La exconcejala de Urbanismo responde que autorizó las facturas de Eucaliptus de acuerdo con los informes técnicos

La exconcejala de Urbanismo y actual portavoz del grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Amposta, Isabel Ferré, ha defendido su actuación en la autorización de una factura de 15.000 euros a pocos días de las elecciones por una dirección de obra en la urbanización del núcleo de Eucaliptus que, finalmente, el consistorio no tendrá que pagar según una sentencia judicial. Ferré ha asegurado que actuó de acuerdo con las prescripciones de los informes técnicos municipales. «Yo no he firmado nunca nada que no esté validado por los técnicos del Ayuntamiento y siempre he sido muy escrupulosa en todo aquello que rodea mi trabajo», ha argumentado. La jefa de la oposición, en esta línea, ha exigido al alcalde Adam Tomàs, que rectifique o, en caso contrario, presentará una querella. Tomàs insinuó que el pago de la factura, supuestamente, podría haber servido para financiar irregularmente la campaña electoral de CiU.

«Se ha pasado, ha lanzado una acusación inadecuada y falsa en contra mía y la de mi partido. Quizás fue fruto de un momento de éxtasis, pero hizo una afirmación exagerada y de una gran bajeza política. Por eso le pido que se disculpe y, si no lo hace, el juez decidirá», ha declarado en una comparecencia pública para responder al alcalde. La concejala le ha dado de margen hasta el martes 13 de junio para que rectifique de forma «pública y explícita». «Adán no puede tapar los problemas con su equipo de gobierno con acusaciones personales en contra mía y de mi partido porque está creando una sombra de duda sobre una persona que no ha hecho nada ilegal», ha añadido. Una acusación, sostiene, que también pone en entredicho el trabajo «de los técnicos y la empresa».

Con la sentencia en la mano del juzgado contencioso-administrativo número 1 de Tarragona que libera el consistorio de pagar la factura que le reclamaba la ingeniería, Tomàs explicó que el equipo de gobierno de ERC paralizó el trámite de su pago después de comprobar no sólo que había sido autorizada quince días antes de las elecciones por una obra de hacía cinco años. También apuntó que el contrato preveía que sería la misma empresa adjudicataria la que se haría cargo de ejecutar todas las actuaciones complementarias de mejora en las obras de la urbanización. «O había una incompetencia muy grande o, presuntamente, conociendo el talante de la forma de financiarse de CiU, sorprende mucho que a quince días de las elecciones se plante una factura de 15.000 euros y lo apruebe la entonces concejala de Urbanismo de una obra de cinco años antes. Eso nos hace sospechar», declaró Tomàs.