Quieren reabrir el caso del escape de partículas de Ascó por los informes contradictorios sobre el riesgo

Casi un año después de que el juzgado de Gandesa archivara provisionalmente la investigación por el escape de partículas radiactivas de la central nuclear de Ascó, Fiscalía y las acusaciones ejercidas por Ecologistas en Acción y Greenpeace esperan todavía la resolución de los respectivos recursos. El principal argumento del auto judicial, del 21 de octubre de 2015, era que no se había podido probar que la liberación de estos elementos en el medio habría tenido efectos perjudiciales sobre el medio y las personas. El fiscal y las acusaciones quieren que el caso llegue a juicio y reprochan que el juez hiciera prevalecer los argumentos de los informes aportados por los investigados, minimizando las consecuencias, en detrimento de otros que los contradecían. De hecho, argumentan que el riesgo generado por el mismo escape de partículas en el exterior, que se produjo en noviembre de 2007 pero no fue comunicado hasta abril de 2008, ya sería constitutivo de delito. En el caso fueron citados como investigados dirigentes, técnicos del complejo atómico e inspectores del CSN por los presuntos delitos de emisiones radiactivas, falsedad documental y contra la seguridad en el trabajo.

En el recurso de reforma presentado pocos días después del auto de archivo, el Fiscal de Medio Ambiente de Tarragona, Ignacio Monreal, reprocha al juez de forma contundente que acabe malinterpretando o ignorando los extensos argumentos planteados por el ministerio público y las acusaciones –principalmente, a partir de la tarea del investigador del CSIC Eduard Rodríguez-Farré y el entonces dirigente de Greenpeace Carlos Bravo-. Los dos expusieron sus informes y ratificaron en sede judicial la gravedad del caso así como los riesgos del escape de partículas de la nuclear de Ascó. Pero su aportación no acabó apareciendo, o lo hizo de forma parcial y sesgada, en el auto de archivo. Un argumento también central del recurso de Ecologistas en acción, en el cual se acabó añadiendo Greenpeace. Tanto el fiscal como las acusaciones señalan que el archivo del caso no se puede sustentar en la «inexistencia de resultados» que valoren las consecuencias directas del escape, como argumentaba la defensa, que calificaba de inapreciable el riesgo pero sin negar tajantemente la existencia. Tampoco por la falta de una cuantificación exacta de la radiación realmente emitida: se recogieron más de 1.700 partículas pero se desconoce las liberadas. «Con la sola posibilidad de que existiera riesgo de contaminación el medio o las personas estaríamos ante delito», remacha en esta misma línea el abogado de Ecologistas en acción, Luis Oviedo, a quien reprocha al instructor haber confundido los conceptos. Monreal recuerda, en este sentido, que los «resultados» de las radiaciones se pueden acabar produciendo «años después» o en el «futuro», con posibles mutaciones celulares. Por todo ello, creen que ante la existencia de informes contradictorios y la falta de conclusiones claras el juez no podía en ningún caso amar|estimar la petición de sobreseimiento efectuada por la defensa, haciendo prevalecer el contenido de sus informes periciales. En este sentido, fiscalía y ecologistas reclaman al juez, tal como se planteó durante las diligencias, que solicite un informe a un organismo independiente internacional. Desde el auto del pasado otoño, sin embargo, el caso se encuentra archivado, aunque provisionalmente, y no se ha practicado ninguna diligencia más. Lo que no se puede hacer en ningún caso es dar más credibilidad a uno que al otro y archivar. No, mire: eso que lo haga el juez que tiene que juzgar, no lo que tiene que «instruir», insiste el abogado de los ecologistes.

Requerimiento pendiente

Los recursosde reforma todavía pendientes de resolución hacen también referencia al sobreseimiento de los supuestos delitos contra la seguridad de los trabajadores y falsedad documental. Fiscalia critica que la resolución de archivo no hace «ninguna referencia» a los hechos denunciados por estos dos supuestos. Respecto del posible delito contra la seguridad de los trabajadores, Oviedo recuerda que, a pesar del requerimiento judicial, ANAV –la Asociación Nuclera Ascó-Vandellòs II, empresa que gestiona el complejo atómico- no acabó aportando los datos relativos a la identidad de los trabajadores que efectuaron la maniobra de vaciado del aspirador que acabó liberando las partículas, la empresa que los había contratado, la encargada de limpiar las zonas contaminadas y varios técnicos. Esta información, añade, tenían que permitir conocer a quien|quién era responsable de haber facilitado los medios de protección necesarios a los trabajadores o si tenían formación específica y determinar la existencia de posibles infracciones. «El sobreseimiento es prematuro porque no se han practicado todas las diligencias de prueba necesarias», subraya en este aspecto el recurso de los ecologistas.

En el caso de la falsedad documental, los ecologistas consideran que existían indicios suficientes para sustentar la acusación. Nuevamente, según Oviedo, la identificación y posterior declaración de los técnicos mencionados anteriormente tenía que permitir aclarar este extremo. «No existe ninguna duda de la manipulación del monitor y de los límites de alarma que permitieron, no el escape, pero sí que pasara desapercibida y se escondiera a los inspectores residentes y se desarrollara con todos los trabajadores de la central en sus lugares|sitios, sin que se adoptaran medidas adecuadas y legalmente exigibles», relata el recurs.

Aún admitiendola «dificultad» de valorar globalmente todas las implicaciones de la investigación, con un considerable volumen de declaraciones e informes periciales que han pasado por las manos de tres instructores diferentes a lo largo de los años –incluso el recurso tiene que ser resuelto por un juez diferente que el responsable del auto de sobreseimiento -, el Fiscal cuestiona que la resolución poniendo fin ala fase de instrucción de las diligencias previas llegue fruto de la respuesta a un recurso de sobreseimiento por parte de la defensas y no de una valoración global de las diligencias. Con anterioridad al auto, Monreal había pedido que se archivara la investigación en relación con los inspectores residentes del CSN, un hecho que, reprocha, el instructor no reflejó al auto.