El juez de Vinaròs prorroga dieciocho meses más la instrucción del caso Castor

El titular del juzgado número cuatro de Vinaròs, Javier Verdeguer, ha acordado prorrogar dieciocho meses más la instrucción sobre la responsabilidad por los terremotos provocados por el proyecto Castor. En enero del pasado 2016, el mismo juzgado había declarado el caso Castor como causa compleja, alcanzando el plazo inicial de instrucción en dieciocho meses, hasta el 6 de junio de este 2017. Precisamente, el Ministerio Fiscal solicitó formalmente hace unas semanas una nueva prórroga en la instrucción de acuerdo con la actual fase procesal y la necesidad de posibles nuevas diligencias. También las acusaciones populares de la plataforma de Afectats pel Projecte Castor (APLACA) y la Associació Arca Ibérica se sumaron a la petición. Según razona el juez, la inclusión en el proceso del informe del Masschusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard sobre las causas del episodio sísmico y la necesidad de hacer la traducción íntegra para analizarlo refuerza la necesidad de la prórroga.

De acuerdo con el auto, con fecha de este 29 de mayo, la aportación de este documento es una de las razones de peso que impide cerrar la instrucción. Según reconoce, el juzgado ya ha recibido el informe «recientemente». Pero el hecho de que se encuentre redactado en inglés –sólo habría podido acceder a las conclusiones traducidas al castellano- requiere que se efectúe su traducción para «poder efectuar un análisis más profundo de los motivos que han llevado a los técnicos a la emisión del referido informe». Así, continúa, sólo a partir del «conocimiento íntegro» del documento, se podrán determinar las siguientes diligencias instructoras, las cuales podrían suponer realizar nuevas periciales para aclarar los hechos y determinar responsabilidades.

Encargado por el gobierno español –con un coste de 600.000 euros- por, supuestamente, aclarar las causas y las responsabilidades en el episodio sísmico que causó hasta más de un millar de terremotos, algunos de magnitud 4 en la escala de Richter, el informe ratifica, nuevamente, la correlación causa efecto entre las inyecciones de gas y los terremotos que ya establecieron el Instituto Geológico y Minero (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional. La gran novedad, sin embargo, es que exonera de responsabilidades la empresa exconcesionario a Escal UGS –investigada en el caso- y el mismo gobierno español –con varios funcionarios y altos cargos también imputados- con el argumento que difícilmente podían prever estas consecuencias con los «estándares» que utilizaba la industria en aquel momento. Una afirmación que ya ha sido refutada por varios expertos.

Así las cosas, la instrucción del caso Castor, de acuerdo con el nuevo auto, tendría que finalizar el 6 de diciembre de 2018, «excepto que se estime conveniente una nueva prórroga», razona Verdeguer. Él es el cuarto juez por el cual pasa el caso en el juzgado número 4 de Vinaròs, después de idas y venidas de sustitutos, así como la llegada de jueces de refuerzo para una instancia que investiga también los casos de violencia de género. El procedimiento acumula más de 13.000 hojas y una veintena de investigados que ya han pasado a declarar en los juzgados de Vinaròs –entre los cuales, altos cargos y funcionarios de los Ministerios de Agricultura, de Industria, del IGME, el consejo de administración del exconcesionario Escal UGS, su presidente Recaredo del Potro y el director técnico-, la instrucción del llamado caso Castor seguirá acumulando nuevas diligencias y actuaciones para intentar aclarar las responsabilidades detrás de la oleada sísmica causada por las inyecciones de gas en el almacén submarino. A los investigados se les imputa los supuestos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente.

El procedimiento, abierto en enero del año 2015 después de la denuncia presentada por fiscalía a raíz de los terremotos, en ningún caso entra a abordar la trama económica del proyecto ni afecta a ninguno de los ministros implicados en la tramitación. El gobierno español del PP decidió aceptar en octubre de 2014 la renuncia de la empresa y la indemnizó con 1.350 millones de euros por un almacén de gas que, según ha anunciado recientemente, nunca se ha podido poner ni se pondrá en funcionamiento por el peligro que supondría inyectar o extraer gas del subsuelo. En varios informes internos, el mismo gobierno español ha reconocido posibles prácticas irregulares en la concesión y construcción del proyecto a cargo de la constructora ACS, que controla Florentino Pérez, que se habría asignado comisiones de hasta el 17% para gestionar la obra. Las instalaciones se encuentran en estos momentos hibernadas. El coste de su mantenimiento –unos 15,7 millones anuales- y el retorno del préstamo bancario pedido por Enagás para hacer frente a la indemnización, a cargo de los peajes fijos a la tarifa del gas que pagan los consumidores, puede acabar elevando la factura del fiasco en torno a los 3.500 millones de euros.