Más de 250 personas participan en un juicio popular para exigir «responsabilidades» para el proyecto Castor
La iniciativa pretende revertir la actual situación de pago de «deuda ilegítima» y evitar que este tipo de «cassos corruptos» se vuelvan a repetir
Más de 250 personas han participado en el juicio popular por el Proyecto Castor que ha impulsado el Obserbatori del Deute i la Globalitzacio (ODG) para reflexionar en torno a este caso e incidir en la justicia ordinaria para revertir la actual situación de pago de «deuda ilegítimo y exigir responsabilidades sobre el desastre». Así lo han explicado los organizadores de la sesión, que ha tenido lugar en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. También ha servido para denunciar que el juicio ordinario de este caso lleva desde 2014 parado y que «no se están atendiendo las demandas de justicia de la ciudadanía». Entre los participantes en la jornada de este sábado han destacado el exdiputado y periodista David Fernández o varios miembros de la Plataforma Ciudadana en defensa de las Tierras de la Noria.
Aunque hace diez años que se inició el conflicto en torno al proyecto Castor, las heridas continúan muy abiertas y el proceso judicial no se ha resuelto. Así lo ha asegurado Blanca Vallès, miembro del Observatorio de la Deuda y la Globalización (ODG), que ha indicado que el juicio popular de este sábado se enmarca en una estrategia global de la sociedad civil que quiere hacer reflexionar sobre esta polémica.
«No habrá una vinculación directa entre el veredicto de esta sesión y la justicia ordinaria pero si podremos abrir un periodo de reflexión para poder ir a los organismos competentes y evitar que puedan volver a haber tratos como lo que se produjo en aquel caso», afirma Vallès.
En este sentido indica que el objetivo es «poder incidir para que este tipo de cassos corruptos no se vuelvan a reproducir y para evitar que las constructoras como ACS de Florentino Pérez puedan reproducir este mismo modelo», comenta. La portavoz de la entidad añade que este tipo de modelos no tienen garantías y generan un impacto social y económico que no es bueno para la sociedad.
En esta línea asegura que seguirán trabajando para revertir la situación de «deuda ilícita» que todos los ciudadanos del Estado están pagando para indemnizar con 1.700 MEUR a la constructora de Pérez. ODG ha calculado que la ciudadanía habrá pagado más de 3.420 MEUR en 30 años si se suman los intereses.