ERC denuncia que los planes de emergencia nuclear están «obsoletos»

Zonas sin cobertura de móvil que se tienen que cubrir con coches equipados con megáfono, vías de tren con velocidad reducida al mínimo, carreteras de evacuación que no conducen a ningún lugar y alcaldes que no saben hacia donde dirigirían a sus vecinos en caso de accidente grave. Éste es el panorama que vecinos y ayuntamientos de los municipios de las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona más próximos a las centrales nucleares catalanas, Ascó y Vandellòs, denuncian ante la posibilidad de un accidente.

Los planes de emergencia nucleares diseñados en los años 80 no se han acabado de implementar y han quedado obsoletos en muchos aspectos. Eso es lo que el grupo parlamentario de Esquerra Republicana llevará al Congreso de los Diputados en forma de proposición no de ley. Quieren que se actualicen estos instrumentos y se doten de recursos de forma efectiva. Además, creen necesario, especialmente después de la experiencia de Fukushima, ampliar el radio de la zona más próxima a los complejos atómicos de los municipios incluidos hasta unos 20 kilómetros de distancia.

Cobertura de telefonía

La existencia de numerosas zonas de sombra en la cobertura de telefonía móvil es uno de los problemas más habituales que señalan vecinos y ayuntamientos de las áreas próximas a las centrales nucleares, especialmente en la zona de Ascó. Unas redes, además, apuntan a los alcaldes, «que se suelen colapsar fácilmente en momentos de uso más elevado del habitual», como festivos señalados, especialmente si tienen que cubrir núcleos de población próximos de unos 100.000 habitantes, como sería el caso de la ciudad de Reus –dentro del radio de 30 kilómetros de Vandellòs. Estas disfunciones impiden, según remarca la propuesta parlamentaria de los republicanos, poder usar esta tecnología para avisar en zonas urbanas o en las rutas de evacuación en caso de tener que activar los planes actuales. «No tiene sentido ir con un megáfono sobre el coche avisando a los campesinos por todas partes. Eso, hoy en día no toca», resume el diputado de ERC en el Congreso, Jordi Salvadó. Por si fuera poco, no todos los sistemas de megafonía de los núcleos urbanos funcionan adecuadamente ni llegan a todos los rincones.

Los republicanos se han comprometido a hacer un inventario de todas estas carencias para trasladarlas a los responsables de la seguridad nuclear estatal, a quienes acusan abiertamente de «despreciar» un territorio que concentra el 50% de la producción de energía nuclear estatal. Las incidencias detectadas en las centrales catalanas durante los últimos años y el accidente de Fukushima, en Japón, el pasado 2011, han cambiado la perspectiva generando una mayor sensibilidad de las administraciones públicas respecto de la gestión de posibles emergencias nucleares. El problema, sin embargo, es que, de momento, toda esta preocupación no ha pasado del papel. «En Benissanet no se ha hecho nunca un simulacro de emergencia», asegura el alcalde del municipio de la Ribera d'Ebre, Xavier Arbó. Además, reconoce: «Yo no sé dónde tendría que dirigir a los vecinos si hay una emergencia».

Esenciales para garantizar una posible evacuación, las actuales infraestructuras –viarias y ferroviarias- chirrían por sus carencias y deficiencias. Del mismo Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona (PENTA) emanan obras como la construcción de un puente sobre el río, en Riba-roja d'Ebre, que conduce a una pista rural sin asfaltar. O la de una carretera -en construcción en estos momentos- para evacuar hacia el sur a los vecinos de l'Ametlla de Mar, paralela en la autopista AP-7, que desemboca en un camino vecinal del Perelló. Salvador ha citado también la situación de la red ferroviaria, con tramos de vía en la zona de la Ribera d'Ebre y el Priorat donde los convoyes no pueden superar los 30 kilómetros por hora. «Tanto en infraestructuras viarias, ferrocarril, cómo telecomunicaciones, no estamos a la altura en una zona nuclear», sintetiza Salvadó.

Peligro a un radio de 20 kilómetros

Las carencias denunciadas, sin embargo, afectan al fondo pero también la forma como se estructuran las mismas disposiciones. Los planes de emergencia establecían una zona I de medidas de protección urgentes dentro del radio de 10 kilómetros de cada central. Estos son los únicos municipios que han estado recibiendo recursos económicos y materiales de protección civil con «convocatorias de subvenciones de recursos escasos», apunta la moción de ERC. Pero fuera de esta distancia, a pesar del reconocimiento zona II de medidas de larga duración, en los municipios en un radio entre los 10 y 30 kilómetros –donde se incluirían ciudades como Reus-, los recursos han sido prácticamente inexistentes. Así lo corrobora el alcalde de la Granadella, en las Garrigues: «Los que estamos en el segundo cinturón de la distancia de Ascó, tenemos recursos cero. Nos han dado de 2 a 3.000 euros, con unas carreteras del Tercer Mundo, en las cuales, si hay emergencia nuclear, no podemos ni sabemos cómo tenemos que evacuar a esta gente, qué protocolos tenemos que seguir con el famoso plan PENTA de los años 80, sólo actualizamos con los teléfonos que nos van cambiando en los ayuntamientos».

Uno de los efectos del caso Fukushima, precisamente, ha sido la constatación de que la zona más afectada por un accidente nuclear es la que se extiende en un radio de 20 kilómetros, el doble de la zona de seguridad prioritaria actual. Después de que las autoridades japonesas rehicieran sus propios planes, la Unión Europea adoptó las lecciones aprendidas de este caso en la llamada directiva Euratom. En este sentido, la propuesta de los republicanos, no sólo pide que se invierta inmediatamente esta normativa al ordenamiento jurídico español, sino que el gobierno español actúe en la línea de crear una subzona II A, los municipios situados en un radio entre los 10 y los 20 kilómetros de cada planta atómica, para que puedan disponer de mecanismo de planificación y recursos para situaciones de emergencia como los que disponen los incluidas en el área prioritaria más próxima.

Esta reformulación tendría que suponer, pues, la aportación pública de recursos adicionales para cubrir un total 46 municipios de las Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona y Ponent situados a menos de 20 kilómetros de las centrales mejorando aspectos como la cobertura de telefonía móvil, la supervisión de los planes de emergencias y las actuaciones en infraestructuras para implementar las necesidades pendientes y futuras. Los republicanos, además, piden que una auditoría externa a cargo de un organismo internacional evalúe los riesgos de las centrales nucleares estatales y sus planes de emergencia. Salvador también ha invitado al presidente del CSN y los dirigentes del gobierno español a visitar las Terres de l'Ebre para conocer de primera mano y sobre el terreno estas deficiencias.