El juez suspende de forma cautelar el derribo de 32 apartamentos ilegales en Alcanar
Veinticuatro de los treinta y dos apartamentos se vendieron a particulares, algunos cuando la licencia ya se había declarado nula y con total desconocimiento del proceso judicial que los había declarado ilegales
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El juzgado número 2 de Tarragona ha suspendido de forma cautelar el derribo de las 32 viviendas ilegales de la promotora Turov situadas en la urbanización Serramar de Alcanar, informan fuentes judiciales.
El juez ha notificado a través de una providencia la paralización del procedimiento legal de derribo mientras se estudia la petición de los vecinos, que han reclamado durante los últimos dos años la «imposibilidad legal» de ejecutar la sentencia.
En julio del 2015, después de varios recursos desestimados en las diferentes instancias judiciales competentes, y ya con dos sentencias firmes sobre la mesa, los vecinos insistieron presentando un nuevo recurso ante el contencioso administrativo de Tarragona.
«Lo que argumentábamos es que las sentencias de derribo se han dictado y afectan derechos de terceras personas a las cuales no se les ha dado a la posibilidad de defenderse», ha argumentado al abogado de los vecinos, Llorenç Cortadella, en declaraciones a Efe.
De hecho, de las 32 viviendas construidas por Turov, 24 se vendieron a particulares, algunos hasta cuando la licencia ya se había declarado nula y con total desconocimiento del proceso judicial que había declarado ilegales los apartamentos.
Desde que los vecinos pidieron la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia ha habido varios cambios de juez, lo cual ha retrasado el proceso.
«Durante todo este tiempo el juez había contestado a peticiones previas de suspensión y nos lo había denegado. Presentamos un recurso contra una de las denegaciones en que intentamos hacer entender al juez que, a nuestro juicio, le estaba dando un enfoque equivocado», explica Cortadella.
Ahora, con la suspensión cautelar, los vecinos toman un poco de aire, pero no cantan victoria: «No podemos ser demasiado optimistas, pero es un motivo para no ser pesimistas. Si el juez hubiera tenido claro que nuestra petición de imposibilidad legal de ejecución no tenía base legal, seguramente no hubiera estimado la suspensión. Una nueva negativa ya hubiera sido una derrota definitiva para nosotros», reconoce Cortadella.
«En 10 años es la primera noticia positiva que tenemos. Hasta ahora el juzgado no había atendido nuestras peticiones y el Ayuntamiento ya había hecho el concurso y estaba en fase de enviar las cartas de desalojo. El tema estaba muy adelantado», explica de su lado Xavier Martínez, presidente de la Comunidad de Vecinos.
Por su lado, el Ayuntamiento de Alcanar adjudicó este mes de febrero a la empresa Rigel Over S.L el derribo de los 32 apartamentos por un importe de 109.600,41 euros (IVA excluido).
El consistorio ha emitido hoy una nota de prensa en la cual argumenta que «de momento, se desconoce qué implicaciones tendrá esta suspensión», y añade que «apelando a la prudencia y para evitar confusiones, el Ayuntamiento no puede emitir ninguna valoración hasta que disponga de más elementos de análisis».
No obstante, el gobierno local ha querido reiterar «su apoyo a las personas afectadas».
Las viviendas se construyeron a partir de una licencia urbanística declarada nula en el 2006 por el contencioso administrativo de Tarragona, una sentencia ratificada en el 2009 por el TSJC.