Impulsan un juicio popular contra el proyecto Castor

Varias agrupaciones bajo el nombre de VOLT3, con organizaciones como la Plataforma en defensa de las Tierras del Sénia y Afectados por la plataforma Castor (APLACA) han impulsado un juicio popular contra el proyecto Castor. El juicio, previsto para junio del 2017 en Barcelona, es «simbólico» pero tiene la intención de hacer seguir haciendo presión a las administraciones para que se reviertan las consecuencias actuales del proyecto. La primera citación se ha hecho este sábado de manera representativa en el complejo en Vinaròs, dirigida a Florentino Pérez, presidente de ACS, accionista mayoritario del gestor de Castor, Escal UGS. También señalan al gobierno español y al Banco Europeo de Inversiones. Blanca Bayas, de VOLT3, ha señalado que «los mil terremotos» que se produjeron en el territorio no se pueden revertir pero sí que se puede exigir «el desmantelamiento de la plataforma». También reclaman que los ciudadanos no tengan que pagar «los fracasos» mediante un peaje a la factura del gas.

El juicio popular está impulsado por los organizadores del VOLT3, que conforman la Red para la Soberanía Energética (XSE), el Observatorio de Deuda en la Globalización de la Deuda (ODG) e Ingeniería Sin Fronteras (ESF), conjuntamente con las plataformas locales, como la Plataforma en defensa de las Tierras del Sénia y APLACA. Una setentena de personas han entregado, pasando por debajo de la puerta del complejo en Vinaròs, un sobre simbólico con la citación judicial a nombre de Florentino Pérez, presidente de ACS, que posee el 66,6% de las acciones d'Escal UGS. Al acto se han leído pancartas con lemas como «Ni siete ni oscuridad, que Florentino pague el Castor» o «No pagaremos vuestro fracaso».

Con respecto al gobierno español, VOLT3 apunta al gobierno español como segundo responsable. Particularmente, en el ministerio de Indústria, por prevaricación ambiental, mala administración y ayuda estatal encubierta. Con respecto al Banco Europeo de Inversión, los grupos lo acusan de prevaricación ambiental, generación de deuda ilegítima y de refinanciación del modelo de gas a Castor por emisión de bonos.

Mònica Guiteras, del VOLT3, explica que el juicio tiene que servir para denunciar la existencia de una «deuda ilegítima» a raíz de la indemnización a pagar por parte del Estado a Escal UGS, que pagan los ciudadanos a través de un peaje en el recibo del gas. «Nos hace pagar los fracasos cuando las cosas no van bien», ha lamentado Guiteras, que ha añadido que, además, «causa malestar e impacto ambiental a la población y al territorio». «No pensamos pagar su deuda», ha protestado. La indemnización en Escal UGS es de unos 1.440 MEUR.

«Florentino ya ha cobrado una millonada y lo tendremos que seguir pagando durante años, pero también medioambientalmente», ha añadido Joan Ferrando, de PDTS, que ha explicado que «toda la cantidad de hierro que hay es inútil porque ni funciona ni funcionará, y todo lo que hay dentro del mar y no podemos ver». «Podemos decir que toda esta planta es ilegal porque no se adecua al permiso de obras que le dio el Ayuntamiento de Vinaròs», ha recordado Ferrando ante el complejo, que ha avisado de que «podría ser que el consistorio de Vinaròs tuviera que desmantelarla y pagarlo entre todos».

El juicio popular también permitirá dar voz a todos los ciudadanos, exigir un control ciudadano y control y negligencias en el proyecto Castor, además de pedir el desmantelamiento de la plataforma. «No para ser simbólico deja de ser importante», ha añadido Bayas. Por otra parte, Evelio Monfort, de la PDTS, ha apuntado que «al menos servirá para poner la cara encarnada a alguien».

La intención es que en el proceso popular estén como testigos los afectados, como la PDTS o APLACA, y algunos ayuntamientos del territorio. Por otra parte, el tribunal será constituido con personas especializadas en deuda ilegítimo y que formen parte del mundo mediático, según VOLT3. Al juicio, aparte del proyecto Castor, se incluirán otros casos relacionados con la empresa que también tienen un impacto medioambiental. Serán casos como proyectos de AVE en otras comunidades o la desaladora de Murcia, así como de otros estados, como una hidroeléctrica (Hidroeléctrica Renace) en Guatemala. El juicio será abierto a todo el mundo.

La PDTS y APLACA han negado que inicien un procedimiento judicial popular por desconfianza al proceso abierto al Juzgado de Instrucción de Primera Instancia de Vinaròs que lleva la causa. «Estamos convencidos de que habrá una sentencia condenatoria: a la administración y al Estado no lo sé; pero en la empresa, sí», ha afirmado convencido Ferrando. «Un juez es un juez», ha defendido, a la vez que ha celebrado que la causa se investigue desde el juzgado de Vinaròs y no desde Madrid, como se llegó a apuntar.

Bayas, en cambio, ha afirmado que la ciudadanía del territorio se merece un «juicio justo», como podría ser uno popular, y considera que lo que se está haciendo a los juzgados de Vinaròs está hecho a medida de las empresas. El viernes se conoció que el juzgado de primera instancia de Vinaròs ha desestimado el recurso presentado por la empresa concesionaria del proyecto Castor contra la personación de la Asociación de Afectados por la Plataforma Castor y, así, permite que continúe como acusación particular.