El final más digno posible para la Cooperativa de l'Aldea

Vender los activos al mejor precio posible y enterrar la entidad «con honores». Estos son los principales objetivos que se ha marcado el actual presidente de la Cooperativa de l'Aldea, Miguel Carles, al cargo desde el pasado mes de julio. Después de los contratiempos experimentados últimamente en el terreno judicial, Carles explica en una entrevista en el ACN que estas son las únicas opciones viables para poder devolver 3,5 millones de euros a los impositores afectados por la quiebra de la sección de crédito, justo ahora hace cinco años. Con una plantilla recortada hasta al mínimo, abandonada la onerosa explotación de tierras y la contratación de un nuevo gerente, los responsables de la entidad aseguran que ya no pierden dinero con la comercialización de productos agrarios. Las cifras, sin embargo, se encuentran muy lejos para llegar a cumplir los compromisos marcados en el convenio aprobado mayoritariamente por los acreedores. El nuevo presidente confía en que la venta de activos pueda aportar entre 5 y 6 millones de euros a la entidad y así cubrir la deuda con los impositores: de 4,5 a 3,5 millones de euros para que una parte importante de los afectados, principalmente los que no suscribieron el convenio, tendrán que asumir un finiquito del 50%, y con las entidades bancarias, cifra que asciende a los 800.000 euros.

Cinco años después de que los socios e impositores de la entidad despertaran de un día para el otro atrapados en la pesadilla del bloqueo de sus cuentas y ahorros, la Cooperativa de l'Aldea intenta levantar la cabeza para, paradójicamente, tal como se suscribe al actual presidente, «poder enterrarla con todos los honores» tan pronto como sea posible para «olvidar y pasar página» después de una «mala experiencia». «La Cooperativa está ganando dinero, pero no son suficientes para pagar lo que se debe: por mucho que trabajamos no podremos acabar de pagarlo nunca», declara Carles, que se dedica a la producción de moluscos –es, de hecho, presidente de la Federación de Productores de Moluscos del Delta del Ebro, Fepromodel-. Aparte de los actualmente 3,5 millones –la entidad ya ha aplicado a su contabilidad el finiquito de los socios que se adhirieron al la opción A del convenio o los que, directamente, no se adhirieron a ninguna de las dos vías-, 800.000 créditos en entidades bancarias, principalmente por un crédito hipotecario pendiente.

Durante los últimos meses, la expectativa de una resolución del proceso judicial con relativa celeridad se ha acabado desvaneciendo después del reciente auto de la Audiencia de Tarragona en la cual exigía al juzgado número 1 de Tortosa, encargado de la investigación, reformular los cargos que pesan sobre los investigados justo cuándo el caso estaba a punto de llegar a la fase de apertura de juicio oral. Todo un golpe para las aspiraciones de los afectados y de los responsables de la entidad de resarcir, al menos, una parte del dinero que continúan entrampados. «Mientras hayan demandas en el juzgado tenemos que esperar sentencias», recuerda Carles quién, por otra parte, entiende que, mientras tanto, la Cooperativa, con una estructura de personal y productiva redimensionada a la baja –de unos 26 a seis trabajadores y centrada exclusivamente en la comercialización de verduras y hortalizas, abandonando el cultivo- sigue funcionando pero sin perspectiva que las cuentas puedan cubrir los compromisos del concurso, que se tienen que empezar a hacer efectivos en poco más de un año.

En este contexto, la junta rectora ha optado por dar un paso decidido adelante ninguno una de las soluciones que ya se habían insinuado durante los últimos años pero que quedó relegada delante la supuesta voluntad en mantener, en toda costa, la actividad agraria de la entidad como garantía de retorno de los ahorros de los impositores y pago de las deudas. Es decir, la venta de los activos de la entidad. «Nosotros seguimos adelante. Sin embargo, seamos realistas: por mucho que movemos, no podremos pagar el dinero que debemos. ¿Tenemos que pedir créditos? ¿Volver a enredarnos? No. Hacemos la propuesta: un buen estudio, recibimos y analizamos las ofertas», defiende. «La Cooperativa tiene bastante activos», recuerda. Terrenos, almacenes y cámaras frigoríficas, básicamente. En caso de que se produjera la transacción, tendría que ser autorizada por el juez del Mercantil de Tarragona. «Según nuestros asesores, se puede vender si estamos de acuerdo, siempre y cuando el dinero vaya a los impositores, que por eso se ha hecho», indica.