Valoran en 7 MEUR los perjuicios que la quiebra ha causado a los impositores y a la Cooperativa de l'Aldea

La quiebra de la Cooperativa de l'Aldea ocasionó unos perjuicios de 7,02 millones de euros tanto a los impositores como a la misma entidad. Esta es la valoración que el nuevo titular del juzgado número 1 de Tortosa ha incluido en el nuevo auto de inicio del procedimiento abreviado, previo a la apertura del juicio oral. El instructor ha reformulado los argumentos de su antecesora, tal como le reclamó la Audiencia de Tarragona el pasado julio, y mantiene las acusaciones contra los dieciséis investigados en el proceso. El nuevo texto desgrana los indicios penales, delimita responsabilidades e identifica perjudicados en dos ámbitos de actuación supuestamente delictiva. Por una parte, el falseamiento de la contabilidad de la Cooperativa y la sección de crédito. De la otra, la actuación en torno a la antigua Caja Madrid, actual Bankia, con la pignoración de los depósitos y el bloqueo de cuentas.

Han pasado más de seis meses desde que la Audiencia de Tarragona tumbó el primer intento de la entonces jueza de Tortosa de acelerar el procedimiento y hacer vía hacia el juicio oral. Con una inusual dureza, la instancia provincial –que también excluyó del caso a la mujer y los dos hijos del principal investigado, el exgerente Daniel Ferré- aceptó parcialmente los recursos de diversos investigados anulando el primer auto y exigiendo que se repusiera desde el principio motivando los hechos y concretando las implicaciones con una mayor precisión. La decisión causó una considerable decepción entre los afectados y los nuevos gestores de la misma Cooperativa, dado que suponía un nuevo tropiezo dentro del largo y complejo procedimiento que tendría que aclarar responsabilidades y, eventualmente, que poder exigir y recuperar los cerca de 4,47 millones de euros en ahorros que todavía se encuentran entrampados.

Ahora, sin embargo, el nuevo instructor del caso va todavía más allá cifrando con cantidades concretas los daños causados por la quiebra, tanto para los impositores como para la misma entidad. Son en total 7,02 millones de euros. Una cifra que recoge, tanto las operaciones contables fraudulentas para enmascarar los resultados de la entidad por parte de los antiguos gestores y taparlos con los recursos de los impositores –unos 1,9 millones de euros de perjuicio, según la misma Cooperativa-, así como la pignoración de los ahorros de los socios con Bankia –que entidad e impositores calculan en 1,64 millones de euros-, así como el bloqueo de cuentas de Bankia -3,01 millones de euros. En este ámbito también se tienen que añadir los 467.000 euros que la Cooperativa pagó a los socios con las cuentas bloqueadas, o los cerca de 5.400 euros que el Ayuntamiento de l'Aldea destinó a ayudar a algunas de las familias afectadas.

Constata el juez la existencia de «indicios racionales de criminalidad» en la actuación de los dieciséis investigados en estos ámbitos mencionados. Concretamente, con respecto a supuestos delito societario, falsedad documental, insolvencia punible, cobro indebido de subvenciones y apropiación indebida. Aparte del mencionado exgerente, Daniel Ferré –el único al que se imputan todos estos supuestos delitos-, continúan en el procedimiento como investigados el excontable Mercè Benito; el expresidente de la entidad, Fernando Falcó; el exsecretario, José Benito; el extesorero, Juan Gilabert; los empresarios y proveedores Josu Serna, David Casas, Xavier Casas, Javier García Vivo, María Teresa Melquíades; el exdirector de la sección de crédito, Enric Sabaté; el exdirector de la oficina de Bankia d'Amposta, Manuel Fornós; la subdirectora de la misma sucursal, Mauela Buera; la misma entidad bancaria Bankia; el exauditor Juan Carlos Torres y su empresa BDO, como responsable civil subsidiaria.

