La PDE denuncia que el pacto de Rialb abre «el grifo» para consumar el trasvase de agua del Ebro hacia Barcelona

La Plataforma en defensa del Ebro (PDE) ve constatada su histórica advertencia que el agua del Segre, principal afluente del Ebro, se acabará trasvasando a Barcelona a través del canal Segarra-Garrigues. Para la PDE, el acuerdo para abastecer agua de boca desde el pantano de Rialb a 31 municipios de la Segarra, el Urgell, la Anoia y la Conca de Barberà, es la puerta de entrada del agua de los ríos Ebro y Segre en el área metropolitana barcelonesa. Los antitransvasistes se han mostrado «indignados» con el «doble juego» del Gobierno y la «verborrea solidaria» que utiliza con las Tierras del Ebro. Por una parte, la Generalitat se implica en la lucha para el cual el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro garantice un caudal ambiental suficiente para parar la subsidencia del delta del Ebro, mientras que, por la otra, impulsa, prioriza y financia interconexiones en las cuencas internas catalanas en beneficio de las grandes urbes y en detrimento de las áreas rurales de Lérida y las Tierras del Ebro.

Manolo Tomàs, portavoz de la Plataforma en defensa del Ebro (PDE), ha asegurado que la vía de buscar el agua del Segre como alternativa para abastecer Barcelona es una estrategia que la Generalitat viene trabajando desde, como mínimo, el año 2006, y que ahora se ha «camuflado» bajo el beneficio territorial para una treintena de pueblos de Lérida y del norte de las comarcas de Tarragona con el objetivo de esquivar el conflicto que saben que encontrarán en el Ebro. «Han generado una expectativa a 31 pueblos para que se puedan conectar –en el Segarra-Garrigues- y algunos puedan suplir sus carencias de agua, y otros desarrollar planes urbanísticos concretos. Han conseguido la complicidad de 31 pueblos que aglutinan más de 70.000 personas y eso dificulta cualquier denuncia medioambiental o desde las Tierras del Ebro contra este trasvase porque supondría a una probable confrontación territorial», ha señalado el portavoz de la PDE.

Como ha explicado Tomàs, 6 de estos municipios en los cuales se llevará agua desde el embalse de Rialb pertenecen en las Cuencas Internas de Cataluña - la vertiente oriental de la red hidrográfica de Cataluña, que incluyen los ríos que nacen en el país y que finalizan el recorrido en el Mediterráneo, sin desembocar en ningún cauce intercomunitario. La PDE ha intentado evitar esta situación durante décadas al considerar que el trasvase de agua entre cuencas catalanas «rompe las fronteras hidrográficas» al país y facilita que el agua de los ríos esté siempre lista para abastecer las áreas metropolitanas, y en concreto «a un palmo de la entrada de Barcelona».

La plataforma ha advertido que este trasvase afianza los argumentos de las comunidades autónomas españolas, como Valencia, Murcia o Aragón, que reclaman el agua del Ebro y, a la vez, pueden provocar «disputas» entre comarcas en Cataluña. Como ha apuntado Manolo Tomàs, es «cuestión de tiempo» que más pueblos reclamen el agua del Segre. «El grifo está abierto y es incontrolable. La Generalitat continúa con la política transvasista de siempre», ha denunciado. ¿«De qué manera y con qué autoridad puede personarse el Gobierno a discutir la construcción de los embalses que se harán río arriba y retendrán sedimentos, si trasvasa agua del Segre a Barcelona?», ha cuestionado el portavoz de la plataforma ebrense.

La PDE considera que este «doble discurso» perjudica su lucha y su actividad en defensa del Ebro y el Delta. «Nos sitúa a la gente de las Tierras del Ebro en una problemática difícil e incómoda de hechos consumados del Gobierno, que impulsa de manera muy clara y muy descarada el trasvase del Ebro,» ha dicho Tomàs. «Por un lado nos dan golpecitos en la espalda y apoyo en la lucha de la PDE, pero en la práctica financian aquello que perjudica en el territorio. Hay cierta verborrea solidaria con el delta del el Ebro mientras que hacen todo el contrario. Una vez estas obras se materialicen, la suerte del territorio quedará más que marcada», ha sentenciado.

Desequilibrio territorial

De hecho, la crítica por el desequilibrio territorial que genera esta política hidrológica del Gobierno de la Generalitat vuelve a tomar fuerza y la PDE considera que la gente de las tierras leridanas está a punto de vivir «el engaño y la toma de pelo» que supuso el mini-trasvase del Ebro hacia Tarragona de los años 80. Indigna a la plataforma que la Generalitat impulse estos proyectos de regadío, tanto los canales Segarra-Garrigues y Xerta-Sénia como estos nuevos usos del agua de riego que esconde el acuerdo de Rialb, como «proyectos de país».

Manolo Tomàs ha defendido que «donde van los recursos va la vida» y que detrás del trasvase, también «hay un problema de organización territorial». Si los recursos van ningún área metropolitana, la vida de las comarcas de Lérida y las Tierras del Ebro se va fuera. Se crea un modelo de país desequilibrado y entendemos que si el modelo de país que se está potenciando es este, el nuevo país ignora las Tierras del Ebro», ha apuntado. Según el portavoz de la PDE, este patrón de desarrollo es una «modernización y catalanización» que consolida al modelo impulsado en los años 50 por la dictadura franquista. «Es enormemente desequilibrante y favorece intereses económicos y financieros contrarios al bienestar general de la población», ha añadido.

Planificaciones hídricas incorrectas

La Plataforma en defensa del Ebro ha recordado que la batalla de los últimos años para blindar un caudal ecológico «suficiente y necesario» en el tramo final del río Ebro tendría que ir por delante de acuerdos como el de Rialb. «Si tuviéramos el caudal y una reserva de agua para los procesos de desarrollo territorial, el debate sería otro. Pero se hace al revés. Primero se reparte el agua río arriba y después la que queda es insuficiente», ha dicho.

La PDE se ha mostrado convencida de que nos encontramos ante un nuevo caso de especulación. «Si se aplicaran las normativas europeas, poniendo primero recursos al tramo final del río, no quedarían para especular y comercializar con el agua del Segre», ha defendido a Tomàs. «La Generalitat, en diferentes etapas, ha fijado como prioritario el canal Segarra-Garrigues, y no lo hace por preocupación por el campesinado de Ponent. Si fuera así, habrían creado planes de regadíos asequibles y financiados para los cuales los campesinos pudieran conectarse y modernizar sus explotaciones agrarias y no se ha hecho», ha asegurado.

«El Gobierno no juega neto con las Tierras del Ebro. Nos bordea y nos da espacios para fotos con mensajes positivos pero prácticamente no hay nada», ha lamentado el portavoz antitrasnvasista. Tomàs ha reclamado «menos pasividad» desde las instituciones ebrenses y la implicación de algún «líder político» que ayude a complementar su trabajo.