Juzgan a doce individuos dedicados al tráfico de hachís en las Tierras del Ebro

La Audiencia de Tarragona juzgará en noviembre a doce individuos que se dedicaban al abastecimiento y suministro de hachís en el Baix Ebre y el Montsià. Los procesados, paraquienes la fiscalía solicita penas de entre seis y quince años de prisión, fueron detenidos por la Guardia Civil en marzo del 2011. Los hechos se iniciaron cuando, ante la presencia policial, una organización decidió tirar en el mar un cargamento de hachís que pretendía introducir en Cataluña. Posteriormente, otro grupo de narcotraficantes entre los cuales había buzos profesionales tuvieron conocimiento de los hechos y recuperaron varios abarrotes con unos 850 kilos de hachís valorados en 1,24 MEUR delante de la costa de l'Ampolla (Baix Ebre). Este segundo grupo contactó con terceras personas para que vendieran la droga, pero sin saberlo, la ofreció a un miembro de la organización que se había tenido que deshacer del cargamento. Cuando este individuo pudo comprobar que las muestras que le ofrecían coincidían con lo que habían tenido que tirar en el mar, intentó recuperar la droga en compañía de otro individuo que llevaba una pistola.

La investigación se inició a raíz de las escuchas telefónicas realizadas sobre unos individuos relacionados con la introducción de billetes falsos. Los billetes, mayoritariamente de 50 euros, se falsificaban en el Reino Unido y después se importaban con la intención de distribuirlos a la demarcación de Tarragona. De hecho, se constató que se habían introducido cinco billetes de 50 euros en comercios de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). Las indagaciones policiales permitieron a la Guardia Civil descubrir que los implicados se dedicaban a comprar y distribuir droga entre intermediarios y consumidores finales, casiadiario.

En paralelo, una organización de supuestos traficantes habría intentado efectuar un contrabando de hachís en la costa del Baix Ebre, pero ante la presencia policial, decidió retroceder y tirar toda la droga en el mar. Un segundo grupo de narcotraficantes que contaba con buzos profesionales tuvo conocimiento del contrabando abortado y decidió hacerse con el cargamento. La droga la trasladaron a un domicilio de l'Ametlla de Mar que tenía conexión directa en el mar y, posteriormente, la llevaron a una finca del municipio de Tivissa (Ribera de Ebro) para secarla y ocultarla.

Intento de venta frustrado

Esta segunda organización decidió contactar con otras personas del ámbito del narcotráfico para dar salida al hachís recuperado del fondo del mar, entre ellos al acusado de falsificación de moneda. Después de numerosos contactos, finalmente lo habrían ofrecido a uno de los miembros del grupo que tuvo que abortar el contrabando. Cuandoeste hombre lo descubrió, fingió que estaba interesado al negociar la compra de la droga y se reunió con miembros del otro grupo acompañado de otro individuo conocido como'el rumano' que no ha podido ser identificado. A la hora de la verdad, sin embargo, 'el rumano'exhibió una pistola y el acusado los amenazó de muerte aduciendo que la droga que habían encontrado los buzos era suya.

Uno de ellos, sin embargo, pudo avisar a la policía y la intervención de la Guardia Civil evitó que se produjeran daños físicos y que la droga acabara repartida por Europa, ya que el objetivo era venderla a Italia e Inglaterra, además del Baix Ebre y el Montsià, según la investigación policial. Posteriormente, miembros de la unidad de actividades subacuáticas de la Guardia Civil localizaron en las costas de l'Ampolla (Baix Ebre) otros cinco abarrotes que la segunda organización no habría encontrado, con 190 kilos de hachís valorados en casi 278.000 euros.

Penas de entre seis y quince años de prisión

Los procesados son nueve vecinos de l'Ametlla de Mar -siete de nacionalidad española, uno del Reino Unido, y uno de Marruecos; un vecino de Cambrils de nacionalidad argentina; un vecino de Sant Carles de la Ràpita, y un vecino de Sant Jaume d'Enveja.

La fiscalía acusa en Steven Paul J., Khalid B., Xavier B.P., Joaquín B.B., Juan Luís B.V., José Antonio M.D., Jordi M.T., Diego Alejandro L., Francisco M.P., José Francisco P.P., Carlos P.G. y Miguel Ángel S.F. de los delitos contra la salud pública y de integración en grupo criminal. Además, en Steven Paul J. también lo acusa de un delito de falsificación de moneda y, al individuo que profirió amenazas con el fin de recuperar la droga, Miguel Ángel S.F., le suma un delito de amenazas.

Para el delito contra la salud pública, el ministerio fiscal solicita penas de 4 años de prisión para diez de los individuos y una multa de más de 6 MEUR. Para los procesados Joaquín B.B. y Miguel Ángel S.F., la pena es de 4 años y medio de prisión y una multa también de más de 6 MEUR, dado que eran reincidentes y ya habían sido condenados anteriormente por delitos contra la salud pública. Para el delito de integración en grupo criminal, el ministerio fiscal solicita dos años de prisión para cada uno de los doce individuos. Además, para Steven Paul J. solicita 9 años de prisión y una multa de 2.500 para el delito de falsificación de moneda, mientras que solicita otros dos años de prisión por Miguel Ángel S.F. porun delito de amenazas.

La celebración del juicio está fijada para los días 4, 7, 8, 9 y 10 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia de Tarragona.