Ventas ficticias y juegos contables

El auto desgrana las presuntas responsabilidades en la bancarrota en el marco de dos grandes ámbitos supuestamente delictivos. En primer lugar, respecto del falseamiento de la contabilidad de la entidad, de la cual acusa principalmente a Ferré. Relata que se registraron hasta 4,13 millones de euros en ventas ficticias a los clientes internacionales Hage International, Barniol France e Ille Rousillon, de las cuales la entidad no disponía de «constancia documental» en forma de albaranes, como tampoco las cuentas bancarios donde se habrían cobrado. Para simular una «normalidad» en la relación comercial, se registró una parte como cobradas en una cuenta genérica y el resto, 2,1 millones, quedaba como pendiente. Al mismo tiempo, se registraron compras –sin acreditar el pago bancario-, por parte de secciones internas creadas con el objetivo de explotar fincas agrícolas arrendadas, que se cancelaban contablemente en contra de la misma cuenta genérica por 4,13 millones de euros. Eso, apunta el auto, permitía reducir el efecto de las «ventas ficticias» a los clientes extranjeros en las cuentas de pérdidas y ganancias, además de permitir deducir el IVA de las compras ficticias, cerca de 159.000.

Paralelamente a estas prácticas, el instructor ha reiterado también que la entidad utilizaba un «juego contable» para incrementar de forma ficticia el importe de las inversiones efectuadas y, así, aprovechar para solicitar subvenciones en relación con estas cantidades infladas artificialmente. Lo hacía, según el auto, con la connivencia de los proveedores que, a los pocos días de haber presentado la factura, hacían efectivo a favor de la Cooperativa un abono de parte de la inversión, que no se acababa contabilizando para disminuir el valor final. El juez detalla los casos de cuatro empresas en concreto: Refrigeración Casas Ramon, por un proyecto de ampliación y mejora de la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas, facturada por 471.000 euros en el 2006 –por el cual el proveedor abonó 272.000 más IVA en la Cooperativa que no se contabilizaron adecuadamente-; Eurozon Sistemas del Ozono, SL, 489.000 euros más IVA en el 2007 por dos proyectos de sistemas de ozonización, por la cual la Cooperativa emitió una factura de 403.000 euros que contabilizó como disminución de la inversión para fallecer este importe a una cuenta interna y, así, cancelar las deudas pendientes de «ventas ficticias»; Sigma Systems SL, que facturó «de manera ficticia mediante 51 facturas falsas» trabajos a la entidad por 385.000 euros, reducidos a 182.000 gracias «sistema de facturas de abono ficticio emitidas a posteriori por el proveedor»; y Sanetub Delta, SL, que durante 2011 facturó también «de forma fícticia» mediante seis «fasles» trabajos por valor de 930.000 euros, que a partir del sistema de abonos establecido habría descender realmente hasta 81.000.

Toda esta operativa, apunta al instructor, permitió la entidad sobrevalorar el inmovilizado, aumentando de forma ficticia las facturas y el resultado anual. Unos procedimientos por los cuales apunta directamente al exgerente, Daniel Ferré, como principal responsable: en este sentido, cita las comunicaciones y correo electrónicos entre lo exgerente y el personal o responsables de los diferentes proveedores con instrucciones sobre la forma de realizar las facturas. También incluye a la contable Mercè Benito, el exdirector de la sección de Crédito, Enric Sabater; y el anterior consejo rector de la entidad. Aparte de los gestores y empleados de la entidad, el auto apunta también, en este tramo de la investigación, a la actuación del auditor Juan Carlos Torres y su empresa BDO. Según el instructor, los informes sobre las cuentas de 2008, 2009, y 2010 «de ninguna manera reflejaban la realidad económica y financiera»: «tapaban o impedían, mediante una recreación presuntamente falsa de datos y partidas financieras, contractuales y contables identificar la grave situación económica de la Cooperativa».

Patrimonio irreal

Torres no sólo no habría revisado ni verificado las cuentas, sino que aseguró haber comprobado facturas y cobros posteriores a que nunca fueron acreditados –desde la indebida contabilización del valor de un edificio dado anteriormente por la Generalitat a las supuestas ventas internacionales. Un elemento que habría resultado especialmente «distorsionando» de la «gravísima» realidad económica de la Cooperativa desde el año 2009. Por eso, el instructor considera que omitió sus «deberes calificados de verificación y revisión», permitiendo que los responsables de la entidad y sus «órganos representativos» modificaran con «operaciones ficticias» la imagen económica. La consecuencia de todo resultó nefasta para el funcionamiento de la Cooperativa y los impositores: así, los 2,54 millones de patrimonio que la entidad tenía el año 2008, según los registros contables, en realidad eran 318.000 euros. Y, en este contexto, las «fuertes tensiones de tesorería» para hacer frente a las obligaciones de la sección hortofrutícula se fueron cubriendo con recursos de la sección de crédito. El juez cree que, en aquel momento, la entidad podía haber reconocido las pérdidas e imputarlas a los socios, presentar concurso de acreedores o bien, la opción finalmente ejecutada, «huir adelante solicitando un préstamo con garantía hipotecaria».

