Tortosa y Amposta se desvinculan del grupo Sagessa

La sociedad GINSA, AIE, integrada dentro del grupo Sagessa, se desvincula definitivamente de la gestión de los hospitales de titularidad municipal de Tortosa –Santa Creu de Jesús i Clínica Terres de l'Ebre- y Amposta –Hospital Comarcal del Montsià así como los centros y servicios de la Fussmont, como la residencia de ancianos. La asamblea general de la sociedad, con representantes de todas las instituciones que la componen, ha anunciado que sus miembros llegaron a un acuerdo mutuo el pasado 27 de diciembre que autoriza la salida del accionariado. Mientras que en el caso de los centros tortosinos la desvinculación se hizo efectiva el pasado 31 de diciembre, en el caso de Amposta será este jueves, 10 de enero. Con motivo de esta salida, que supondrá «una disminución del 23%» de su facturación, GINSA anuncia en el mismo comunicado una reestructuración de la sociedad «a las necesidades actuales». Eso supondrá extinguir cinco contratos de trabajo y recolocar a 33 profesionales –la mayoría de los servicios y mantenimiento- en los diferentes centros del grupo. Actualmente, la sociedad dispone de una plantilla formada por 350 trabajadores.

De momento y para hacer efectiva la transición, GINSA ha anunciado que seguirá prestando los «servicios indispensables» durante el tiempo «estrictamente necesarios» para facilitar el traspaso y migración de sistemas que «garantice la correcta prestación de los servicios públicos de estas entidades y un proceso de desconexión progresivo y ordenado». Así lo han acordado los ayuntamientos que hasta ahora formaban parte de la sociedad en el marco de un acuerdo que ha permitido su salida «pactada, negociada y amistosa», que requería la unanimidad de todos sus miembros, según ha reconocido el alcalde de Amposta, Adam Tomàs. Donde no ha habido acuerdo, sin embargo, está en la parte proporcional del coste de la plantilla que daba apoyo a los centros y que los municipios tendrían que asumir. En este caso, ha acordado poner el caso en manos de un arbitraje. Amposta, sin embargo, ya ha anunciado que subroga una veintena de trabajadores que asumirá Fussmont así como algunos de mantenimiento –se ha ofrecido también a otros que estaban en Reus poder volver a Amposta.

Aunque el comunicado cierra haciendo patente el balance «muy positivo» del trabajo conjunto a lo largo del tiempo en el desarrollo sanitario y de la atención social, la voluntad de los ayuntamientos de Tortosa y Amposta de abandonar a la sociedad del grupo Sagessa había sido manifestada públicamente de forma previa y reiterada por los respectivos alcaldes. El de la capital del Montsià, lo adelantó en una entrevista concedida a ACN el verano del año 2016. Los escándalos judiciales y financieros en torno al conglomerado de gestión sanitaria capitaneado por el Ayuntamiento de Reus, o la destitución del director general que dejó sin gerente el centro ampostino, acabaron por deteriorar la confianza de los ayuntamientos ebrenses, titulares de los centros hospitalarios y sociosanitarios que gestionaba.

«Sagessa había tenido cierto sentido durante muchos años para desplegar un sistema social y sanitario en las Terres de l'Ebre que la Generalitat no podía organizar a su día. Pero la Generalitat tiene una estructura propia desde 2003 que ha ido creciendo, no tiene sentido que tuviéramos el centro de gestión en Reus», ha subrayado Tomàs. La proximidad, recuerda, es clave. «Empezaba a resultar pesado a pesar de la predisposición desde Reus. Queríamos más independencia de gestión e información: eso nos acaba de convencer de que tenemos que ser nosotros mismos y tenemos margen económico para la autogestión», ha añadido.

En el caso de Amposta, la sociedad prestaba servicios valorados en 1,6 millones de euros, que el consistorio está ya trabajando para asumir con la creación de una nueva estructura de compras o el sistema informático. Así pues, serán los mismos ayuntamientos los que, de momento, sigan asumiendo la gestión de los centros después de que la propuesta efectuada por el conseller de Salud destituido, Toni Comín, de crear una empresa pública territorial que lo asumiera, ante la imposibilidad jurídica que fuera el ICS directamente, no acabó de convencer a los municipios. La aplicación del artículo 155 acabó truncando posibles modificaciones o acuerdos posteriores. Tomàs, en este sentido, ha precisado que la voluntad es seguir trabajando con la Generalitat en esta misma línea, pero ha recordado la necesidad de que, como contratante de los servicios sanitarios de estos equipamientos municipales, no sólo asuma la gestión sino también el pasivo que arrastran. «Tenemos préstamos que pagamos con lo que a la Generalitat nos compra y no tiene sentido que dejamos la actividad y asumimos nosotros los préstamos. Nos gustaría que la Generalitat entrara, pero tiene que asumir los pasivos», ha cerrado.