El proyecto Castor costará 96,38 MEUR a los consumidores de gas del Estado español este 2017

Los consumidores de gas del Estado español tendrán que asumir con sus facturas de este 2017 el pago de 96.383.024 euros para sufragar la indemnización en la empresa promotora y el mantenimiento del fracasado proyecto Castor. Con las instalaciones hibernadas y a la espera de que el gobierno español tome una decisión previsiblemente definitiva sobre su futuro, el recibo del gas vuelve a incluir –después de la primera consignación el pasado 2016- una partida millonaria para devolver el crédito bancario suscrito por Enagás a cuenta de los derechos de cobro a lo largo de 30 años después de que el ejecutivo del PP aprobara por decreto el pago una indemnización de 1.350 millones de euros en Escal UGS. La partida, que figura en el orden del Ministerio de Energía publicada en el BOE a finales del año pasado estableciendo los peajes y cánones del sistema gasista para este año, asciende exactamente a 80.664.725 euros. A esta cifra se le tienen que sumar los 15.781.229 euros que recibirá Enagás Transporte para los «costes provisionales de operación y mantenimiento» de las instalaciones hibernadas este 2017. Una cifra muy próxima a los 17,70 millones que cuesta el mantenimiento del único almacén de gas submarino operativo al Estado español, el de Gaviota, en el País Vasco.

Bajo el epígrafe del artículo 7, «Reconocimiento retribuciones de conformidad con el Real Decreto-ley de 13/2014 de 3 de octubre», y prácticamente sin hacer ninguna referencia explícita a la denominación «proyecto Castor» a lo largo de toda la orden, el Ministerio de Energía reconoce el pago de los cerca de 80,66 millones de euros «a los titulares del derecho de cobro con cargo al sistema gasista». Detrás de esta críptica presentación se esconde la aprobación de la segunda anualidad para amortizar el crédito contraído por Enagás con Banco de Santader, Caixabank y Bankia que permitió Escal UGS cobrar en poco más de uno más los 1.350 millones de euros de la indemnización aprobada por el gobierno del PP en octubre de 2014. La cifra consignada por este capítulo en el 2017 es exactamente la misma que la de la primera anualidad del año pasado: 80,66 millones de euros.

Junto con esta partida, y siempre de acuerdo con el mismo decreto, el Ministerio de Energía reconoce como «costes provisionales de operación y mantenimiento» para este 2017 un total de 15,72 millones de euros a la sociedad Enagás Transporte, la encargada de implementar estas tareas. Unos costes que, según la orden, se tendrán que justificar «con la correspondiente auditoría y se determinarán con carácter definitivo por orden del Ministerio». La cifra es también clavada en la aprobada por el pasado 2016. Aunque el gobierno español había dejado caer, después de asumir 17 millones de euros para la hibernación de las instalaciones, que el mantenimiento no resultaría tan costoso, la cifra se mantiene casi en términos muchos similares. El coste de mantener cerrado e hibernado el proyecto Castor es, incluso, prácticamente equiparable al del único almacén de gas submarino en funcionamiento en el Estado español, el de Gaviota, en la costa del País Vasco. Según consta a la orden publicada al BOE, su coste provisional de mantenimiento para el año 2017 será de 17,70 millones de euros. Los almacenes subterráneos terrestres de Serrablo y Yela, supondrán 7,77 y 4 millones respectivamente.

Así pues, la cifra se fuerza similar en la prevista en el primer año de amortización del crédito, el pasado 2016, cuando el entonces Ministerio de Industria acordó destinar 101 millones de euros para la factura del gas a financiar el agujero dejado por un proyecto que llegó causar más de 1.000 terremotos después de las pruebas de inyección en septiembre de 2013. La principal diferencia, respecto del 2017, era la inclusión de una partida de 4,56 millones de euros en Escal UGS más por el mantenimiento de las instalaciones entre octubre y noviembre de 2014, cuando Enagás se hizo cargo de las instalaciones. Según anunció el mismo gobierno español en octubre de 2014, en el momento de la aprobación del decreto, el Castor tendría un coste de unos 100 millones al año a lo largo de tres décadas. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, calculó, sin embargo, que en total, incluyendo la operación financiera y los correspondientes intereses que podrían crecer a medida que se agota el tiempo de la amortización, el bulto podría acabar superando de largo los 4.700 millones de euros. El ejecutivo del PP en ningún momento ha detallado o afianzado sus cálculos iniciales, como tampoco ha desmentido los proyecciones de l'OCU.

A la espera de que el gobierno español tome una decisión sobre el futuro del proyecto Castor –el Massachusetts Institute of Technology tenía que entregar un informe al respecto a Enagás el pasado mes de noviembre pero todavía se desconoce si se ha entregado o su contenido- la empresa que promovió el almacén de gas submarino, Escal UGS –en manos, mayoritariamente, del grupo ACS de Florentino Pérez- ha percibido ya más de 1.760 millones de euros después de renunciar al proyecto. Además de los 1.350 millones de euros de la indemnización, y los 110 a cuenta que había recibido hasta 2012, el gobierno español en funciones autorizó el pago de 295 más por la retribución entre julio de este año y la extinción de la concesión a finales de 2014 que supuso la extinción de la concesión, aparte de los 4,56 millones de euros ya mencionados de 2014 en concepto de mantenimiento.

«Vergüenza» en tiempo de pobreza energética

«Los únicos en los que se ha favorecido es a la empresa responsable de esta negligencia», subraya la portavoz de la Plataforma Ciudadana en defensa de las Terres del Sénia, Cristina Reverter. La entidad, que ha denunciado la indemnización a las instituciones europeas –como ha hecho la patronal Cecot o la misma Generalitat ha llevado ante el Tribunal Suprem- considera una «vergüenza» la nueva orden de peajes y cánones del sistema gasista. Especialmente, en un momento socialmente delicado para muchas personas. «Realmente es muy injusto es que muchas familias, en pleno invierno, estén en situación de pobreza energética, que quieren no pueden pagar la luz, que se los corta el suministro y se las desahucia, y estemos escondiendo bajo del mar muchos millones de euros. Muchos representantes políticos lo ven como normal, porque es un sobrecoste que se tiene que pagar ya que alguien a su día hizo mal las cosas. Pero lo peor es que lo consideren normal: eso no puede pasar en un estado democrático, como nos llenamos la boca», ha argumentado Reverter.

Un proyecto, recuerdan, «mal hecho de inicio, lleno de errores y con un impacto sin precedentes» en el territorio que los ciudadanos siguen pagando, a pesar de encontrarse inacabado, hibernado y no tener utilidad. La similitud de los costes de mantenimiento con el almacén de Gaviota les resulta, en este sentido, flagrante. «A diferencia de Gaviota, Castor no funciona ni presta ningún servicio a los usuarios y, por lo tanto, dudamos mucho de la aplicación de una tarifa por un servicio que no se presta. Es un proyecto hibernado, no funcional. No sabemos hasta qué punto eso es legalmente es aceptable, porque genera unos sobrecostes que los consumidores no autorizaron con sus compañías de gas. Europa ya dijo va unos meses que su gestión había sido desastrosa. No es aceptable llegar al siglo XXI pagando por un servicio fantasma», ha cerrado Reverter.