Alcanar espera la sentencia de derribo de las viviendas ilegales para pagar la indemnización a Turov
El consistorio agota al plazo para abonar el resarcimiento de 1 millón de euros en la empresa promotora de las casas
Alcanar intenta ganar tiempo para evitar los derribos de las casas de Alcanar Playa
El Ayuntamiento de Alcanar ha decidido posponer unos días el pago de la indemnización a la promotora Turov por el derribo de 8 de las 32 viviendas ilegales, pendientes de destruir a la urbanización Serramar de Alcanar Platja. La compensación asciende a 1,07 millones de euros y se tenía que hacer efectiva, como máximo, el 27 de abril. Pero la sentencia de derribo de las casas se suspendió cautelarmente el pasado 15 de marzo a petición de los propietarios y el consistorio querría conocer la resolución judicial definitiva antes de hacer el resarcimiento a la empresa. Como ha defendido el alcalde de Alcanar, Alfons Montserrat, se ha priorizado «el interés general» de la población teniendo en cuenta que el pago supondrá «un impacto importante en las finanzas municipales de los próximos años».
El Ayuntamiento de Alcanar desconfía que, si hace efectivo el pago de 1,07 millones de euros a la promotora Turov, y finalmente el derribo del complejo de viviendas ilegal no se lleva a cabo, el consistorio tendría muchas dificultades para recuperar el importe. Montserrat ha reconocido que la situación «es muy complicada» y se quiere «proteger los intereses del pueblo».
Por este motivo, el Ayuntamiento de Alcanar querría contar con una resolución clara sobre el derribo antes de resarcir a Turov. Esta situación se da porque el caso está dividido en dos expedientes separados, el del derribo y el de la indemnización.
La Junta de Gobierno local de Alcanar aprobó el pasado 9 de febrero la adjudicación de las obras de derribo de los apartamentos Turov de Serramar a favor de la empresa Rigel Over por un importe de 109.600,41 euros, cumpliendo la sentencia de octubre de 2015. El derribo está suspendido desde el 15 de marzo, ya que el juez admitió una providencia en que acordaba la suspensión cautelar del derribo, tal como pedían los propietarios de las viviendas.
