El gobierno español fija en 96,38MEUR el coste del Castor para el 2018 a pesar de la sentencia contraria del TC

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra la indemnización millonaria del Castor no ha frenado la publicación anual en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los cánones y peajes que el fallido almacén de gas costará a los consumidores durante el 2018. Aunque el alto tribunal califica de inconstitucional el recargo que desde hace tres años asumen los consumidores, el gobierno español prevé seguir cobrándolo de cara el próximo año para sufragar el fracasado proyecto. En total, los consumidores del gas tendrán que pagar a través de la factura 96.382.954 euros. De estos, 80.664.725 euros se pagarán «a los titulares con derecho de cobro con cargo al sistema gasista» de la indemnización del Castor, y 15.718.229 euros serán para el mantenimiento que Enagás Transporte hace de la plataforma marina y las instalaciones terrestres, cerradas e hibernadas.

El Ministerio de Energía ha publicado este miércoles en el BOE la orden ETU/1283/2017, tomada el 22 de diciembre, el día siguiente de la sentencia del TC, en la cual se establecen los peajes y los cánones asociados en el acceso a terceros de las instalaciones de gas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018. En el artículo 5 de esta orden, y en cumplimiento del artículo 5 del real decreto 13/2014, que el pasado viernes tumbó el TC, se fija en 80,66 millones de euros el recargo que supondrá este año en la factura del gas el pago de la indemnización en el exconcesionario del proyecto Castor, Escal UGS, participado mayoritariamente por ACS de Florentino Pérez.

El orden ministerial también estima que, de acuerdo con las obligaciones indicadas en el artículo 3.2 del decreto ley (este avalado por el TC), «se reconocen los costes provisionales de operación y mantenimiento para Enagás Transporte», para el año próximo y por valor de 15'71 millones de euros. Los costes reales se tendrán que justificar con una auditoría para que el Ministerio los apruebe con carácter definitivo pero las cifras venden repitiéndose casi idénticas desde que, hace tres años, cuando se empezó a cobrar estos peajes y cánones derivados de los fracasado almacén Castor. El coste del mantenimiento también se ha cuestionado en los pasado ejercicios porque es casi similar a los costes que tiene supone el mantenimiento del único almacén de gas submarino operativo en el estado español, el de Gaviota, en el País Vasco.

Desde el Observatorio de la Deuda en la Globalización y desde el Grupo Promotor del Juicio Popular al Proyecto Castor han criticado que Florentino Pérez salga «inmune, incluso de las sentencias del Tribunal Constitucional». En un comunicado, este miércoles, lamentan que «de nuevo, casi 100 millones de euros» vayan destinados al pago «de un proyecto-estafa que nunca ha entrado en funcionamiento y que ocasionó más de mil seísmos en la zona». También critican que como ya pasó en el 2016 y en el 2017, la aprobación de los peajes se haga y se publique «detrás del sigilo y la inactividad de las fechas navideñas».

El Observatorio y el Grupo del Juicio Popular también lamentan que esta orden se aprobara justo al día siguiente que el TC dio a conocer la sentencia a los recursos del PSOE, el Gobierno y el Parlamento – y después de que considerara inconstitucionales los artículos 4, 5 y 6 y el 2.2 del real decreto del Castor. «Con el mecanismo para determinar el cobro con cargo al sistema gasista suspendido, es absolutamente inaudito e inadmisible que se hayan incluido de nuevo estos importes dentro de los peajes del año entrante», han criticado. Ahora piden que se paralicen mientras se determinan las implicaciones de la sentencia y los plazos y mecanismos para su aplicación.