Piden 10 años de prisión a un vecino de l'Aldea por corrupción de menores a través de Internet

Un vecino de l'Aldea (Baix Ebre) de 25 años se enfrenta a una pena de 9 años y 7 meses de prisión por varios casos de corrupción de menores ocurridos entre en junio del 2013 y en noviembre del 2014. Según el escrito de fiscalía, el chico contactó a través de las redes sociales con varios menores «con el ánimo de satisfacerse sexualmente». Se da el caso de que conocía a las víctimas por su condición de entrenador de un equipo de fútbol y árbitro de fútbol sala. El ministerio público sostiene que el procesado se hizo pasar por una chica mediante una cuenta falsa de Facebook para que, una vez ganada la confianza de los menores, «se desnudaran y le enviaran imágenes suyas, o mantuvieran con él sesiones de cibersexo a través de una web cam». Aunque el joven lo intentó con un total de siete menores, sólo dos cayeron a la trampa. Este caso de ‘grooming’ llegará a juicio el 28 de febrero en la sección segunda de la Audiencia de Tarragona.

Según el fiscal, C.P.B. interactuaba con las víctimas desde su domicilio de l'Aldea a través de la red social Facebook, del espacio virtual Ask.fm y de chats como Skype. Durante casi un año y medio, el procesado contactó con cinco chicos que entonces eran menores de edad -todos ellos nacidos los años 1998 y 1999. Con ellos inició conversaciones de cariz sexual dirigidas a conseguir que se desnudaran y le enviaran imágenes íntimas. Sin embargo, el procesado no pudo cumplir su objetivo, dado que los menores no accedieron.

Por el contrario, dos menores nacidos los años 1996 y 2000, respectivamente, sí que accedieron a sus proposiciones. Según el fiscal, los dos chicos mantuvieron conversas de carácter sexual con el procesado y, creyendo que interactuaban con una joven de una edad similar a la suya, mantuvieron sesiones de cibersexo con él. Las víctimas no descubrieron en ningún momento la identidad del otro joven, dado que sólo ellos emitían las imágenes.

Un padre alertó a los Mossos D'Esquadra

Agentes de la Unidad Central de Delitos Informáticos de los Mossos D'Esquadra detuvieron al joven el 7 de enero del 2015 y, unos días más tarde, quedó en libertad con cargos después de declarar a los juzgados. Las investigaciones arrancaron a finales de febrero del 2014, cuando un padre denunció que una chica había contactado con su hijo de quince años por Facebook para conseguir imágenes pornográficas suyas.

Los investigadores ya sospecharon desde un primer momento que la chica en cuestión podría ser en realidad un perfil falso, hecho que pudieron corroborar en abril cuando recibieron una segunda denuncia de las mismas características por otro intento a través del mismo perfil. Después de analizar la actividad del perfil, la policía identificó rasgos característicos propios de perfiles que acostumbran a estar relacionados con este tipo de delitos, en más 143 contactos agregados que serían víctimas potenciales.

Es lo que en ambientes policiales y cibernéticos se conoce como 'grooming'. El principal objetivo de los autores de este delito es conseguir imágenes de pornografía infantil producidas por los mismos menores que actúan como víctimas. Con el fin de conseguir este material utilizan engaño, manipulación y amenaza hacia los menores. En este caso, el procesado era entrenador de un equipo de fútbol base de Amposta y árbitro de fútbol sala.

Con toda la información recopilada, los Mossos detuvieron al presunto autor en su casa en l'Aldea, donde localizaron una gran cantidad de material informático susceptible de contener material pedófilo. El detenido se presentaba como Sofía Blanco y utilizaba la cuenta de Skype sofia_1995@hotmail.es.

Cerca de diez años de prisión

La fiscalía considera que los hechos son constitutivos de siete delitos de corrupción de menores, cinco de los cuales en grado de tentativa. Por cada uno de estos casos intentados, el ministerio público solicita una pena de once meses de prisión y de cinco años de libertad vigilada después del cumplimiento de la condena. Además, pide que no se pueda acercar a menos de 500 metros de las víctimas ni comunicarse con ellas durante un periodo de cuatro años.

Por cada uno de los dos delitos consumados de corrupción de menores, la fiscalía solicita una pena de dos años y medio de prisión, cinco años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de las víctimas y de comunicarse con ellas durante un periodo de seis años. El procesado se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Tarragona el 28 de febrero.