Es a partir de este punto, precisamente, que el auto centra su análisis en torno a las relaciones de la entidad con Bankia, entonces Caja Madrid, el segundo gran ámbito presuntamente delictivo de la investigación judicial. El exgerente, Daniel Ferré, había formalizado el año 2006 un préstamo con Caja Madrid –representada por el director de la sucursal de Amposta y la subdirectora- por importe de 1,5 millones pignorando, poniendo como garantía, 750.000 euros en activos financieros –preferentes de la misma entidad financiera y valores de la sociedad Altae Banco-. A finales de 2008, la Cooperativa –previo acuerdo del Consejo Rector- hipotecó también por 1,5 millones una finca de su propiedad ofreciendo nuevamente como garantía los valores de Altae, en este caso revalorizados. Unos bienes que formaban parte de la Sección de Crédito y que, en el momento actual, pero no en el 2008, según admite el juez, la normativa impide que sean pignorados o utilizados como garantía. Pero a pesar de tener bienes pignorados desde 2006 y efectuar una nueva operación hipotecaria en el 2008, la Cooperativa nunca incluyó en las cuentas anuales anteriores a la quiebra los activos financieros pignorados como garantía, ni tampoco los inmuebles hipotecados. Tampoco lo incluyó en sus informes de BDO –Caja Madrid y Fornós no hicieron mención de su existencia en respuesta a los requerimientos anuales de la auditora-, como así lo constató la Dirección General de Política Financiera a finales de 2011.

Impositores engañados por Bankia

Esta delicada y ocultada situación financiera no acabó estallando públicamente hasta el bloqueo de cuentas a los socios e impositores de la Cooperativa. La entidad, recuerda al juez, había encargado a Caja Madrid que gestionara los servicios propios de una entidad bancaria que la Sección de Crédito, legalmente no podía llevar a cabo servicios financieros –domiciliar recibos o emitir talonarios, por ejemplo- más allá de funcionar como depósito de los fondos de los socios y concederlos créditos agrícolas. Se utilizaron dos vías. Por una parte, abriendo la Cooperativa una cuenta corriente en Caja Madrid donde cargaban todos los recibos y, posteriormente, la sección de crédito traspasaba en las diferentes cuentas de los socios. De forma paralela, muchos socios abrieron cuentas directamente a Caja Madrid, que los responsables de la oficina de Amposta -Fornós y Gilabert, en connivencia con Ferré y Sabater- vinculaban a la cuenta instrumental de la Cooperativa. Los abonos o pagos de facturas y domiciliaciones se cargaban en las cuentas a los clientes y el saldo restante iba al de la Cooperativa, que trasladaba cada noche las operaciones a sus propias cuentas, dejando los instrumentales a cero. Posteriormente se trasladaba a las cuentas internas de los socios. Subraya al instructor que, a pesar de ser tratados como clientes de la entidad financiera –recibían una libreta y talonarios con los logos-, los clientes ignoraban que, en realidad, contrataban con la Sección de Crédito.

Así, a principios de diciembre de 2011, Bankia no sólo bloqueó las cuentas de la Cooperativa, relata al instructor, sino también los que abrieron los socios «apropiándose de las cantidades allí depositadas». En total, se abstuvieron 5,84 millones de euros, de los cuales, 3,52 se encontraban en cuentas abiertos directamente por socios a la entidad financiera. La Cooperativa ha devuelto 1,54 millones y 229.000 euros, de los cuales 376.000 y 91.000, corresponden respectivamente a devoluciones de los saldos de las cuentas de Bankia. Quedan pendientes de retornar a los impositores de la Cooperativa y de la entidad financiera, 4,47 millones, 3,01 de los cuales son cantidades que se encontraban en vez de Bankia.