El Síndic exige responsabilidades políticas por el Castor y que se compense los vecinos

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha reclamado este martes responsabilidades políticas por la crisis sísmica del 2013 provocada por la plataforma Castor, después de que la semana pasada se conocieran las conclusiones del informe encargado al Massachussetts Institute of Technology (MIT), que establece que las inyecciones de gas en el subsuelo marino causaron los terremotos. Ribó quiere saber quién es el responsable del «montaje de esconder a la opinión pública esta relación causa-efecto» y se dirigirá a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que exijan toda la información de la operación para financiar la indemnización al exconcesionario Escal UGS y del coste de mantenimiento de la plataforma. El Síndic, que se ha reunido con el grupo de expertos del Castor –un grupo creado por el propio organismo-, ha pedido que se devuelva la indemnización d'Escal UGS y que se compense a los vecinos afectados. También exige un calendario con medidas concretas y costes detallados para clausurar completamente la plataforma y sellar los pozos.

«No se vale que los responsables políticos no se vean implicados en la crisis sísmica», ha afirmado Ribó en una rueda de prensa por explicar las valoraciones que han surgido en la reunión del grupo de expertos del Castor –con colegios profesionales y asociaciones de consumidores y vecinos– y las líneas de trabajo acordadas, después de analizar las conclusiones del informe del MIT, según el cual las inyecciones de gas en el subsuelo marino durante septiembre de 2013 provocaron la crisis sísmica que desencadenó más de un millar de terremotos. Ahora bien, según el MIT, Escal UGS no podía prever estas consecuencias con «tecnología estándar».

Ribó ha destacado que, con el informe del MIT sobre la mesa, los terremotos son «perfectamente imputables» a la actividad del Castor, una atribución directa que todavía hace más clara la exigencia de responsabilidades políticas y compensaciones para los vecinos. «Es evidente que se ocultaron informaciones básicas o que se han silenciado estudios que se habrían tenido que tener en cuenta en la concesión», ha cargado. Por eso, exige responsabilidades y espera que los grupos representados en el Congreso las pidan.

Para Ribó, ni Escal UGS ni el gobierno español pueden quedar impunes de la crisis sísmica aunque el MIT «no se atreve en decir que era posible saber los efectos de inyectar gas». «¿Hay que poner en peligro, como se hizo, a tanta gente y tanto territorio para quedarnos con tecnología estándar?», ha indagado Ribó, que ha añadido: «Pero es que es peor. Tanto el Ministerio de Industria como la compañía dijeron que no había que hacer estudios sobre la posible sismicidad. Todavía es más grave».

Retorno de la indemnización y compensaciones para los vecinos

El Síndico reclama a Escal UGS –participada mayoritariamente por el grupo ACS de Florentino Pérez- que retorne la indemnización de 1.350 millones de euros (MEUR) que cobró en noviembre del 2014 por la suspensión de la actividad del Castor y que será cargada al recibo del gas de los consumidores durante 30 años, tal como prevé el decreto del gobierno español. De hecho, Ribó ha puntualizado que la indemnización «desborda» los 1.350 MEUR y que la factura final podría superar los 4.000 MEUR, ya que, según el síndico, se tienen que sumar 150 MEUR anuales como mínimo por los gastos de mantenimiento y los intereses a 30 años de la indemnización.

El Síndico exige que los vecinos afectados por los terremotos sean indemnizados y pedirá al Departamento de Empresa y Conocimiento que cree los mecanismos pertinentes para que puedan recibir las compensaciones. También se dirigirá a la Defensora del Pobre europea con el informe del MIT para que inste a la Comisión Europea a intervenir y en el Banco Europeo de Inversiones, que en su momento facilitó la primera financiación de la operación.

Calendario de clausura y un estudio de la actividad sísmica

El Síndico de Agravios ha exigido un calendario con garantías, medidas precisas y cálculos de los costs para sellar completamente las instalaciones. Aunque el Ministerio de Industria anunció que cerraría la plataforma pero insiste en que antes hay que estudiar los riesgos comparándolo con un globo que se tendría que desinflar, Ribó ha puntualizado que clausurar las instalaciones no significa necesariamente desmantelarlas, según señalan también varios expertos.

De la reunión, también ha surgido la demanda de un «estudio a fondo» de la sismicidad de la zona después de la crisis del 2013 y ha recordado que se trata de un área con equipamientos altamente sensibles, como las centrales nucleares y la petroquímica de Tarragona. Ribó ha hecho notar que hay poco conocimiento sobre actividad sísmica en Cataluña y en el estado español y que hay que estudiar los efectos de haberla provocado artificialmente.

6 de junio, próxima reunión

En el encuentro de este martes por la tarde, el Síndico ha reunido en su sede a los colegios de abogados de Barcelona; de Ambientólogos de Cataluña; de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; de Ingenieros Industriales de Cataluña y el Colegio Oficial de Geólogos; la Plataforma Ciudadana en defensa de las Tierras del Sénia; el Observatorio de la Deuda en la Globalización y la Red por la Soberanía Energética. El 6 de junio se volverán a reunir para analizar los posicionamientos y novedades que se produzcan a partir de ahora.