Informes municipales certifican que el exalcalde de Amposta no podía cobrar dietas por duplicado

El exalcalde de Amposta por CiU, Manel Ferré, investigado judicialmente por el supuesto cobro fraudulento de 23.630 euros en dietas duplicadas, no podía percibir estos gastos del Ayuntamiento al mismo tiempo que las cobraba o tenía pagadas por otros organismos públicos en los cuales participaba. Los informes solicitados en intervención y secretaría municipales por el juzgado número 2 de Amposta certifican que Ferré sólo tenía derecho a indemnizaciones por los viajes exclusivamente en el ejercicio del cargo municipal. Buena parte de las dietas duplicadas cargadas en el Ayuntamiento habían estado ya financiadas por el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC). Ferré, que todavía preside el organismo, nunca lo ha hecho representante o delegado por el Ayuntamiento. El CSC mantiene que estos recursos no fueron destinados a gastos ajenos al cargo. Así, el consistorio podría acabar reclamar el retorno de las cantidades duplicadas.

El titular del juzgado número 2 de Amposta sigue investigando el caso de las dietas e indemnizaciones cobradas por Ferré entre los años 2011 y 2014 a partir de los nuevos datos que aportan los informes requeridos al Ayuntamiento. El estudio detallado efectuado por la División de Investigación Criminal de los Mossos D'Esquadra cifró en 23.630 euros las dietas pagadas dos o tres veces por diferentes organismos en los cuales participaba. Al respecto, el informe de intervención emitido el pasado mes de junio es tajante. Recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, el exalcalde sólo podía presentar al Ayuntamiento, para su abono, los gastos realizados en concepto de desplazamientos y dietas «en el ejercicio del cargo como representante de la corporación». En ningún caso, si los gastos no estaban relacionados con esta tarea. Además, determina que no procedía cobrar los mismos gastos a diferentes administraciones o entidades una vez ya había estado compensadas. «Indemnizar es resarcir un daño y el importe no puede ser superior al gasto hecho», señala.

Aparte del CSC, el exalcalde formaba parte también de los órganos de dirección y participaba en reuniones de organismos como Sagessa/GIMSA, la Asociación Catalana de Municipios (ACM), el Instituto Català de la Salut (ICS), el Cat Salut, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y la Agencia de Salud Pública de Cataluña. El consistorio le llegó a abonar 13.828 euros en gastos que ya habían sido sufragados por alguno de estos organismos, principalmente el CSC. En el caso de los 9.800 euros restantes los habrían asumido algunos de los entes públicos mencionados. Prácticamente desde su nombramiento como presidente de este consorcio, Ferré dispuso de una tarjeta de crédito del organismo con la cual, según los Mossos, financiaba la gasolina y los costes de desplazamiento con su vehículo particular. Desde mediados de 2012, además, el ente le puso un coche a su disposición. Pero Ferré continuaba pasado dietas supuestamente duplicadas en el consistorio. Es por eso que a finales de septiembre el juez requirió en la secretaría municipal otro informe para que aclarara si Ferré participaba y se desplazaba a las reuniones del organismo en su condición de alcalde. El informe, enviado unos días después, constata que el exalcalde no fue en ningún momento autorizado por el pleno ni por ningún otro órgano del Ayuntamiento para ejercerlo. Es decir, «nunca» ostentó este cargo en representación del consistorio.

La defensa pide el archivamiento

En el momento de declarar ante el juez como investigado en el caso, Ferré admitió que percibía indemnizaciones por asistir a las reuniones de algunos de los entes mencionados, un concepto que diferenciaba de los gastos de desplazamientos para asistir «siempre» representando el consistorio. En realidad, buena parte de los cargos no emanaban de la condición semillas de alcalde de Ferré, sino de la designación por parte de su partido, CDC. A principios del pasado mes de septiembre, el abogado defensor de Ferré, Rafael Entrena, presentaba un recurso pidiendo el archivo de las diligencias a partir, entre otros, de estos argumentos. Aducía que el coche del CSC estaba en un 70% una «retribución en especie», que tributaba fiscalmente. Eso le permitía poder utilizarlo para desplazamientos personales o también «como a alcalde» para asistir a reuniones «siempre» representando el consistorio, solicitando posteriormente el cobro de las dietas, a las cuales, consideraba, tenía «derecho». El exalcalde añadía que se organizaba y compactaba los desplazamientos de acuerdo con «principios de eficiencia» y «economía de recursos». También que hubiera resultado más costoso para el consistorio acogerse en la indemnización basada en cantidades fijas.

La defensa del exalcalde culminaba el relato con las conclusiones del informe aprobado por el mismo CSC a requerimiento del juez que investiga el caso. Un documento que el organismo aprobó sin la participación de su presidente y con el cual renunciaba explícitamente a ejercer la acción penal por la cuestión de las dietas. Según este documento, Ferré no liquidó gastos «que se consideraran ajenos, desproporcionados o injustificados respecto de las funciones de presidente». También niega que se hubieran utilizado los medios de pago del ente para «gastos personales» o «vinculadas a terceras personas ajenas». «No aprecia indicios de delito ni perjuicio económico para la entidad», subraya el recurso de la defensa. Una constatación que, paradójicamente, podría acabar reforzando la reclamación del Ayuntamiento de Amposta, personado a la causa para exigir, si se confirma judicialmente el fraude, el retorno de los gastos supuestamente cobrados fraudulentamente. Y es que si Ferré tenía cubiertos correcta y legalmente los gastos para el CSC, en ningún caso podía haber reclamado y no percibido las mismas dietas otra vez por parte del consistorio.