debajo mano, sin explicaciones, sin lógica, favoreciendo una única empresa. El gobierno olvida que los que le pagamos el sueldo somos todos los españoles y en los que tiene que informar es a los españoles y no en una empresa privada», ha lamentado el portavoz Evelio Monfort, subrayando que la noticia ha trascendido únicamente después de aparecer al informe anual de cuentas de Dundee Energy. Monfort ha recordado los gastos añadidos a los 1.760 millones que el gobierno español no contabiliza y sospecha que se autorizan de forma progresiva, «poco a poco, para que nadie pueda saber realmente la cantidad que acabaremos pagando». Cree que el coste del fracasado proyecto de almacén de gas submarino superará los 5.000 millones de euros para los consumidores.

La noticia también ha desencadenado reacciones entre algunos partidos políticos, principalmente de la izquierda. Así, en Común Podemos ha pedido ya la comparecencia en el Congreso del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, para que dé explicaciones sobre el pago que acordó de espalda a la luz pública. Recriminan al gobierno español que firmara un contrato porel cual los consumidores y contribuyentes tengan que asumir las pérdidas por|para el fracaso de un negocio privado capitaneado por Florentino Pérez. Desde la Comunidad Valenciana, Compromiso ha exigido al gobierno español que revele la cifra final de la factura del Castor y le recrimine que haya tenido conocimiento por|para los informes contables de Dundee. Consideran el proyecto Castor como una «deuda impropia» y recuerdan que, en un primer momento, se estimaba su coste en 500 millones de euros.

En este sentido, la formación también ha pedido al ejecutivo del PP que derogue la orden del Ministerio de Industria que supone cargar sobre los usuarios y consumidores los costes del fracasado almacén de gas natural. Una responsabilidad que «correspondería asumir tanto en la empresa como la clase política que dio apoyo al proyecto y lo facilitó», recalca al senador de Compromiso, Carles Mulet, todo calificando el proyecto de «pelotazo» y de «insulto la socialización de la deuda.