El juez del caso Castor descarta por ahora imponer una fianza a los investigados

El juez de Vinaròs encargado de investigar los terremotos y las supuestas irregularidades en la tramitación del proyecto Castor ha rechazado, de momento, fijar una fianza por responsabilidad civil de poco más de 1.000 millones de euros en los investigados en el caso, tal como había pedido la acusación particular ejercida por la Plataforma de Afectados para|por el Proyecto Castor (Aplaca).

El actual titular del juzgado número 4 de Vinaròs considera en el auto que el establecimiento de esta fianza es «excesiva» y, además, cree que resulta «prematura» en la actual fase del proceso, pero no descarta aplicarla más adelante. Aplaca solicitó la medida a finales del pasado mes junio para que el Estado español y la empresa promotora Escal UGS, así como sus matrices –el grupo ACS, Castor Limited Partnership y Dundee Energy- fueran declarados responsables civiles directos y aportaran, en caso de ser condenados, 1.035.408.000 euros –resultado de multiplicar 12.000 euros por los habitantes de los municipios del Montsià y el Bajo Maestrat afectados– por los daños físicos y morales causados por los terremotos a raíz de la inyección de gas en el almacén submarino. Unos seísmos que el juez califica literalmente como «presuntos» al auto.

Las defensas de la veintena de investigados, la abogacía del Estado y la Fiscalía se opusieron activamente a esta petición porque, según argumentaban, los daños morales no se podían acreditar, la cuantía es excesiva y resultaba prematura la medida. Aduce, además, que Aplaca «no cuenta actualmente con más de cuatro miembros considerados como perjudicados en el presente procedimiento».

Sin embargo, el juez, el cuarto que se hace cargo de la investigación del caso Castor, les ha acabado dando, en este momento la razón, sin descartar «que en un momento posterior uno» pueda, «en efecto, acordarse» la medida. «No se puede descartar la posibilidad de daños morales, vista la naturaleza de los delitos que se investigan», añade. En este sentido, recuerda el caso de un matrimonio que, inicialmente, se presentó como acusación porque, denunciaban, que los seísmos habían interferido en su vida habitual.