El TC anula el pago de la indemnización al exconcesionario del proyecto Castor
La sentencia apunta que no existían razones de urgencia ni necesidad para abonar 1.350 MEUR en Escal UGS y cargarles a los consumidores durante 30 años vía real decreto ley
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El pago de la indemnización de 1.350 millones de euros aprobada por el gobierno español para indemnizar al exconcesionario del proyecto Castor y la operación financiera posterior para cargar el recibo a los consumidores a lo largo de 30 años son inconstitucionales. Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) -a raíz de los recursos presentados por el Govern, el Parlament y el PSOE- ha anulado buena parte del real decreto-ley 13/2014, con el cual el ejecutivo español aprobó pretender resolver por la vía rápida la extinción de la concesión después de la renuncia presentada por Escal UGS, en manos mayoritariamente del grupo ACS. Según el texto, sin embargo, no existían «razones de urgencia y necesidad» para utilizar esta figura legislativa, que en la práctica blinda la norma y elude el procedimiento administrativo. Si bien acepta la constitucionalidad de la hibernación y la atribución del mantenimiento en Enagás delante la «compleja situación del proyecto», el TC cuestiona que el gobierno español impusiera el pago de la indemnización de forma casi inminente, con un solo pago antes de 35 días hábiles.