Citan a declarar un técnico del Ministerio de Medio Ambiente como investigado por el Caso Castor

Con veinte investigados por supuestos delitos ambiental y de prevaricación ambiental –entre los responsables del exconcesionario Escal UGS, altos cargos y funcionarios estatales-, más de 13.000 folios y declarado como causa compleja, el juez Sebastián Isael Pla abre una nueva fase de citaciones hasta entre finales de mayo y principios del mes de julio al mismo tiempo que requiere más documentación para seguir avanzando en las diligencias previas. Lo hace asumiendo la demanda formulada por Fiscalia. El ministerio público argumenta que la cita|citación como investigado de Muñoz –que tiene que prestar declaración el próximo 30 de mayo- está relacionada con el contenido de la declaración del pasado mes de noviembre de otro investigado, el subdirector adjunto de Calidad y Evaluación Ambiental, Miguel Aymerich. Este último rechazó ante el juez de Vinaròs que la mencionada dirección general del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino fuera la responsable de estudiar el riesgo sísmico en la tramitación de la evaluación de impacto ambiental del almacén de gas submarí. El proyecto Castor superó este procedimiento en octubre 2009 sin que el gobierno español requiriera en ningún momento un informe sísmico, a pesar de las advertencias de organismos científicos documentadas desde el inicio del trámite, el año 2005. El director general de Calidad y Evaluación Ambiental, José Manuel Escanilla, también investigado en el caso, sacó pelotas fuera asegurando que la empresa tenía que haber mencionado este peligro y, en cualquier caso, tendría que haber sido el IGME el responsable de estudiarlo. De hecho, y siguiendo el criterio de Fiscalia, el juez también cita a declarar como investigado el exdirector general d'Escal UGS y principal responsable técnico del proyecto Castor, Carlos Barat. Será al día siguiente de la declaración de Muñoz, el día 31 de mayo. Aparte de estas nuevas declaraciones de investigados, Fiscalia quiere seguir también estirando el hilo de la responsabilidad del IGME en el caso. En este sentido, el juez ha citado como a declarar el próximo 1 de junio, en este caso como testigo, al expresidente del organismo, Carlos Martínez Alonso, por|para el convenio de colaboración con la Dirección General de Calidad y Evaluación ambiental de julio de 2009. El IGME fue el encargado de validar técnicamente el proyecto el año 2007 para que obtuviera la concesión administrativa del Estado español con un informe donde asumía acríticamente los planteamientos de la empresa concesionaria y que en ningún momento ponía sobre la mesa su potencial riesgo sísmico. Los cuatro autores y el exdirector general de Política Energética y Minas, Jorge Sanz, han pasado también yapor el juzgado de Vinaròs como investigados en el caso poreste documento. Precisamente, en su declaración judicial el pasado noviembre, Sanz transfirió al entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino la responsabilidad de estudiar el riesgo sísmico. Ahora, el titular del juzgado de Vinaròs cita también a declarar el 4 de julio cuatro trabajadores de la empresa UROS –Ana Montero, Carlos Suárez, Rafael Orofino y Ricardo Carmona- como responsables de elaborar y redactar el mencionado estudio de impacto ambiental por encargo d'Escal UGS y en el cual se descartaba de lleno cualquier peligro de terremotos porlas inyecciones. Por otraparte, el juez ha citado a declarar el próximo 2 de junio, también como testigo, Arantza Ugalde, la autora de las alegaciones efectuadas por el Observatorio del Ebro al inicio del proceso de evaluación de impacto ambiental el año 2005. Se trata del primer documento oficial incorporado a la tramitación que ya advertía explícitamente que la instalación del almacén de gas submarino en la costa del Ebro y del Maestrat requería un estudio sísmico previo y un proceso de monitorización. Un seguimiento que acabó asumiendo el mismo Observatorio, fruto de un convenio de colaboración con Escal UGS por valor de 58.000 euros anuales a lo largo de diez años y la instalación de dos sismógrafos. El director del organismo que firmó el contrato, Joan Miquel Torta, ha sido citado para declarar como testigoel próximo 2 de junio. El mismo día también testificarán los responsables y científicos del Observatorio que se comunicaron con los responsables del exconcesionario durante la crisis sísmica a partir de septiembre de 2013: Estefania Blanch, David Altadill y Juan José Curto.

El juez pide información sobre el gasoducto anulado

La lista de testigoscitados se cierra con la citación del presidente de la Plataforma Ciudadana en defensa de las Tierras del Sénia, Joan Ferrando, el día 1 de junio. El mismo día prestará también declaración el empresario agrícola Mariano Suñer, uno de los principales afectados porla implantación de la planta terrestre del proyecto Castor y que abrió una batalla administrativa y jurídica en varios frentes contra el gobierno español y la empresa concesionaria. De hecho, el juez ha solicitado al Ministerio de Agricultura copia del expediente por el cual se autorizó, sin someter el proyecto la pertinente evaluación de impacto ambiental, el gasoducto de interconexión entre la planta terrestre y la red general. Fue el mismo Suñer quien consiguió que la Audiencia Nacional declarara como nulo el procedimiento, un extremo que el Tribunal Supremo acabó ratificando hace pocos meses. Por primera vez, además, el juez de Vinaròs cita como testigo|testimonio a una técnico de la Generalitat de Catalunya, administración que fue marginada sistemáticamente del proceso de tramitación del proyecto Castor a pesar de las afectaciones por su proximidad. Se trata de Àngels a Gómez, del Área de Proyectos de la Dirección General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad, autora del informe de alegaciones emitido el año 2008 por la Generalitat reclamando al gobierno español la elaboración de un estudio geológico y de riesgo sísmico para el proyecto por parte del InstitutGeològicde Catalunya.

El informe del MIT

Aparte de los trece testigos, también declararán, en este caso en calidad de peritos, los autores de los informes del IGME -Julián García y Juan José Durán- y el IGN -Emilio Carreño, José Manuel Martínez Solares y Vicente Cantavella- encargados por el gobierno español a raíz de la crisis sísmica. Los dos estudios concluyeron que fue las operaciones de inyección de gas colchón al proyecto Castor causaron una oleada sísmica de más de un millar de terremotos a partir de principios de septiembre de 2013. El IGME, incluso, fue más allá cuestionando que Escal UGS respetara las buenas prácticas acordadas por la industria en estos casos y sugería que no se habían estudiado adecuadamente las condiciones geológicas para poder sacar el proyecto adelante con garantías de seguridad. El juez, además, ha pedido al Seprona de la Guàrdia Civil que requiera al Ministerio de Industria información sobre el estado del informe solicitado al Massachusetts Institute of Technology (MIT) y, en caso de que se haya finalizado, aporte una copia íntegra o una justificación del por qué todavía no se ha elaborado. Según el gobierno español, este estudio, encargado por Enagás como responsable del mantenimiento e hibernación de las instalaciones, tiene que permitir determinar si el proyecto Castor se tendrá que cerrar definitivamente y desmantelar o si, por el contrario, podría modificarse y ponerse en marcha. La compañía informó hace unos meses de que no dispondría del documento hasta el segundo semestre de este 2016.Per último, el juzgado exige también a Escal UGS que aporte la filiación, los cargos y funciones de los operarios que trabajaban a la plataforma marina en el momento de la tercera fase de inyección del gas colchón, en septiembre de 2013, proceso que acabó ocasionando la oleada sísmica.